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Chocan gobernadores del PAN con AMLO por “superdelegados”

Firman desplegado 12 gobernadores, donde reclaman al presidente electo que, en cuestiones de seguridad, el esquema los relega a un concepto de meros invitados

Escrito en NACIÓN el

Los gobernadores emanados del Partido Acción Nacional (PAN) arremetieron contra los llamados coordinadores estatales conocidos como “superdelegados” y se dijeron sorprendidos por la intención de supeditarlos a estas figuras y colocar a los dirigentes estatales y a los fiscales de las entidades como meros invitados.

Ese desdén es inaceptable para nosotros, porque no sólo pone en riesgo estos objetivos, sino resulta inconcebible una solución de fondo al problema de la inseguridad y la delincuencia en el país, sin la concurrencia efectiva de los gobiernos estatales”, informaron en un desplegado dirigido al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), que saldrá publicado este viernes 23 de noviembre.

El documento lo firmaron los gobernadores de Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval; Baja California, Francisco Arturo Vega de Lamadrid; Baja California Sur, Carlos Mendoza Davis; Chihuahua, Javier Corral Jurado; Durango, José Rosas Aispuro Torres; Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo; Nayarit, Antonio Echevarría García; Puebla, José Antonio Gali Fayad; Querétaro, Francisco Domínguez Servién; Quintana Roo, Carlos Joaquín González; Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca; y Yucatán, Mauricio Vila Dosal.

Aprueba Senado Ley Orgánica que crea "superdelegados"

El federalismo es una decisión constitutiva de la nación mexicana. Un arreglo institucional que asigna responsabilidades y deberes para mejor proveer al bienestar de los mexicanos.

Si bien nuestro federalismo enfrenta problemas y desafíos incuestionables, sobre todo en las materias hacendaria y de seguridad, debe ser el punto de partida para que el Estado mexicano construya capacidades suficientes y eficaces para garantizar los derechos de las personas, prestar servicios públicos con eficiencia, preservar la gobernabilidad democrática y hacer valer el Estado de Derecho”, se lee en el documento.

Por ello, los gobernadores firmantes resaltaron que la condición esencial de funcionamiento de un Estado federal es la coordinación, la colaboración y la ayuda subsidiaria entre los órdenes de gobierno. “Desde esa convicción, expresamos nuestra disposición a construir con el nuevo gobierno instituciones sólidas y políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de nuestros ciudadanos, erradicar la corrupción, mitigar la desigualdad y restaurar la convivencia pacífica en nuestras comunidades”.

Los gobernadores indicaron que sus gobiernos colaborarán, en el ámbito de su competencia, con las autoridades federales.

Pero la colaboración no debe ser entendida como sometimiento de los órdenes locales incluyendo a las autoridades legítima y legalmente elegidas para gobernar, como es nuestro caso. El país se construye de abajo hacia arriba, desde el espacio local. Resolver los problemas requiere conocimiento del territorio, cercanía con la población y atención a las peculiaridades de cada región. Las prioridades regionales deben definirse de manera conjunta, considerando las condiciones particulares de cada entidad federativa. No se imponen desde el centro”, advirtieron.

La colaboración en materia de seguridad –resaltaron– debe ser abordada bajo una óptica estrictamente institucional, blindarla de componentes y fines político-electorales, para hacerla un campo de neutralidad política que eleve la mirada por encima de diferencias ideológicas, considerando en ello factores de responsabilidad legal y representatividad entre autoridades, eficiencia, secrecía, profesionalismo.

Reconocieron la contribución que las fuerzas armadas mexicanas realizan todos los días por la seguridad de los ciudadanos y dijeron estar de acuerdo en la “imperiosa necesidad de que continúen con esa extraordinaria labor de apoyo a la seguridad de la sociedad mexicana”.

Sin embargo, advirtieron que su presencia responde a una necesidad provocada por la omisión política de construir capacidades civiles.

mlmt