Con el apoyo de dos senadores de Morena, el bloque de contención en el Senado -integrado por PAN, PRI y PRD- presentó una solicitud de consulta popular para preguntar a la ciudadanía si desean obtener un ingreso básico universal, en caso de una crisis económica, como la derivada por la covid-19.
La senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, fue quien presentó la solicitud, ayer antes del mediodía, ante la Mesa Directiva del Senado, apoyada por 43 legisladores, el mínimo que reconoce la Constitución para poder presentarla ante el Poder Judicial.
Con las firmas de Armando Guadiana y Ricardo Ahued, ambos senadores de Morena, y el apoyo del senador Juan Zepeda, de Movimiento Ciudadano, las fracciones del PAN, PRI y PRD consiguieron reunir el requisito.
La última reforma al artículo 35 de la Constitución Política establece que los legisladores pueden presentar una solicitud de consulta popular, sólo se reúnen el apoyo del 33% del pleno, que para el caso del Senado representa 43 legisladores del total de 128.
La pregunta que los senadores plantearon para una consulta popular, a realizarse el próximo año, es: “¿Está usted de acuerdo en que el gobierno federal otorgue un apoyo económico a las trabajadoras y trabajadores formales e informales que pierdan su trabajo o disminuyan sus ingresos con motivo de crisis económicas por las que atraviese el país, como la originada por la contingencia sanitaria del Covid-19?”.
En el documento entregado a la Mesa Directiva se señala que el ingreso básico universal “ha sido una propuesta constante de diversos grupos parlamentarios, académicos, expertos, sociedad civil y organismos internacionales, al presentar una alternativa de apoyo a los mexicanos durante la contingencia”.
Y es que, al menos el PAN y Movimiento Ciudadano, han apoyado la propuesta de generar un ingreso básico universal y un ingreso mínimo vital, respectivamente, con el fin de que los trabajadores informales y que hayan perdido su empleo a causa de una crisis económica, no padezcan infortunios en sus finanzas.
Algunos senadores del PAN han difundido mensajes en donde destacan la “diferencia” entre las solicitudes presentadas por Morena y el presidente Andrés Manuel López Obrador, para realizar una consulta sobre juicio a expresidentes y la de ellos sobre el ingreso mínimo.
Una de ellas fue la senadora Kenia López, quien aseguró que “mientras López Obrador quiere preguntar si se aplica o no la ley, 43 senadores preguntamos lo que sí le importa a los mexicanos”.
De los senadores firmantes, son 25 del PAN, 13 del PRI, 3 del PRD, dos de Morena y uno de MC.
Mientras AMLO quiere preguntar si se aplica o no la Ley...
Nosotros 43 senadores (plurales) preguntamos LO QUE SÍ LE IMPORTA A LOS MEXICANOS:
¿Quieres que se apoye con dinero a quienes han disminuido sus ingresos o han perdido su trabajo por el Covid19?
Abro hilo pic.twitter.com/pa7nvlGlcD— Kenia López Rabadán (@kenialopezr) September 16, 2020
El peligro de las consultas
El investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Miguel Carbonell, ha señalado que las famosas consultas ciudadanas del presidente pueden ser un peligro que favorece la impunidad.
En su columna en El Universal, Carbonell pone sobre la mesa este peligro con el caso del enjuiciamiento a los expresidentes.
“Quizá el presidente piense que el resultado previsible de la consulta será en sentido afirmativo a la pregunta a efecto de que se proceda a investigar y juzgar a los presidentes, ¿pero qué pasaría si no se obtiene ese resultado? ¿Se imagina el lector el mensaje de impunidad que se podría estar planteando en caso de que la mayoría de los ciudadanos diga que NO se les debe investigar?”
Miguel sugiere que este escenario daría una especie de “fuero de facto” para los presidentes y las autoridades competentes se inhibirían de realizar investigaciones sobre esas personas.
El investigador de la UNAM también señala la clara inconstitucionalidad de la consulta.
“Consultar sobre una facultad que está claramente regulada en la ley supone un dispendio de recursos económicos que también estaría violando la Constitución“.
Carbones señala que la pregunta es abstracta, pues no se señala exactamente qué delitos se les podría investigar, o qué conductas serían tomadas en cuenta.
“Poner en el mismo saco a Salinas de Gortari, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto es confuso para cualquier ciudadano, ya que habría que detallar con más precisión cuál es la materia exacta de la conducta”.
También la inexactitud del tiempo, pues se pregunta investigarlos “antes, durante y después” de su ejercicio del cargo.
“¿Se imaginan que las autoridades deban investigar lo que hicieron Salinas de Gortari o Fox cuando fueron adolescentes, para ver si no cometieron algún delito, o lo que ha hecho Ernesto Zedillo durante todos los años en los que ha vivido y trabajado como profesor de la Universidad de Yale, en New Haven?”.
Para el investigador de la UNAM, la aplicación de la ley penal no debe estar sometida a la voluntad popular.
“No es un tema menor, sobre el que se puede estar jugando. Si existen pruebas para acusar a alguien de un delito, se deben presentar sin demora ante las autoridades competentes”.
De forma contraproducente, Miguel Carbonell dice que la falta de denuncia por parte de quienes actualmente gobiernan, podría acarrearles sanciones administrativas o penales a ellos mismos.
En conclusión, la consulta no es viable y debe ser rechazada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
rgg