Diputados federales aprobaron crear un Registro de Usuarios de Telefonía Móvil con el objetivo de combatir el delito de extorsión pues autoridades de seguridad detectaron que la mayor parte de las llamadas vinculadas a este delito provienen de celulares en modalidad prepago. Aunque esta ley fue aprobada con 392 votos a favor, el texto no precisó con claridad quién específicamente debería realizar dicho registro; pero sí destaca que cuando ya haya sido elaborado quedará bajo resguardo del Instituto Federal de Telecomunicaciones. Precisaron que en este momento hay 110 millones de líneas telefónicas en la que más del 80% utiliza telefonía móvil.
Fue de último momento que la diputada de Morena Juanita Guerra presentó estas precisiones en artículos transitorios. Se determinó un plazo para que los concesionarios de telefonía realicen una campaña de información a sus clientes para que registren su línea en un plazo de seis meses; de lo contrario, se les cancelará el servicio. Y este plazo comenzará a partir de que el IFT publique las disposiciones administrativas correspondientes.
¿EFECTO BUMERAN?
En entrevista con La Silla Rota, Irene Levy, presidenta de la organización Observatel, dijo que esta medida puede convertirse en “un búmeran” que revierta las acciones en contra de los delincuentes, ahora en contra de los ciudadanos, además de exponer al robo de datos personales e incumplir con la protección de los mismos.
“Nadie niega que se requiere disminuir delitos como la extorsión telefónica, nadie está en contra de poder tener acceso a perseguir aquellos que utilizan su teléfono como un medio para delinquir, pero la historia nos demostró -en 2009 cuando se creó el primer registro- que todo iba a ser una acción aislada.
“Tener un registro de los teléfonos, así al vapor, como se hizo en ese año, es un azar que puede traer más perjuicios que beneficios, lo que significa es que, los que vamos a terminar pagando los platos rotos, somos los ciudadanos”, explicó.
Para Irene Levy, el que la reforma contemple que todos los actos delictivos que se cometan con un teléfono se presumen como responsabilidad del dueño del número, sólo generará procesos judiciales complicados e inocentes podrían estar en problemas.
“Es decir, si tú haces una llamada para extorsionar con un número celular que robaste, la autoridad va a presumir que fue el titular de la línea fue quien cometió el delito. Si te roban el teléfono y te tardas en denunciarlo, cometes el delito de extorción tú, y es muy complicado probar que no fuiste tú”, señaló.
La especialista en telecomunicaciones añadió que, con el primer registro, creado en 2009, los delitos realizados a través de teléfonos móviles, como la extorsión, aumentaron hasta 40%, y recordó el robo de la base de datos a manos del crimen.
CLAVES A TOMAR EN CUENTA
Tus datos deberán ser recabados por las compañías telefónicas
La Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información en los Hogares 2019 (Endutih 2019) calcula la existencia de 86.5 millones de usuarios de telefonía móvil en el país, y en caso de que adquieras una nueva línea de celular deberás proporcionar:
1. El nombre del titular o propietario
2. Número de la línea de telefonía móvil
3. Fecha y hora de la activación de la línea adquirida en tarjeta SIM
4. Nombre completo o en su caso la denominación o razón social del usuario, nacionalidad, número de identificación oficial con fotografía y CURP
5. Datos biométricos del usuario, domicilio
6. Datos del concesionario de telecomunicaciones
7. Esquema de contratación de la línea móvil: pospago o prepago.
ADVERTENCIA
De acuerdo con la reforma, en caso de que hayas adquirido tu línea de celular con anterioridad, los concesionarios tendrán dos años para recabar sus registros; en caso de no hacerlo se les suspenderá el servicio sin indemnización alguna.
LOS DETALLES DEL DEBATE
El diputado panista Víctor Pérez, integrante de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, repitió en tribuna datos que entregó la Secretaría de Seguridad Ciudadana durante el foro abierto que se realizó sobre el tema hace 2 semanas y del cual La Silla Rota informó en su momento.
"Se concluyó que hay una alta preocupación por la invasión a la privacidad, la falta de mecanismos de datos personales y una posible violación a derechos humanos por el debido proceso y la presunción de inocencia. Y esto fue parte importante del dictamen... Merecemos una segunda oportunidad y la sociedad lo merece porque existe el antecedente del famoso, obscuro y malversado Renaut y lo debemos reconocer... Es a lo que no queremos llegar", señaló.
El Renaut (Registro Nacional de Usuarios de Telefonía) creado en 2009, fue destruido en 2011 por orden del entonces Instituto Federal de Acceso a la información pues éste padrón que debía ser privado, se convirtió en público de manera ilegal lo que evidenció el robo de datos personales.
De ahí que Pérez enlistó que este nuevo registro deberá ser transparente porque utilizará datos biométricos del usuario además de su identificación, comprobante de domicilio y CURP; así como número y registro de tarjeta SIM, fecha y hora de activación además de señalar las características del teléfono que lo utiliza. "Se establece que el Instituto en colaboración con los concesionarios deberán otorgar todas las facilidades tecnológicas para que los usuarios se incorporen a dicho padrón", señaló.
También se aprobó facultar al IFT para instalar, operar y regular este padrón así como "expedir los lineamientos para su debida operación". Su consulta quedará limitada a particulares; y en caso de que autoridades de seguridad y justicia requieran consultarlo deberán solicitarlo "por escrito, fundado y motivado".
Los diputados Higinio del Toro y Martha Tagle de Movimiento Ciudadano anunciaron el voto de la bancada en contra; el primero argumentó las dudas de esta la propuesta, pues consideró que los delincuentes pueden clonar la tarjeta SIM. "Pensar que sólo con esto acabaremos con la extorsión es francamente una falacia... La extorsión telefónica se evita a través del uso de la tecnología y el dictamen no contempla un solo apartado para entender cómo es que se va hacer este bloqueo (de líneas)". Tagle se refirió a la violación a derechos humanos de los usuarios y la vulnerabilidad de la base de datos.