Este lunes, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) 11 reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a través de un decreto emitido por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
El decreto reforma los artículos 1, primer párrafo; 2, primer párrafo; 8, primer párrafo; 14, primer párrafo; 31, primer párrafo; 35, primer párrafo; 40, primer párrafo; 41, fracción IX; 42, fracción IV; 48, fracción II y 49, primer párrafo.
El gobierno mexicano prevé cerrar 2020 un aumento de 0.3% en feminicidios, asesinatos de mujeres por violencia machista, según un informe preliminar presentado el 31 de diciembre pasado por Ricardo Mejía, subsecretario de la Secretaría de Seguridad Pública y Ciudadana (SSPC).
Aunque no precisó la cifra absoluta, esto implicaría un total de 1,015 mujeres asesinadas por feminicidio, frente a las 1,012 de 2019.
La Red Nacional de Refugios (RNR), una organización feminista, indicó que durante los primeros ocho meses del confinamiento (de marzo a octubre) en lo que llamó "la doble pandemia" para las mujeres en este país, acompañó y atendió a 34,716 personas, un incremento del 51% comparado con el mismo periodo del año pasado, publicó La Silla Rota.
En el país se asesinan 10 mujeres al día, y en 2019 hubo más de 1,000 feminicidios, crímenes por razón de género.
COORDINACIÓN GUBERNAMENTAL
El cambio al artículo 1 de la Ley en cuestión establece que debe garantizarse una coordinación entre el gobierno federal, las entidades federativas y los municipios con el fin de prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
También deben acordarse los principios y modalidades para garantizar su acceso a una vida libre de violencia que favorezca su desarrollo y bienestar conforme a los principios de igualdad y de no discriminación.
El artículo 2 establece que todos los órdenes gubernamentales, en el ámbito de sus respectivas competencias, expedirán las normas legales y tomarán las medidas presupuestales y administrativas correspondientes para cumplir con los estatutos, de conformidad con los Tratados Internacionales en Materia de Derechos Humanos de las Mujeres, ratificados por el Estado mexicano.
En este sentido, los modelos de atención, prevención y sanción que establezcan tanto la Federación, como las entidades federativas, la Ciudad de México y los municipios serán resultado de un conjunto de medidas y acciones para proteger a las víctimas de violencia familiar, como parte de la obligación del Estado, según el cambio al artículo 8.
Las autoridades federales y locales, de acuerdo con el artículo 35, se coordinarán para la integración y funcionamiento de un Sistema que conjunte esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
RESPONSABILIDADES
El artículo 42, según el decreto emitido este lunes, establece que corresponderá a la Secretaría de Gobernación formular las bases para la coordinación entre las autoridades de todos los órdenes para la prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres.
El Instituto Nacional de las Mujeres, por su parte, se encargará de integrar las investigaciones promovidas por las dependencias de la Administración Pública Federal sobre las causas, características y consecuencias de la violencia en contra de las mujeres, así como la evaluación de las medidas de prevención, atención y erradicación
El Inmujeres reunirá la información derivada a cada una de las instituciones encargadas de promover los derechos humanos de las mujeres en las entidades federativas, y a la Ciudad de México o municipios. Los resultados de dichas investigaciones serán dados a conocer públicamente para tomar las medidas pertinentes hacia la erradicación de la violencia.
(djh)