Jacqueline Peschard, quien fuera comisionada presidenta del antes llamado Ifai, asegura que la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de eliminar al Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) es regresiva.
En entrevista con La Silla Rota, Peschard destaca los avances materiales del Instituto, que se traducen en la garantía del derecho al acceso a la información, mismo que ha ayudado a la democratización del país, después de los años 80.
“Me parece que esa propuesta es totalmente regresiva. Es una propuesta que tiene tintes autoritarios muy lamentables, producto de una concentración de poder que, sí el presidente López Obrador tiene razón, tiene una buena base de legitimidad, pero eso no lo exime de la responsabilidad de querer pasar por encima de un derecho humano reconocido en la constitución”, declara.
Peschard, quien fuera comisionada del Ifai de 2009 a 2013, recordó que el ahora Inai fue producto de un largo proceso de democratización del país, después de que se logró un hito de transición democrática, con la creación del Instituto Federal Electoral, en 1990.
En el 2000, luego del triunfo de Vicente Fox -primer presidente emanado de la oposición política-, un grupo de periodistas, académicos y representantes de la sociedad civil se unió para exigirle al gobierno de la alternancia que el ejercicio gubernamental no sólo se evaluara en cada elección presidencial, con el voto en castigo de los ciudadanos.
Lo que se conoció como el Grupo Oaxaca exigió a Fox “que no solamente hubiera gobiernos que surgieran de elecciones competitivas y transparentes; sino que esos gobiernos estuvieran vigilados por la ciudadanía. Ahí surgió la primera idea de lo que entonces se llamó Ifai”, recuerda Peschard en la entrevista.
El presidente envió una propuesta de ley al Congreso, los legisladores de la oposición hicieron lo mismo, pero ninguna cumplía, enteramente, con lo que demandaba la ciudadanía. Entonces, el Grupo Oaxaca cabildeó, directamente en la Cámara de Diputados, cada palabra y cada oración que debía contener la primera ley de acceso a la información.
“Ahora, el Inai es un organismo constitucional autónomo, lo que asegura que haya una instancia -que no pertenece al gobierno- con facultades para instruir, tanto a las dependencias gubernamentales, como a otros organismos autónomos, que entreguen información pública. Información que no es de los funcionarios que ahí laboran, sino que es de todas personas, de todos los mexicanos”, resume Peschard.
La también expresidenta del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional Anticorrupción destaca ejercicios de periodismo de investigación que han puesto a la luz casos sobre desvíos de recursos, uso indebido de funciones y hasta compra de voluntades, estando en ejercicio los gobiernos acusados de esas irregularidades.
Dos décadas después del inicio de los esfuerzos por crear el otrora Ifai, el presidente López Obrador ha sugerido que las funciones del Instituto pueden ser completadas por la Secretaría de la Función Pública (SFP), pues el organismo -según él ha dicho- representa un costo muy alto a la Hacienda Pública.
“Eso sería un total retroceso, no solo democrático, sería un retroceso en la vigilancia de la gestión pública, imaginemos un gobierno como el que estaba controlado, por décadas, por un solo partido y que no había posibilidad de que la ciudadanía tuviera acceso a la información que es su derecho conocer”, zanja Peschard ante la posibilidad.
El presidente López Obrador tendría que reformar la Constitución Política y eliminar de ella el derecho a la información; y figuras institucionales como los sindicatos, las universidades públicas y los fideicomisos, dejarían de rendir cuentas.
“Esa es la importancia del Inai, por eso sus funciones no pueden ser absorbidas por una instancia gubernamental, porque es una institución que vigila a los poderes públicos. Una instancia del gobierno vigilándose a sí mismo es ser juez y parte, además, no podría vigilar a organismos que no fueran sólo del gobierno”, reitera.
Para Jacqueline Peschard, el argumento de ahorrar no sostiene la posibilidad de borrar de un plumazo lo que a la ciudadanía le ha costado años conseguir, lo que -en sus palabras- “no fue un ejercicio fortuito del gobierno, sino una demanda ciudadana”.
“Espero que no sea así, pero esto requiere que los propios legisladores expliquen con claridad de qué se trata este derecho, no puede ser reducido a un asunto de ahorro presupuestario, hay muchas otras cosas en juego”, afirma.