El acuerdo que emitió Andrés Manuel López Obrador en el que llama a las Fuerzas Armadas a cumplir con las labores de seguridad pública sí es militarización, hecho con el que el presidente reconoce el fracaso de la Guardia Nacional, así lo asegura el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío.
Durante su participación en la mesa de análisis de El Heraldo y La Silla Rota, Cossío se dice preocupado por este fallo en el proyecto de la Guardia Nacional.
“Lo que me preocupó es que el presidente reconoce que la Guardia Nacional no alcanzó el nivel de madurez suficiente como para desempeñar completamente estas tareas de seguridad pública y, como consecuencia, asume esa autorización que le dio el Congreso para poder utilizar al Ejército y a la Marina”.
Sin embargo, el ministro en retiro sostiene que hubo varias voces que advirtieron al gobierno federal, como al Congreso, sobre las consecuencias del proyecto de la Guardia Nacional.
“Lo que tanta gente le dijo al gobierno actual, que la manera en la que estaban queriendo formar la Guardia Nacional no era un buen camino, primero porque desarticularon a la Policía Federal, aunque tenía sus problemas y virtudes, era un cuerpo razonablemente constituido; expertos dijeron que en poco tiempo no se arma un cuerpo, ni se genera la disciplina, se aprueban los exámenes de confianza, se lo dijeron y desafortunadamente se están haciendo realidad”.
José Ramón Cossío lamenta que el gobierno federal no esté cumpiendo su promesa de retirar a las Fuerzas Armadas de las calles con la creación de la Guardia Nacional y a su vez crítica que López Obrador haya prometido un cambio tan grande, como lo es la pacificación del país, en tan poco tiempo y con escasos elementos.
Para el ministro en retiro de la SCJN este decreto de va a lastimar mucho a la sociedad y a las Fuerzas Armadas.
En cuanto a lo jurídico, Cossío califica como “desafortunadamente” legal el llamado de Andrés Manuel al Ejército y la Marina.
“Nosotros teníamos una Guardia Nacional establecida en la Constitución de 1917, pero eran básicamente milicias estatales a cargo de los gobernadores, estos cuerpos nunca se desarrollaron, había un temor de que los gobernadores tuvieran una fuerza militar y desde ahí perturbar la paz de la república”, explica el ministro en retiro.
Y continúa: “Lo que sucede el 26 de marzo del 2019 es que se hace una modificación a la Constitución y se crea una nueva Guardia Nacional, que es un cuerpo de policía civil con un carácter militarizado, no militar, en cuanto a su disciplina y jerarquías, para realizar las labores de seguridad pública que había estado haciendo la Policía Federal”.
José Ramón Cossío detalla que, de acuerdo con el Artículo 5 de la Constitución, el presidente tiene a su cargo a las Fuerzas Armadas y podrá, conforme a ciertos lineamientos, utilizarlas para efectos de seguridad pública. Eso sí, recalca que es decisión del mandatario federal, lo puede no hacer si así lo prefuere.
“Si se trata de una militarización, porque las Fuerzas Armadas no estaban con una autorización tan clara y tan general como la que ahora tienen para ser funciones estrictamente de policías en las calles [..] Van a realizar las funciones que tienen la Guardia Nacional, si no es militarización que el Ejército y la Marina hagan labores de policía entonces muy difícil le vamos a poder encontrar significado a esta palabra”.
Por otra parte, Cossío no ve en la invalidación de la llamada “Ley Bonilla” un estándar para medir la independencia de la SCJN, pues “no era un caso complicado”.
El ministro en retiro precisó que la determinación de inconstitucionalidad de la ampliación de dos a cinco años el gobierno de Jaime Bonilla en Baja California fue con base a una decisión de la SCJN en 2007.
En aquella ocasión, relata, se quiso ampliar los años de mandato del gobernador antes de las elecciones, entonces, dice, si era inconstitucional ampliar los años de gobierno cuando aún no era escogido el gobernador, más lo es ampliar el plazo del periodo gubernamental cuando ya está electo el mandatario.
Para medir la independencia de la Suprema Corte, el ministro en retiro dice que se verá cuando analicen otras controversias que están más pegadas a la agenda del gobierno federal como la propia Guardia Nacional, la reducción de salarios en los trabajadores del Estado y demás temas de competencia económica.
Cossío ve nerviosismo o tensión en el gobierno federal, luego del “patinon” que hubo por un decreto del Consejo General de Salubridad (CGS), mismo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por parte de la Secretaría de Gobernación (Segob) cuando era competencia de la Secretaría de Salud.
“Mi impresión es que alguien se precipitó en el gobierno federal, le pidieron al CGS que emitiera recomendaciones, éste los envió a la Segob para publicarlas en el DOF, se publicaron y alguien les dijo que era competencia de la Secretaría de Salud, retiraron el acuerdo en una forma muy desaseada y hoy las publican de nuevo, pero ya la Secretaría de Salud”.
En cuanto a la reforma de ley federal de presupuesto y responsabilidad hacendaria que lanzó Andrés Manuel López Obrador, en la que básicamente se eliminaba la facultad de la Cámara de Diputados para determinar el destino del erario, el ministro en retiro dice que no era una buena medida, misma que calificó como peligrosa.
“La solución me parece peligrosa porque lo que se decía es en ciertos casos tómese todo el dinero de la administración pública transfierase a la Secretaría de Hacienda y que el presidente ordene y suministre esos gastos de acuerdo a lo que él le parezca”.
Al respecto, el ministro en retiro dice que históricamente el presidente tiene la posibilidad de mover distintos rubros de presupuesto para enfrentar contingencia, eso se ha hecho a lo largo del tiempo.
Sobre si el constante uso de decretos por parte del presidente nos acerca a una condición dictatorial, Cossío lo rechaza, dice que son parte del ritmo ordinario de una administración pública que tiene que ajustar los gastos con relación a los ingresos.
Para el ministro en retiro, la pandemia de covid-19 va traer una cascada de denuncias y demás asuntos legales que atender.
“Covid es una epidemia que nunca habíamos tenido, no sólo por el virus, sino porque es la primer vez que la humanidad se encierra para evitar contagios, eso significa muchas cosas, contratos que se dejaron de cumplir, violencia intrafamiliar, pensiones alimenticias, una enorme cantidad de fenómenos”, explica Cossío.
Y continúa: “por otro lado, creo que por falta de una acción sanitaria desde la Federación, muchos gobiernos locales han tomado decisiones de gobierno y alguna de ellas, me parece, tiene problemas de constitucionalidad como los toques de queda, detenciones, la prohibición de trabajar a ciertos sectores, va a venir una época muy importante de litigios”.