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Claves para entender una acción de inconstitucionalidad

Con la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, sus detractores buscan dar revés a la polémica ley con una acción de inconstitucionalidad

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Con la promulgación de la Ley de Seguridad Interior, sus detractores como activistas, legisladores de oposición y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) buscan dar revés a la polémica ley con una acción de inconstitucionalidad. En La Silla Rota te explicamos qué significa este recurso jurídico.

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1. ¿En qué consiste una acción de inconstitucionalidad?

Este recurso legal se tramita con el propósito de denunciar contradicciones entre la Constitución de la República y alguna norma o disposición (ley, tratado internacional, reglamento, decreto) con el propósito de mantener la supremacía de la Carta Magna.

El recurso de inconstitucionalidad únicamente puede ser tramitado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

2. ¿Quiénes pueden tramitar dicha acción?

- Legisladores federales o locales (al menos 33% de los que integran el órgano que haya expedido la norma que se impugna)

- Procurador General de la República

- Comisión Nacional de los Derechos Humanos

3. ¿Se puede tramitar la acción de inconstitucionalidad cuando sea?

El recurso legal únicamente se puede ejercer dentro de los treinta días naturales a la publicación de la norma.

4. ¿Quién evalúa la acción de inconstitucionalidad?

La única entidad en el país que puede aprobar el recurso legal es la Suprema Corte de Justicia.

Los diputados pueden interponerse contra leyes federales, mientras que los senadores podrán hacerlo contra leyes federales o tratados internacionales celebrados por el Estado Mexicano.

5. ¿Qué pasa si se aprueba?

En caso de que se declare inconstitucional, dicha norma no podrá tener vigencia ni será aplicable a ninguna otra persona.

6. Antecedentes

En diciembre de 2017, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó la acción de inconstitucionalidad en contra de la llamada Ley Televisa-Döring, la cual fue presentada por 47 senadores quienes consideraron que dicha Ley violentaba los derechos de las audiencias, y restaba facultades del Instituto Federal de Telecomunicaciones.