La Comisión de Gobernación del Senado acordó pedir la ampliación del plazo legal y realizar un análisis jurídico para determinar si proceden o no las solicitudes en Veracruz, Guanajuato y Tamaulipas.
El presidente del órgano legislativo, Cristóbal Arias, planteó otra reunión de esa instancia la próxima semana para desahogar, a través del análisis jurídico del artículo 76 constitucional y determinar si se cumplen las causales que lleven a hacer la declaratoria de desaparición de poderes en alguna o en las tres entidades.
Además, los senadores propusieron la creación de tres subcomisiones para realizar un análisis jurídico en cada caso de manera particular, con lo cual acudirían a los tres estados para hablar con los gobernadores, legisladores y Poder Judicial locales, con el objetivo de emitir una opinión fundada y motivada de si se cumplen las causales que establece la Constitución para declarar desaparecidos los poderes de una entidad.
La Secretaría de Gobernación (Segob) pidió resolver por la vía jurídica y no política las solicitudes de desaparición de poderes en tres estados.
Ricardo Peralta, subsecretario de Gobernación, solicitó a la Cámara alta no utilizar los órganos legislativos para hacer justicia y tomar decisiones jurídicas apegadas a derecho respecto a las propuestas del PAN y Morena para desaparecer poderes en Veracruz, Tamaulipas y Guanajuato.
Reiteró el respeto del Poder Ejecutivo por la decisión que tomen los senadores sobre este caso, pero insistió en que no se actúe con tintes políticos.
“Llamamos a que se tomen decisiones jurídicas apegadas a derecho y no de carácter político; que no se utilicen los órganos legislativos para hacer justicia, los órganos legislativos están establecidos para realizar acciones que se presumen constitucionales”, manifestó.
La semana pasada, el presidente Andrés Manuel López Obrador expresó su rechazo a la propuesta de Morena en el Senado de desaparecer poderes en Guanajuato y Tamaulipas porque “son cuestiones políticas” que buscan descalificar a adversarios.
“Como recomendación nada más, que se dialogue, que no se usen procedimientos que deben realizarse sin tintes políticos para hacer justicia.
“Yo padecí el desafuero. Me desaforaron por cuestiones políticas y no puedo yo aceptar que nadie sea víctima por cuestiones políticas de un procedimiento, establecido en la ley, pero promovido o impulsado por venganza, para descalificar a adversarios, además no sólo se afecta la imagen de los legisladores sino también a las instituciones”, dijo en conferencia de prensa.
En el mismo sentido, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, minimizó el encontronazo entre los grupos parlamentarios del PAN y Morena en el Senado por la intención de desaparecer los poderes en Tamaulipas, Guanajuato y Veracruz, y descartó que vaya a proceder, al calificar el hecho como “temas políticos” entre los legisladores.
“¿Hace cuánto que no se da una situación de esta naturaleza?, años, décadas, yo creo que es cuestión… bueno, primero, respeto al Senado, pero probablemente es por posiciones políticas, pero desaparición, es como desaparición de los tres poderes y que la Federación tome el estado… no van a desaparecer por supuesto los poderes”, expresó.
La fracción V del artículo 76 Constitucional otorga al Senado facultad en materia de desaparición de poderes.
En el caso de Guanajuato, senadores de Morena plantean en el dictamen que la entidad padece una grave crisis de violencia e inseguridad desde hace cinco años, deteriorando progresivamente las condiciones de vida de los pobladores sin que se advierta la presencia o acción del gobierno estatal para brindarles protección.
Los legisladores federales aseguran que se presencia un escenario de “real ausencia del estado de derecho”. Señalan que el gobierno del panista Diego Sinhué Rodríguez ha dejado de manifiesto la incapacidad para preservar la seguridad pública y jurídica de la población, así como garantizar el correcto funcionamiento de las instituciones del estado.
“Es muestra de que el orden Constitucional se ha quebrantado y no es posible que continúen en funciones los poderes de dicha entidad”, afirmaron.
En el caso de Tamaulipas, los senadores de Morena plantean que la tasa de los índices delictivos aumentó de manera inmensa desde que, en 2016, Francisco Javier García Cabeza de Vaca asumió su mandato como gobernador del estado.
Los morenistas afirmaron que actualmente Tamaulipas es una de las entidades federativas más violentas del país donde sus habitantes se encuentran en un estado de vulnerabilidad sin precedentes.
Detallaron que deben enfrentar los estragos causados por el crimen organizado y, al mismo tiempo, están expuestos frente a los cuerpos de seguridad que las autoridades estatales utilizan de manera injustificada para reprimirlos, esto a través del indebido uso de la fuerza y de malas prácticas policiales que son empleadas en nombre de fallidas estrategias de seguridad.
Destacaron como ejemplo que el pasado 5 de septiembre las autoridades locales informaron que policías estatales se enfrentaron con presuntos delincuentes en un domicilio ubicado en Nuevo Laredo, donde aseguraron una camioneta blindada y varias armas de fuego. Sin embargo, el caso derivó en la ejecución extrajudicial de al menos ocho ciudadanos, a quienes presuntamente se les quiso hacer pasar por militares y se les plantaron armas.
En el caso de Veracruz, donde gobierna el morenista Cuitláhuac García, fueron los senadores del PAN los que solicitaron la desaparición de poderes.
En sus argumentos, los legisladores panistas refieren como caso principal la destitución del fiscal estatal, Jorge Winckler, por lo que piden un informe detallado, debidamente fundado y motivado, sobre las razones por las cuales ha desconocido la personalidad de Fiscales que no han sido designados por la encargada de despacho, en asuntos radicados bajo su jurisdicción.
Los blanquiazules solicitan que el Congreso de Veracruz proporcione el expediente relativo al “Acuerdo de la Diputación Permanente de la Sexagésima Quinta Legislatura que como medida cautelar, control y defensa de la supremacía constitucional, resuelve separar temporalmente al C. Jorge Winckler Ortiz del cargo de Fiscal General del Estado por el presunto incumplimiento del mandato constitucional de contar con certificación, revalidación y registro correspondiente para la permanencia en el cargo”.
lrc