Uno de los organismos dependientes de la Secretaría de Hacienda, en el tiempo en que el titular era José Antonio Meade, actual candidato presidencial del PRI, decidió no denunciar al ex gobernador de Chihuahua, César Duarte, pues llegó a la conclusión de que no cometió delito alguno. Esta acción llegó a la PGR a archivar el caso de lavado en contra del ex mandatario en 2017.
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De acuerdo a datos de Reforma, el 16 de febrero de 2017, Ángel Salvador Vargas Mitre, director de Procesos Legales "A" de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), informó a la Procuraduría que no presentaría una denuncia contra Duarte ya que no halló indicios de que su dinero tuviera un origen ilícito.
“A consideración de esta UIF, hasta este momento no se cuenta con elementos suficientes para formular la denuncia a que alude el párrafo IV del artículo 400 Bis del Código penal federal (delito de lavado), pues las constancias que obran en la indagatoria de mérito -a nuestra consideración- no resultan suficientes (...) hasta el momento no se advierte que los recursos a que se hace referencia procedan o representen el producto de una actividad ilícita”, se detalla en el oficio 110/F/A/621/2017 que cita Reforma.
Cuando lo anterior sucedió, la UIF tenía como titular a Alberto Bazbaz Sacal, quien ahora es quien dirige el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) y quien fue Procurador del Estado de México en el mandato de Enrique Peña Nieto.
En la averiguación previa PGR/UEAF/001/2014-09, archivada el pasado 13 de marzo, también citada por Reforma, se precisa que César Duarte era indagado por adquirir con dinero supuestamente ilícito el 15 por ciento de las acciones del Banco Progreso Chihuahua, por un monto de 65 millones de pesos.
Por otra parte, peritos de la PGR aseguraron en un dictamen que la compra de acciones del banco no se hizo con dinero sucio, ya que los 40 millones de pesos provenían de diversos negocios que Duarte realizó antes de ser gobernador, mientras que otros 25 millones los obtuvo con un préstamo.
La línea de investigación que seguían las autoridades federales era que el sueldo de César Duarte como gobernador era de 120 mil 245 pesos mensuales, lo que no alcanzaba para hacer adquirido las acciones del banco, por lo que se presumía la compra la hizo a través del enriquecimiento ilícito, el delito previo al lavado.
Debido a lo anterior, la PGR solicitó a la UIF, el Servicio de Administración Tributaria y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, todas dependientes de la Secretaría de Hacienda, una revisión sobre el patrimonio y las cuentas de Duarte. Dichas instancias determinaron que no el ex mandatario estaba limpio.
Ante este diagnóstico, la PGR explicó que entre 2010 y 2013 el ex gobernador acumuló 72 millones 748 mil 396 pesos en depósitos y aportaciones.
Estos recursos se dividen de la siguiente forma: 4 millones 720 mil 796 pesos por pago de nómina, 2 millones 865 mil 180 por pagos de tarjetas de crédito, 65 millones por la aportación relacionada con el Banco Progreso Chihuahua y 162 mil 420 pesos por pago de comisión por el manejo del fideicomiso al que estaba ligada la institución bancaria.
“El ingreso total de César Horacio Duarte Jáquez como servidor público declarado en sus patrimoniales, en el periodo de octubre de 2010 a agosto de 2013, asciende a 5 millones 446 mil 681 pesos, importe que resulta menor al total de ingresos declarados ante el SAT por sueldos y salarios”, se precisa en el documento.
lrc