Main logo

Conacyt avaló estados financieros del Foro Consultivo: excoordinadores

Excoordinadores del Foro Consultivo recuerdan que el mismo Conacyt palomeó el uso presupuestal de 2018 y 2019

Escrito en NACIÓN el

Los seis excoordinadores del Foro Consultivo Científico y Tecnológico indicaron que la actual administración del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), que encabeza María Elena Álvarez-Buylla, dio visto bueno a los informes financieros que presentaron en 2018 y 2019, hecho que llama la atención, porque es la institución que presentó la denuncia contra 31 científicos ante la Fiscalía General de la República.

En un comunicado conjunto firmado por José Antonio de la Peña Mena, José Luis Fernández Zayas, Juan Pedro Laclette San Román, Gabriela Dutrénit Bielous, José Franco y Julia Tagüeña Parga, los excoordinadores se pronunciaron sobre la denuncia que existe en contra de 31 excolaboradores del Foro y del Conacyt.

En el documento señalaron que “cada año el Conacyt emitió una Constancia de conclusión técnico y financiera favorable del uso de los recursos otorgados al FCCyT. Incluso, la actual administración, por medio de la directora adjunta de Desarrollo Científico, emitió constancia favorable del uso por parte de la asociación civil de los últimos recursos otorgados para 2018 y el primer semestre de 2019.

Julia Tagüeña

 

“Todas las cuentas del FCCyT han sido presentadas ante el Conacyt en tiempo y forma. Todos los resultados de sus programas tienen evaluaciones positivas. Existe documentación probatoria de las afirmaciones aquí realizadas”, destacaron.

Esto a unos días de que se desatara la persecución en contra de los científicos, quienes son acusados de presunta delincuencia organizada, por una denuncia que interpuso la actual administración del Conacyt.

Asimismo, recordaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Foro recibió legalmente financiamiento del Conacyt desde 2002, cuando fue creado, y hasta 2019, cuando se modificó el Estatuto Orgánico del Consejo.

COMUNIDAD CIENTÍFICA PIDE QUE CONACYT DESISTA DE ACUSACIONES

En tanto, la comunidad científica sigue manifestando su apoyo a los 31 científicos investigados. La Academia de Ingeniería de México, la Academia Mexicana de Ciencias y la Academia Nacional de medicina emitieron un pronunciamiento conjunto en el que destacaron que no han percibido ningún comportamiento indebido de alguno de los ex colaboradores del Foro ni del Conacyt.

Señalaron que “si la Fiscalía General de la República sostiene que existió un acto contrario a derecho por parte de alguna de las personas acusadas, procede que presente la acusación y los elementos probatorios para que un juez conozca la causa y, respetando el principio de presunción de inocencia y las reglas del debido proceso, determine lo procedente. La acusación de delincuencia organizada es claramente desproporcionada”.

El Consejo Técnico de la Investigación Científica de la Universidad Nacional Autónoma de México también externó su preocupación y calificó de desmedida la petición de la FGR de girar órdenes de aprehensión en contra de 31 miembros de la comunidad académica.

“Lo anterior no puede más que generar un clima injustificado de desconfianza hacia el sector académico y sus instituciones, que son tan necesarias para el desarrollo y para la formación de las nuevas generaciones, con la preparación y espíritu crítico que requiere nuestro país”, indicó.

La Red ProCiencia exigió a las autoridades el inmediato desistimiento de las acusaciones penales en contra de los 31 inculpados, una explicación pública de las autoridades del Conacyt y de la FGR sobre el caso y que se transparente, ante la opinión pública, la totalidad de los elementos en que se basan las acusaciones.

Mientras que la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES)  hizo un llamado a que el Conacyt renuncie al escalamiento de denuncias penales, como delincuencia organizada, para que la FGR se desista de solicitar las órdenes de aprehensión.

Indicó que en caso de ser necesario, piden que la SCJN ejerza su capacidad de atracción para atender el caso y asegurar la constitucionalidad, el debido proceso y el respeto a los derechos humanos y civiles de los científicos y académicos involucrados.