Ante la alarma que levantó Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México y presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) sobre el regreso a las calles de miles de presos, ha encontrado respuestas críticas de partes de jueces en reclamo a las fallas de los mandatarios estatales en la aplicación del presupuesto que se otorgó para la implementación del nuevo Sistema de Justicia Penal.
Mancera, en representación de los gobernadores del país, lanzó un duro ataque en contra del nuevo Código Penal que ellos presumen ha llevado al aumento de las cifras de delitos en los últimos meses, a un año de su entrada en vigor
Para los gobernadores, el nuevo sistema ha abierto las puertas de las cárceles para que salgan libres los delincuentes debido a la presencia de un modelo “híper garantista”, el cual permite a criminales de bajo impacto seguir su proceso judicial en libertad pese a ser detenidos in fraganti.
“Mientras las cárceles se vacían, las calles se llenan de delincuentes”, comentan los mandatarios en voz baja, según detalla de El País.
En contraparte, jueces han respondido a los gobernadores acusándolos de malversar fondos millonarios que se les entregaron desde 2008 para alistarse ante la entrada en vigor del nuevo sistema de justicia penal.
En total, el Estado destinó casi 15 mil millones de pesos para construir salas orales y capacitar a la policía y al Ministerio Público en su trabajo pericial, sin embargo, los jueces señalan que ocho años no les alcanzaron para cumplir con dichos requisitos.
Otro de los problemas que presenta la implementación del nuevo sistema de justicia penal, según el Centro de Investigación para el Desarrollo (CIDAC), un 25 por ciento de los policías no sabe rellenar un informe policial y el 75 por ciento de los ministerios públicos presenta fallas graves en la recolección de evidencias.
“Tenemos un sistema judicial de primer mundo que se apoya en una policía de cuarta”, indicó un magistrado citado por El País.
José Ramón Cossío, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), comentó que los gobernadores “no están haciendo autocrítica y echan la culpa a otros. Los jueces somos el último eslabón de la cadena judicial y parece que lo resuelto por el juez es lo único que está mal y que todo lo anterior está bien y eso es injusto e irresponsable”.
El ministro agregó que “mucha gente dijo que como era una reforma judicial se trataba de un asunto exclusivamente de los jueces, pero la reforma implica a muchos actores que debían aprender cosas nuevas y nadie pensó en eso. Se creyó que el sistema penal era cambiar a unos jueces, ponerles unas togas, darles salas de audiencia y que todo lo demás, por una extraña razón, se iría ajustando solo. Cosa que no ha sucedido”.
A los gobernadores también les alarma la situación con las personas detenidas por portación de armas, delito que en el nuevo sistema se considera “no grave”, por lo que estos delincuentes pueden seguir su proceso en libertad.
Otra preocupación es la decisión de la SCJN para permitir a los presos condenados revisar su caso de acuerdo con el nuevo código, lo que les abriría la puerta de la calle.
“La delincuencia se está aprovechando de un sistema híper garantista y lo que queremos es un equilibrio entre los derechos de los imputados y los derechos de las víctimas”, reclamó el pasado lunes Omar Fayad, gobernador de Hidalgo. A lo que los jueces comentaron que la prisión preventiva para “delitos no graves” se reemplaza con la utilización de brazalete electrónico o el embargo de cuentas, así como con la prohibición de salir de una zona determinada, aunque consideran que estos mecanismos no han sido contemplados.
Horacio Vite, secretario de Estudio y Cuenta en la Suprema Corte, llamó a no hacer cambios por vaivenes políticos al Código Penal, pues tardará más de 15 años en funcionar plenamente.
“Si empezamos a meter más y más delitos graves a ese catálogo de prisión preventiva volveríamos al modelo anterior. Ahora es la posesión de armas, pero la próxima vez querrán introducir otros nuevos de alto impacto. El problema no está ahí sino en combatir a ese delito”, aseguró.
En materia de derechos humanos, el abogado Juan Carlos Gutiérrez acusó a Mancera de hacer un “populismo punitivo”, pues sus demandas entrar en un contexto electoral.
“Las cárceles están llenas de gente inocente o condenada por delitos menores que sólo se perfeccionan dentro como delincuentes. Si continúa el anterior sistema volverán a repetirse sucesos como el de la cárcel de Acapulco la semana pasada”, comentó el abogado sobre los 29 muertos que dejó una presunta riña en el penal de Las Cruces la semana pasada.
Por otra parte, en una columna publicada en El Universal, Ignacio Morales Lechuga, ex titular de la PGR, señaló que los gobernadores no han cumplido su obligación de formar recursos humanos para la implementación del nuevo sistema penal.
“El sistema no está mal, lo que falla es su aplicación, de tal suerte que no bastará con desarrollar recursos humanos si el Estado no pone en práctica medidas preventivas del delito, la mayoría de carácter económico y social, las cuales combinadas con este nuevo sistema de justicia, inhiban la comisión de más ilícitos, el reto es vencer la impunidad como el principal factor detonante delictivo, ya que, como bien sabemos, delito que queda impune, se repite”, lanzó.
lrc