La Cámara de Diputados avaló la desaparición de al menos 109 fideicomisos públicos, fondos de inversión que manejan bancos privados con dinero que el gobierno mexicano aportó durante años y cuyo fin era apoyar diversas causas que no estaban etiquetadas en el Presupuesto de Egresos de la Federación.
Frente a la decisión tomada por la mayoría parlamentaria en San Lázaro, integrada por Morena y Encuentro Social, legisladores de la oposición, académicos, cineastas y defensores de derechos humanos exigieron la permanencia de esos.
Pese a que los fideicomisos públicos fueron creados por el gobierno para generar fondos de apoyo económico para diversas causas, los recursos de éstos no siempre llegan a su fin, incluso, hay poca información y transparencia al respecto.
Así lo dio a conocer una investigación del Centro de Análisis e Investigación Fundar, publicada en 2018 y titulada “El arte de desaparecer dinero público”. El trabajo demostró que de 374 fideicomisos públicos, sólo 19 contaban con mecanismos de control.
A raíz de la discusión del Poder Legislativo, Fundar retomó y actualizó su investigación, así que reveló que actualmente hay 835 mil 33 millones de pesos disponibles en fideicomisos públicos, lo que equivale a casi 14% del Presupuesto de Egresos Federal de este año.
Fundar también documentó que, año con año, el gobierno destinó más dinero a estos fideicomisos y éstos generaban más gasto del que se les autorizaba. Tanto, que en 2017, los fideicomisarios gastaron hasta seis veces más de lo que se les autorizó.
¿POR QUÉ HAY OPACIDAD?
Por su estructura, constituida por la Secretaría de Hacienda, quien otorga los recursos; los bancos privados, quienes resguardan y trabajan el dinero; y los ocupantes, que son algunos sectores de la sociedad; los fideicomisos son complejos de entender.
Además, cuentan con un marco legal limitado, por incluir a empresas privadas en el proceso de inversión del dinero público, así que muchas operaciones están resguardadas por el secreto bancario, que beneficia a la banca privada en México.
Pero incluso en los fideicomisos que se constituyen en la banca de desarrollo, como el Banco del Bienestar, antes el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros (Bansefi), no se cuenta con datos accesibles ni en un lenguaje claro.
La investigación de Fundar anota que incluso “cuando se pide vía acceso a la información (Ley de Transparencia), se sigue negando con argumentos como la inexistencia, la incompetencia e incluso la confidencialidad”.
Además, Fundar explica que cuando el gobierno comenzó a operar los fideicomisos, se hizo “a partir de las disposiciones financieras y mercantiles, lo cual ha permitido que se generen ambigüedades interpretativas” en la legislación que les aplica.
AMLO INVESTIGARÁ IRREGULARIDADES
El pasado primero de octubre, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que los fideicomisos eliminados por la Cámara de Diputados, esta semana, estaban “fuera de control”, por lo que dio la instrucción de dar los apoyos de manera directa.
Este jueves, en su conferencia matutina, adelantó que un grupo de trabajo analizará los procedimientos que llevaban esos fideicomisos para detectar irregularidades y, en su caso, poner las denuncias correspondientes.
“Tuve una reunión con los que van a hacerse cargo de la evaluación sobre el funcionamiento de los fideicomisos y de los fondos, y acordamos que teniendo ya el diagnóstico y cómo operaban, y cómo gastaban el dinero y quiénes se beneficiaban”, dijo.
EXTINGUIRLOS NO ES SOLUCIÓN
Pese a que la investigación de Fundar dio cuenta de la opacidad ejercida en al menos tres fideicomisos, como el Fondo de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas; el del Río Sonora y el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización, la organización subraya en su investigación que extinguirlos no es la solución.
Entre las recomendaciones que hicieron al gobierno mexicano, resultado del trabajo de investigación, se encuentran mejorar las prácticas de acceso a la información sobre cómo se garantiza que los recursos lleguen a los beneficiarios.
También recomendaron que se organicen informes de concepto de gastos por año, cumplimiento de objetivos y se levanten testimonios de los beneficiarios para comprobar el buen uso de los recursos para los que fueron creados.
Además, consideraron necesario generar un registro nacional de fideicomisos y explicar una estructura orgánica de cada uno, así como permitir a la Auditoría Superior de la Federación que revise los proceso y genere un apartado especial en su informe anual a la Cámara de Diputados.
(djh)