Activistas y habitantes de comunidades aledañas a la construcción del Nuevo Aeropuerto han enfrentado interrupciones en sus asambleas con golpes y disparos al aire, un saldo de 13 heridos, el homicidio de un opositor y la acusación contra habitantes de Tizayuca de “extorsionar” a personal de una empresa que perfora el cerro.
Derivado de las amenazas, ellos aseguran que asesinaron a un ingeniero y crecieron las solicitudes de protección a activistas. Hace tres semanas, al ingeniero Jesús Javier Ramos Arreola, opositor de la construcción del NAICM, lo mataron afuera de su casa.
Familiares y activistas señalaron que su actividad en defensa de la tierra fue el móvil del homicidio, pues días antes el ingeniero recibió amenazas.
QUIÉN ES QUIÉN DEL EQUIPO QUE REALIZARÁ LA CONSULTA DEL NAICM
Antonio Lara Duque, director del Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero, señala que tras dicho homicidio, otras de las situaciones más graves es la que atraviesan seis habitantes de Tizayuca: están citados en el Poder Judicial de la Federación para una audiencia penal el próximo jueves 18 de octubre.
“Se les está tratando de criminalizar por su oposición a la destrucción de un cerro en su municipio. Los están acusando de atacar la vía pública y “extorsionar” a personal de la empresa que perfora el cerro. El trasfondo es que quieren hacerlos a un lado de la resistencia que están dando”.
Las amenazas y hostigamiento también han subido de tono en las últimas semanas en contra de los opositores al Nuevo Aeropuerto. Al principio eran telefónicas y los amedrentaban para que no siguieran la lucha. Ahora en los últimos días se han verificado amagos presenciales por grupos de choque.
“Nosotros creemos que es una amenaza mucho más grave cuando ya se utilizan a terceros en presencia para infringirla. Una llamada telefónica es una amenaza que tiene un impacto bajo, pero el hecho de que llegue el integrante de un grupo de choque y amenace de muerte de frente al defensor, estamos hablando de otros niveles”.
LOS GOLPES Y DISPAROS EN ASAMBLEA DE ATENCO
El domingo pasado, ya casi al final de la Asamblea del Ejido de San Salvador Atenco, cuando los pobladores iban a proponer la destitución del presidente del comisariado ejidal, Alejandro Santiago, quien apoya y promueve la venta de terrenos para la obra del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), llegó un grupo de hombres y mujeres a romper la reunión y golpear a los asistentes. Esa agresión dejó a los 13 heridos.
Una de las lesionadas y agredidas durante la Asamblea fue Adela Romero Núñez, quien relató a La Silla Rota que en ese encuentro el presidente del comisariado debía presentar su informe relacionado, entre otros asuntos, con terrenos donados para la construcción del NAICM, condiciones de los ejidos y rendir cuentas sobre peaje.
Sin embargo, al no dar la información y otras irregularidades, Romero Núñez señala que los comuneros iban a proponer al final la destitución del presidente, quien antes de la votación abandonó la Asamblea que se realizó en el Deportivo del Ejido.
Luego les apagaron la luz y por los accesos del inmueble comenzaron a entrar hombres y mujeres a golpear a las personas que estaban ahí reunidas.
“Cuando estábamos en la Asamblea me llamaron por teléfono para que nos pusiéramos alerta porque afuera ya habían golpeado a una compañera del Frente de Pueblos. Ella se percató que por la parte de atrás del deportivo estaban ingresando personas que no eran ejidatarios. Fue con su ‘cel’ a tomarles foto y ahí la golpearon”.
Cuando salieron los integrantes del comisariado y los representantes de la Procuraduría Agraria, fue que entraron al Deportivo hombres y mujeres que golpearon a quien estuviera dentro.
Después de que terminara la agresión, los comuneros esperaron a que esas personas se retiraran y, cuando ya se iban, en la parte de afuera del inmueble “escuchamos dos descargas de arma de fuego”.
AGRESIONES CRECERÁN POR CONSULTA
El Centro de Derechos Humanos Zeferino Ladrillero da acompañamiento y seguimiento a los casos de agresiones en contra de defensores de derechos humanos en el Estado de México y en específico a los opositores del NAICM, que en las últimas semanas ha registrado un incremento en el acoso, hostigamiento y amenazas en su contra.
Todo indica que el resto de octubre y noviembre serán tiempos muy complicados, debido al ejercicio de la consulta que impulsa el próximo gobierno de Andrés Manuel López Obrador del 25 al 28 de este mes, sobre el futuro del Nuevo Aeropuerto.
En esta consulta también están en riesgo los negocios inmobiliarios que vendrían junto con la construcción del Nuevo Aeropuerto, por lo que temen que en las próximas semanas incrementen las agresiones y amenazas.
“Puede aumentarse (este ambiente violento) por todo el andamiaje de concesiones que desarrolló Peña Nieto y que mientras durante su sexenio era imposible pensarse en la cancelación del aeropuerto, hoy es una realidad factible y entonces las actitudes son respuestas están lejos de estar apegadas a derecho. Eso está poniendo en riesgo a los defensores”.
Estos tres casos en menos de un mes son muestra de los niveles de agresión: persecución penal o intento de la privación de la libertad, privación de la vida y ataques físicos.
“Tenemos un mosaico, todo un coctel de agresiones en contra de las personas defensoras que se vislumbra en el oriente mexiquense por las dimensiones del megaproyecto que implica el aeropuerto. El problema es que en este país la protección a las personas defensoras de derechos humanos y periodistas, siendo una obligación del Estado mexicano, no se está cumpliendo. Tenemos un déficit”.
Antes del 1 de julio tenían una acción urgente de protección a defensores y después de las elecciones hasta la fecha tienen siete. Lara Duque advierte que en la medida que se aproxime la realización de la consulta esta situación se podría recrudecer y de ganar la opción de cancelar el proyecto del ex Lago de Texcoco, temen a que haya represalias contra los opositores.
La situación de vulnerabilidad y riesgo que viven las personas defensoras y periodistas en este país está enmarcada en lo que se ha denominado la “grave crisis de derechos humanos” que atraviesa el país. “En ese sentido entendemos que los defensores y periodistas estén corriendo los altos riesgos que significan estas labores”.
Lara Duque explica que en el Centro de Derechos Humanos han sistematizado los niveles de agresiones en contra de las personas defensoras o periodistas. Inician con amenazas, son perseguidos y los tienen bien ubicados, luego aumenta la intensidad del acoso hasta llegar a la privación de la libertad, asesinato o la desaparición.
“Nosotros consideramos que en el Estado de México, que es donde principalmente desarrollamos nuestra labor, es de las entidades que más aportan datos de agresiones a las personas defensoras. Incluso, podría decir que el homicidio del ingeniero Javier está enmarcado en todo una serie de agresiones fundamentalmente en contra de los pueblos de la región oriente, que son los que han resentido los avances de la obra del nuevo aeropuerto”.
ams