CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).-Una juez militar confirmó liberarán este martes cinco de abril al general Ricardo Martínez Perea, recluido desde 2013 en el penal federal de las Islas Marías.
La juez de Ejecución de Sentencias que lleva el caso notificó a los abogados del sentenciado que el militar deberá recobrar su libertad el próximo martes cinco de abril, cuando se cumplan los 15 de cárcel a los que fue sentenciado junto con dos oficiales de Caballería.
La coronela Paula María Guadalupe Trigueros Ríos, juez de Ejecución de Sanciones de la V Región Militar, instruyó al Mayor de Justicia Militar, Alberto Cortés Ríos, para que le notifique al director de la prisión federal de las Islas Marías sobre la liberación del general Martínez Perea.
El general fue acusado el septiembre de 2001 junto con el Capitán Pedro Maya Díaz y el Teniente Antonio Quevedo Guerrero de proteger las operaciones del Cártel del Golfo y de su entonces líder, Osiel Cárdenas Guillén.
Los oficiales estaban bajo las órdenes del general Martínez, quien era comandante de la Guarnición de Nuevo Laredo, Tamaulipas, en donde operaba el 21 Regimiento de Caballería.
El general y sus subalternos fueron acusados mediante un mensaje anónimo enviado vía fax desde una papelería cercana a las instalaciones de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en la Ciudad de México.
En el fax se mencionaba de manera precisa al teniente Quevedo por su nombre completo, se hacía referencia al capitán Maya de manera confusa y con el apellido incorrecto, mientras que al general nunca se le señaló en el documento que la Procuraduría General de Justicia Militar consideró prueba suficiente para consignarlos e iniciarles proceso por delitos contra la salud.
En 2003, los militares acusados fueron sentenciados a 15 años de prisión (de los cuales ya habían permanecido dos en la cárcel) por diversos delitos que se fueron diluyendo conforme ganaban amparos y recursos judiciales mientras purgaban sus condenas.
Sin embargo, durante el proceso que se desarrolló en el fuero militar, los jueces castrenses que conocieron y llevaron la causa desecharon una y otra vez los elementos de prueba más importantes que aportaron los abogados defensores.
Las primeras testimoniales de varios soldados interrogados por los agentes de la Policía Judicial Federal Militar (PJFM) habrían sido obtenidas mediante torturas y amenazas. Estos señalamientos fueron desestimados por los jueces.
Lo mismo ocurrió con los testimonios de narcotraficantes detenidos meses más tarde y a quienes se dijo que el general y los oficiales protegían, como Gilberto García Mena, El June, principal operador de Osiel Cárdenas en el municipio de Miguel Alemán, en donde Martínez Perea y su regimiento lograron más de 30 aseguramientos de droga, dinero, armas, joyas y equipo táctico entre 1999 y 2001.
El acuerdo emitido por la juez de ejecución de sentencias señala también que el general deberá permanecer cerca de la V Región Militar, para acudir al desahogo de la audiencia en la que se decidirá si se le concede el Reconocimiento de Inocencia promovido en 2013 para que la Sedena le restituya el grado militar, todos los haberes y sobre haberes (sueldo y compensaciones) no percibidos durante el tiempo dela condena y lo reconozca como acusado y sentenciado de manera injusta 15 años después.
maaz