Con el caso de Emilio Lozoya se pondrá a prueba la determinación de este gobierno de combatir la corrupción, apuntó la presidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA), Rosa María Cruz Lesbros, al destacar la necesidad de que en el proceso en contra del ex director de Pemex no se caiga en la tentación de sacar provecho político; por el contrario, se busque la verdad jurídica y se consiga el resarcimiento del daño con la recuperación de los activos.
En entrevista con La Silla Rota, la también consultora del Banco Mundial en Normas de Contabilidad Gubernamental subrayó que debe prevalecer la transparencia en el proceso contra Lozoya, lo cual implica que todas las audiencias sean públicas, y que la Fiscalía General de la República pruebe que es una entidad autónoma, independiente del poder Ejecutivo.
DEBE PREVALECER LA VERDAD JURÍDICA Y LA SEGURIDAD PROCESAL
Al enumerar los factores que deben prevalecer en este juicio contra el colaborador del expresidente Enrique Peña Nieto, dijo que desde el Comité de Participación Ciudadana se hace un llamado a que no se saque provecho político del caso sino que se aborde desde los ámbitos técnicos y jurídicos.
“Es el tema donde se va a ver como se combatirá la corrupción en este gobierno, si de verdad se buscará la verdad jurídica, la seguridad procesal y si se procurará el resarcimiento de los daños y la recuperación de los activos en un lapso razonable, lo cual generaría una gran confianza. Que de verdad se devuelva al pueblo lo robado”, enfatizó.
LA FISCALÍA GENERAL DEBE PROBAR SU AUTONOMÍA
Cruz Lesbros, quien fue la contralora en la Comisión de Derechos Humanos del entonces Distrito Federal en varias administraciones, destacó que otro de los aspectos que se debe buscar es que se demuestre la autonomía de la Fiscalía General de la República.
“La Fiscalía debe aislarse de lo político y debe probar que tiene un actuar autónomo, que se desvincule del Ejecutivo y que permita lograr justicia”.
Agregó que el proceso que se le sigue a Lozoya debe ser público, como lo establece el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. “Hoy, que fue la primera audiencia, no fue pública, y no por el hecho de que el inculpado esté en un hospital no hay formas de que se pueda hacerla pública”.
CASOS COMO EL LOZOYA NO PUEDEN REPETIRSE YA
Hizo hincapié que las investigaciones que se están llevando a cabo deben descubrir fehacientemente cómo fue posible que se cometieran los actos de corrupción que se le imputan, a fin de que se tomen las medidas necesarias para evitar que se repitan.
Tomar en cuenta estas consideraciones, dijo, es la apuesta del Sistema Nacional Anticorrupción.
Cruz Lesbros informó que de ser aprobado por el Comité de Participación Ciudadana que encabeza, se podrá proponer al Comité Coordinador del SNA que el de Lozoya sea un caso emblemático para que las 6 entidades del Estado mexicano que lo conforman hagan un seguimiento puntual del asunto desde sus distintas responsabilidades: la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, el INAI, el Consejo de Judicatura y la Fiscalía General de la República.