El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, reiteró que presentará una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Seguridad Interior que fue promulgada este jueves por el presidente Enrique Peña Nieto, la cual oficializa la participación de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública.
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Insistió en que hubiera sido deseable que se escucharan los argumentos en contra que presentó la sociedad pues la normatividad puede poner en serio riesgo los derechos humanos. Como lo ha hecho en ocasiones anteriores, González Pérez subrayó la necesidad de que haya un programa integral sobre seguridad ciudadana.
“Yo quisiera ver dónde está el modelo de Procuración de Justicia. Hoy se dijo en la reunión del Sistema de Seguridad Pública que hacen falta otras leyes, y eso es parte de lo que nosotros hemos señalado insistentemente. Tiene que ver con el modelo policial, o sea, tiene que ver con la capacitación a los operadores del Sistema Penal Acusatorio. Lo que deseamos es el mejor marco jurídico que dé certeza a la sociedad”.
El ombudsman nacional dijo que va ser importante que la Suprema Corte de Justicia de la Nación conozca los argumentos que se le van a exponer sobre algunos términos de la ley, para que haya certeza, “pero el tema de seguridad pública desafortunadamente no se agota con esa Ley; esa Ley no da avances en términos de darnos la protección que los mexicanos y mexicanas están requiriendo”.
González Pérez indicó que la seguridad ciudadana debe estar por encima de cualquier otro objetivo de seguridad de Estado; tiene que ser el ser humano el que esté en el centro de toda política de seguridad, dijo.
Precisó que además de la acción de inconstitucionalidad que presentará la CNDH los gobernadores que consideren que hay injerencia de atribuciones pueden interponer una controversia constitucional.
La CNDH cuenta con 30 días para interponer el recurso ante la Corte y ya se encuentra en el proceso de análisis jurídico para hacerlo. El presidente de la institución hizo un exhorto para que la sociedad civil, los académicos y los constitucionalistas le hagan llegar sus argumentos para combatir los aspectos de la ley que consideren inconstitucionales.