CIUDAD DE MÉXICO (La Silla Rota).- Este lunes, el periódico estadunidense The New York Times reveló que el gobierno federal, encabezado por el presidente Enrique Peña Nieto, espió a periodistas, activistas, defensores de derechos humanos y abogados que luchan contra la corrupción.
Entre las personas a las que le intervinieron sus teléfonos celulares, se encuentran los periodistas Carmen Aristegui, Carlos Loret de Mola, Salvador Camarena, y Juan Pardinas, director del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).
La investigación fue realizada por Artículo 19, R3D Social Tic, acompañados con The Citizen Lab.
En La Silla Rota te presentamos cinco claves para entender cómo el gobierno mexicano espiaba a este grupo de personas.
1. El gobierno de Enrique Peña Nieto, por medio de la Secretaría de Gobernación y Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), adquirió un malware llamado Pegasus, el cual fue creado por la empresa israelí NSO Group para investigar únicamente criminales.
2. Este virus para espionaje se instaló en los teléfonos celulares de los afectados, por medios de links promocionales o de noticias falsas, a los cuales se les dio click. Con este malware, el gobierno podía acceder a micrófonos, cámaras, fotografías e información, llamadas, mensajes de texto, correos electrónicos, los cuales eran transmitidos directamente.
3. Las personas que fueron ‘hackeadas’ por el gobierno son: De Aristegui Noticias, Carmen Aristegui y su hijo Emilio; Rafael Cabrera y Sebastián Barragán. De Televisa, Carlos Loret de Mola. De Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, Daniel Lizárraga y Salvador Camarena. Del Centro Miguel Agustín Pro Juárez, Mario Patrón, Stephanie Brewer y Santiago Aguirre. Del IMCO, Juan Pardinas y Alexandra Zapata. De El Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo. Contra PESO, Luis Encarnación y del Instituto Nacional de Salud Pública, Simón Barquera.
4. De acuerdo con el NY Times, cada hackeo exitoso de celular, costó al erario 77 mil dólares.
5. El envío del virus a los smartphones de los periodistas y activistas, fue después de que los afectados hicieran señalamientos o críticas al gobierno federal, durante el año 2016.
lrc