El senador panista Roberto Gil Zuarth condenó el haber sido objeto de espionaje con el sistema Pegasus y consideró aún más grave que el hecho se haya dado cuando fungía como presidente de la Cámara Alta, uno de los Poderes de la Unión.
Anunció que presentará una denuncia ante la Procuraduría General de la República, así como ante organismos internacionales, junto con la dirigencia del PAN y sus bancadas parlamentarias.
Además, dijo que presentará una iniciativa para regular el uso de herramientas para espionaje, y para establecer sanciones penales para aquellos que las utilicen de forma ilegal.
A continuación el posicionamiento íntegro:
El día de hoy, Citizen Lab, de la Universidad de Toronto, confirmó tras un peritaje, que mi teléfono celular sí fue infectado por el malware Pegasus.
Es altamente probable que uno de los tres intentos de ataque alcanzara su objetivo y lograra infectar mi teléfono.
El ataque supone una violación a mi privacidad, a mis derechos como individuo y como mexicano. Sin embargo, reviste particular importancia que el intento de espionaje se perpetró entre el 15 y el 17 de junio del 2016, cuando ocupaba la Presidencia del Senado de la República; uno de los tres poderes de la Unión y de uno de los poderes públicos de la democracia mexicana. Momentos en los que discutíamos en la Cámara Alta, entre otras cosas, el sistema anticorrupción.
El hecho es condenable desde todos sus ángulos.
Nada justifica que un gobierno federal o local, del signo que sea, o un particular que hubiese tenido acceso de manera ilegal a cualquier sistema de espionaje, pretenda o tenga el poder de vigilar a un persona.
Es una forma de crimen organizado. Es un delito grave y debe ser castigado con prisión.
Hoy se sabe que el sistema sólo se vende a gobiernos; sabemos también que algunas dependencias federales y gobiernos locales tuvieron acceso a Pegasus.
Es un hecho que alguien distrajo recursos con los que cuenta el Estado mexicano y que deben de ser utilizados contra los criminales, no contra activistas sociales, periodistas y políticos.
He informado al Presidente del Senado de estos hechos, del resultado del peritaje, para que se defiendan los intereses y la autonomía de ese poder del Estado.
Por mi parte como ciudadano presentaré la denuncia penal ante la Procuraduría General de la República.
Como senador de la República exijo que la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional tome en sus manos el caso y solicite información puntual sobre la adquisición y uso del sistema, así como de la información que pudo haberse obtenido de la ilegal intervención.
Junto con la dirigencia y las bancadas parlamentarias del PAN, solicitaremos una investigación internacional para que quien espió termine en la cárcel.
Informo que presentaré en el próximo periodo ordinario de sesiones una iniciativa de Ley para regular y vigilar el uso de herramientas para intervenir comunicaciones, con especial énfasis en los castigos a los que serán sujetas aquellas personas que lo utilicen de forma ilegal.
En nuestra sociedad democrática, los valores asociados a las libertades individuales deben de ser defendidos por encima de todo y por encima de cualquier cosa.
México no puede ser un país en el que se persiga a adversarios y críticos.
México debe de ser un país de leyes, de libertades, un país de derechos en donde nadie tenga la posibilidad ni el poder para meterse a nuestras casas.
PGR AFIRMA QUE INVESTIGARÁ
La Procuraduría General de la República (PGR) abrió investigaciones en torno a presuntas intervenciones a las comunicaciones privadas, por lo que solicitará a las personas que han hecho señalamientos al respecto, que aporten sus equipos para efectuar el análisis forense respectivo, informó el titular de la dependencia, Raúl Cervantes Andrade.
En entrevista con Notimex, el funcionario federal explicó que existe un plan de investigación que ya se ha hecho público y que continuará en acción con la ayuda de instituciones y expertos en la materia.
El objetivo de dicha indagatoria es determinar si una o varias personas fueron afectadas en sus comunicaciones e información privada, y determinar a la o las personas responsables de dichos delitos.
Ello, advirtió Cervantes Andrade, sin importar qué personas, empresas o instituciones, sean públicas o privadas, hayan usado dichos medios para ello, fuera de los marcos establecidos por la ley.
“La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos Contra la Libertad de Expresión, reitera el compromiso de continuar la investigación de la posible comisión de los delitos de intervención de comunicaciones privadas y acceso ilícito a sistemas y equipos de informática”, puntualizó.
Con información de Notimex