El expresidente Ernesto Zedillo reconoció que la política contra las drogas puesta en marcha durante su gobierno, entre 1994 y 2000 fue equivocada.
“No omito la responsabilidad, yo seguí una política equivocada”, expresó el ex mandatario, durante la presentación del informe Regulación, el control responsable de las drogas, de la Comisión Global sobre políticas de drogas en la ciudad de México.
A 18 años de haber concluido su gobierno, Zedillo consideró que su gobierno debió apostar por la regulación y no por la prohibición del consumo de drogas, y admitió que seguir políticas de represión y criminalización de quienes consumen drogas causan un “resultado devastador” en distintos países.
Desde su punto de vista, entre dichos resultados están el aumento de problemas de salud pública y “terribles violaciones de derechos humanos”.
Pero tanto su predecesor Carlos Salinas de Gortari, como sus sucesores Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto han seguido una política que con algunas variantes, es la misma y las cuales priorizan el combate al narcotráfico, sin regular el mercado ni optar por despenalizar el consumo lúdico de alguna de las drogas.
Vicente Fox intentó aumentar las cantidades de portación de algunas drogas, presentó una iniciativa que el Congreso de la Unión discutió y aprobó, pero el guanajuatense reculó, ý la vetó ante las presiones del gobierno de Estados Unidos.
Olga Sánchez Cordero, quien será la próxima secretaria de Gobernación del gobierno de Andrés Manuel López Obrador que iniciará el 1 de diciembre, ha prometido que la marihuana se regulará, y en el mismo sentido se han pronunciado las bancadas morenistas en las cámaras de Diputados y Senadores.
PEÑA NIETO, MARIHUANA MEDICINAL
El actual mandatario mexicano propuso, luego de entrar al segundo trienio de su gobierno, transitar de la prohibición a una efectiva prevención y eficaz regulación del mercado de drogas.
En 2016 el gobierno federal encabezado por el mexiquense organizó foros para discutir aumentar de 5 a 28 gramos la portación de marihuana para consumo personal y presentó una iniciativa para permitir el uso médico de la marihuana, la cual fue aprobada por el Congreso en abril de 2017. Sin embargo no se legisló sobre la manera de cultivar la marihuana para producirla. También se dejó fuera la despenalización del uso lúdico de la yerba.
El Ejército sigue en las calles en el combate al crimen organizado y el número de desaparecidos y de ejecuciones aumentó en la misma tendencia que con Felipe Calderón.
Al anecdotario se integró la propuesta hecha por el secretario de Turismo del gobierno federal, Enrique de La Madrid, quien a inicios de este año planteó legalizar el uso lúdico de la cannabis en ciertas zonas turísticas, para atraer a extranjeros. Incluso mencionó dos sitios donde pudiera comenzarse a permitirse tal uso: Baja California sur y Quintana Roo, estados que “no merecían ser víctimas de un trato inadecuado al tema de las drogas en México”. Ante el revuelo causado por la propuesta, el funcionario debió aclarar que su propuesta la hizo a título personal.
CALDERÓN Y LA MILITARIZACIÓN
Apenas llegó a la presidencia, el panista Felipe Calderón anunció el proceso de militarización de la estrategia de combate al crimen organizado y lo comenzó con el Operativo Conjunto Michoacán, que significó el envío de tropas a Michoacán, su estado natal.
Su estrategia recibió el apoyo de la Iniciativa Mérida, firmada con la DEA, para contrarrestar “la violencia ocasionada por la violencia de las drogas que amenaza a los ciudadanos en ambos lados de su frontera”, de acuerdo con un boletín de la embajada de Estados Unidos en México.
El acuerdo era para que la agencia entregara a México 2.3 mil millones de dólares, a través de entrenamiento y equipo. La estrategia tenía cuatro pilares: afectar la capacidad operativa del crimen organizado; institucionalizar la capacidad para mantener el estado de derecho; crear la estructura fronteriza del siglo XXI; y construir comunidades fuertes y resilientes.
Durante el gobierno de Calderón diversas organizaciones denunciaron y documentaron violaciones de derechos humanos por parte del Ejército como de la Marina, y policías estatales y municipales. Además, el número de ejecuciones y desapariciones forzadas de personas aumentaron. Los Zetas se convirtieron además en la organización más temible del crimen organizado.
Las consecuencias de la violencia vivida entre 2006 y 2012 fueron descritas en junio de 2014 por el relator especial de ejecuciones extrajudiciales de la ONU, Christof Heyns, quien durante la presentación de su informe especial, dio a conocer que durante el gobierno de Calderón se cometieron 102 mil 696 homicidios, de los cuales 70 mil fueron relacionados con el narcotráfico.
Al iniciar el gobierno de Peña Nieto la entonces subsecretaria de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón informó que entre diciembre de 2006 a noviembre de 2013 se registraron 26 mil desaparecidos. Por su parte el Centro de Vigilancia del Desplazamiento Interno dio la cifra de 160 mil personas desplazadas durante el mismo lapso.
En alguna entrevista con la cadena de televisión británica BBC, Calderón atribuyó las muertes a que su predecesor, Vicente Fox, no actuó a tiempo.
FOX RECULA
Como presidente, Vicente Fox impulsó el combate al narcotráfico y en sus informes de gobierno gustaba de presumir los decomisos de drogas y la erradicación de sembradíos.
En diciembre de 2003 envío una iniciativa al Congreso de la Unión para permitir una mayor portación de algunas drogas, entre ellas la marihuana, pero también el opio, la heroína y la cocaína. Con modificaciones, la iniciativa fue discutida y aprobada en ambas cámaras legislativas. Sin embargo, siete meses antes de concluir su sexenio, en mayo de 2006 el entonces presidente Vicente Fox no firmó el decreto de la iniciativa aprobada por el Poder Legislativo, sino que decidió vetarla. Integrantes de la Cámara de Diputados atribuyeron el veto a las presiones del gobierno de Estados Unidos.
Por su parte el gobierno de los Estados Unidos mostró su beneplácito por el veto de Fox a la ley. “Le damos la bienvenida al anuncio. Entiendo que el presidente sometió algunas enmiendas a la legislación para que no haya duda que la posesión y consumo de drogas continúe siendo un crimen”, dijo el vocero del Departamento de Estado, Sean McCormack.
El sexenio de Vicente Fox es recordado porque no había cumplido ni dos meses al frente del gobierno y Joaquín "El Chapo" Guzmán se escapó de manera peliculesca del penal de Puente Grande; en Michoacán surgió la Familia Michoacana; y luego de ser detenido Osiel Cárdenas, líder del Cartel del Golfo, la organización criminal sufrió una escisión para dar paso a uno de los grupos más violentos de la historia del narcotráfico: los Zetas.
Al dejar la presidencia y al paso de los años, Vicente Fox se ha convertido en un activista en pro de la legalización del consumo de la marihuana y ha dado a conocer su intención de que en cuanto haya reglas legales de producción, él se dedicará a ello.
ZEDILLO Y LA ALIANZA CON CLINTON
A inicios de 1997 la credibilidad en el combate a los grupos organizados del narcotráfico se vio minada por la detención del director del Instituto Nacional para el Combate a las Drogas (INCD), el general de cinco estrellas Jesús Gutiérrez Rebollo. Nombrado en diciembre de 1996, y nombrador por los medios como El Zar Antidrogas, el militar fue detenido a los 72 días de haber sido designado; fue acusado de tener vínculos con el jefe del Cártel de Sinaloa, Amado Carrillo Fuentes, el poderoso Señor de los cielos.
La detención causó la desconfianza y escepticismo del gobierno de Estados Unidos, por lo que el Congreso estadounidense presionó para que México firmara una alianza con Estados Unidos para que ambos países tuvieran la misma política para el combate a las drogas.
En mayo de 1997 Ernesto Zedillo y Bill Clinton, presidentes de México y Estados Unidos, respectivamente firmaron la alianza México-Estados Unidos contra las Drogas.
El acuerdo fue anunciado en Los Pinos, a donde llegó Clinton para firmar dicha alianza, la cual fue explicada así por Zedillo.
“Nuestra Alianza se basará en la confianza mutua y en nuestro compromiso como Jefes de Estado, de que la colaboración de nuestros países avanzará bajo principios fundamentales. Dichos principios comprenden: el respeto absoluto a la soberanía y a la jurisdicción territorial, tanto de México como de Estados Unidos; la corresponsabilidad para enfrentar el problema de las drogas ilícitas y delitos conexos, como el tráfico ilegal de armas y el ‘lavado de dinero’, la lucha integral contra las drogas ilícitas, otorgando la misma prioridad a todos los aspectos del problema; el equilibrio y la reciprocidad en las acciones; programas y lineamientos convenidos para enfrentar la amenaza de las drogas en los dos países, y la aplicación efectiva de la ley en ambas naciones”, expresó Zedillo.
“Con esta Alianza reconocemos los peligros que encaramos y las responsabilidades que compartimos. La droga ilegal no es un problema solamente en México, pero tampoco es simplemente un problema americano: es un problema común y debemos encontrar una solución en común”, expresó por su parte Clinton.
SALINAS DE GORTARI Y LA RUTA DE PASO
Durante el sexenio de Carlos Salinas de Gortari se creó la Subsecretaría de Investigación y Lucha contra el narcotráfico, de la PGR. De acuerdo con el investigador de la UNAM, José G. Borjón Nieto, desde entonces el Ejército acompañaba a la Procuraduría General de la República (PGR) en el combate a las drogas.
Se participó en la elaboración de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de Estupefacientes y sustancias sicotrópicas. Pese a que en los ochenta México comenzó a convertirse en una ruta de paso de drogas que provenían de Colombia, y que la situación continuaba a inicios de los noventa, el analista en el tema Jorge Chabat (en su texto ‘La respuesta del gobierno de Calderón al desafío del narcotráfico’) afirma que no se tomaron medidas de contención -e incluso escribe que algunos autores dicen que se debió a un pacto- pero también la situación aún no se podía comparar a la de un país productor como era Colombia.
Cabe decir que Raúl Salinas de Gortari, hermano de Carlos, al concluir el sexenio de su hermano, fue acusado y detenido por la muerte de su excuñado José Francisco Ruiz Massieu, y a ello se agregó la acusación de haber recibido recursos de organizaciones de narcotraficantes. Pero al cumplir 10 años de encierro, fue liberado y en 2014 recibió una sentencia absolutoria.