La Secretaría de la Función Pública a cargo de Irma Eréndira Sandoval, anunció que la empresa Escore Alimentos, S.A. de C.V. quedó inhabilitada para participar en procedimientos de contratación con todas las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal por un periodo de dos años y seis meses.
A través de un comunicado de prensa de la SFP, se informó que la inhabilitación se da luego de que Escore Alimentos, S.A. de C.V. presentara documentación falsa para participar en la adjudicación de la licitación pública nacional relativa a “víveres específicos, necesarios para los centros, casa hogar y campamentos”.
El pasado 8 de enero, La Silla Rota dio a conocer el caso de la empresa que fue sancionada por tráfico de influencias y conflicto de intereses que llevó a monopolizar el suministro de alimentos a diferentes dependencias del gobierno de la Ciudad de México y federal. A pesar de que este medio buscó a los directivos de la empresa para obtener una postura de ellos, no se tuvo ninguna respuesta.
La sanción fue impuesta por violación al artículo 50 de la Ley de Adquisiciones Arrendamientos y Servicios del Sector Público, fracción VII, el cual ameritan “aquellas -empresas- que presenten propuestas en una misma partida de un bien o servicio en un procedimiento de contratación que se encuentren vinculadas entre sí por algún socio o asociado común”.
Esta sanción fue emitida a través del Órgano Interno de Control (OIC) del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), en el que incluye la prohibición para que la Fiscalía General de la República y las entidades federativas contraten con dicha empresa.
Sanciona la Función Pública ?@SFP_mx? a empresa de alimentos que presentó documentación falsa. ?@GobiernoMX? https://t.co/JLSitorl86. https://t.co/pCA6xq2GQc
— Irma Eréndira Sandoval B. (@Irma_Sandoval) January 11, 2020
El Área de Responsabilidades del OIC del DIF, designado directamente por la secretaria Sandoval Ballesteros, informó a través del Diario Oficial de la Federación que dicha inhabilitación subsistirá hasta que se realice el pago correspondiente de la multa impuesta, que asciende a un millón 540 mil 200 pesos, aunque ya haya concluido el plazo de la misma, según lo establece el artículo 60 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público.
En un comunicado la secretaría señaló que esto se da “en su compromiso por fomentar políticas de Integridad Empresarial y castigar puntualmente a aquellas otras que violen la ley” y reiterando su política a de Cero Tolerancia a la corrupción e ilegalidad.
(Brenda lugo)