El gobierno de Andrés Manuel López Obrador sigue con la política de austeridad quitando recursos a la ciencia, a través del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).
Ahora, fue el turno de las universidades públicas, las cuales ya no podrán contar con el acervo de información de organizaciones extranjeras.
A través de un comunicado, el Conacyt detalló que este servicio será suspendido porque no hay recursos para ello.
“El Conacyt ha informado que [...] no cuenta con disponibilidad presupuestaria para seguir apoyando a las Instituciones de Educación Superior del país, como beneficiarias de accesos de recursos de información en 2021”, se lee en el documento.
El consejo agregó, además, que esto se debe a las “prioridades y necesidades financieras” ocasionadas por la pandemia de covid-19.
“(La suspensión es) en cumplimiento a la política de racionalidad presupuestaria señalada por el Ejecutivo Federal, para atender las prioridades y necesidades financieras derivadas de la contingencia sanitaria de la pandemia de la Covid-19”, dice el comunicado.
El Conacyt señala que la suspensión del acervo extranjero comenzará el próximo 30 de abril del 2021.
Los 16 acervos extranjeros que el Conacyt ya no pagará son: American Mathematical Society Journals, Association for Computing Machinery Digital Library, BioOne Complete, Cambridge Journals Collection, Elsevier Science Direct Freedom Collection Journals, Elsevier Scopus, Emerald eJournals Collection y IEEE/IET Electronic Library (IEL).
Así como IOPscience extra, JAMA Journal of the American Medical Association, MathSciNet, Nature Journal, OVID Lippincott Journals Proprietary Collection, Science Journal, Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers (SPIE) Digital Library, y Wiley Full Collection Journals.
Este comunicado se ha visto desplegado en el portales oficiales de universidades públicas, como la Universidad de Guanajuato.
Se trata de una más de las polémicas decisiones del Conacyt, desde la llegada de López Obrador al gobierno y con ello el nombramiento de María Elena Álvarez-Buylla como su titular.
Como el abandono de científicos mexicanos que realizan su doctorado en Reino Unido, cuyas becas -vital para seguir estudiando- no han sido aprobadas.
O el nuevo reglamento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) que ha sido duramente cuestionado por la comunidad científica, que ha calificado las modificaciones como discriminatorias y violatorias a sus derechos.
Así como la Ley General de Humanidades, Ciencia, Tecnología e Innovación que el Conacyt envió a la Cámara de Diputados, que también ha llevado el mote de centralista y precaria por expertos.
Estas modificaciones -tanto la ley como el reglamento- destacan por quitar recursos a la ciencia, atentar la libertad de investigación a los científicos y eliminar el apoyo económico a quienes trabajan en instituciones o centros del sector privado.
Sin mencionar la eliminación de fideicomisos que deja a proyectos transexenales a la deriva.
Todo esto mientras el Conacyt -dice- se enfoca en desarrollar la vacuna mexicana contra la covid-19, “Patria”.
rgg