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Canadá y UE reclaman a Nahle por freno a inversiones en energía

La embajada de Canadá y la UE expresaron su preocupación sobre el acuerdo con el que se negaría la entrada en operación de nuevas centrales de energía renovable

Escrito en NACIÓN el

La embajada de Canadá y la Delegación de la Unión Europea, por separado, alertaron sobre el freno a las inversiones de energía renovable en el país.

El pasado viernes 15 de mayo la Secretaría de Energía (Sener) publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo mediante el cual la dependencia asume totalmente el control del Sistema Eléctrico Nacional y frena inversiones en energías limpias o renovables.

A través de una carta, Embajadores miembros de los Estados pertenecientes de la Unión Europea expresaron una preocupación con respecto a estas decisiones adoptadas en el sector de las energías renovables en México. 

En el escrito los Embajadores solicitan a Rocio Nahle una reunión con las autoridades mexicanas para valorar las últimas medidas adoptadas en el sector de las energías renovables.

La preocupación se debe al Acuerdo publicado para garantizar la eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad y seguridad del Sistema Eléctrico Nacional (SEN), con motivo del reconocimiento de la epidemia generada por el virus SARS-CoV2 (COVID-19) publicado por el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) el 29 de abril de 2020.

“Esta decisión sobrevenida del CENACE de suspender con plazo indefinido la entrada en operación de plantas de energías renovables y limitar la generación por centrales eólicas y fotovoltaicas en operación amenaza desincentivar la inversión privada, incluida la extranjera, según nos trasladan varias empresas europeas”, señala la carta.

En este sentido la Comisión Federal de Competencia Económica habría considerado que “algunas de sus disposiciones tendrían efectos contrarios al proceso de libre concurrencia y competencia económica en el mercado de generación de energía eléctrica” y, por eso, recomienda que “las medidas que adopte el CENACE, a propósito de las centrales eólicas y fotovoltaicas en operación, estén basadas en estrictos criterios técnicos directamente vinculados a aspectos de confiabilidad, continuidad y estabilidad del SEN, y que estos criterios se hagan del conocimiento público”. 

Tal decisión del CENACE impactaría negativamente 44 proyectos de generación de energía limpia en 18 Estados de la República, lo que pondrá en riesgo inversiones, incluyendo las de empresas de la Unión Europea, que superan los 6,400 millones de dólares.

En el escrito también señala que anteriormente había inquietudes de varias empresas europeas involucradas en el desarrollo y fomento de las energías limpias en México frente a algunas decisiones gubernamentales que, señala, afectan al sector como la suspensión indefinida de las subastas de electricidad de fuentes de energía limpia y el cambio de la Regulación de los Certificados de Energía Limpia.

(Cuartoscuro)

Por esto la Delegación de la UE había solicitado a la SENER organizar una reunión, sin embargo, nunca se concretó.

La carta es respaldada por los Embajadores de Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Dinamarca, España, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Iralnda, Italia, Polonia, Portuga, Checa, República Eslvaca, Rumania, Suecia, y Países Bajos. 

Canadá también alerta de riesgo

Por separado, la Embajada canadiense en México consideró que esto pone en riesgo proyectos de energía renovable de empresas canadienses en México.

En una misiva fechada este 15 de mayo y también dirigida a la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, el Embajador de Canadá en el País, Graeme Clark, aseveró que el acuerdo, como otras medidas, cambios en la ley y políticas, atentan contra la inversión de energía renovable en México.

"En los últimos meses, empresas canadienses con inversión y proyectos en el País han enfrentado diversos desafíos manifestando su preocupación por la política de cancelación de subastas de energía limpia; la publicación en octubre 2019 del Acuerdo por el que se modifican los lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de Certificados de Energía Limpia, así como el retraso en consultas y autorizaciones por parte de diferentes autoridades", manifestó el diplomático.

El pasado 15 de mayo Rocío Nahle García, solicitó con carácter de urgente la publicación del Acuerdo por el que se emite la Política de Confiabilidad, Seguridad, Continuidad y Calidad en el Sistema Eléctrico Nacional del Centro Nacional de Control de Energía, sin someterlo al procedimiento de mejora regulatoria que permitieran demostrar las consecuencias que tendrían las nuevas reglas en el sector. El acuerdo, que entrará en vigor a partir de este sábado 16 de mayo,

Coparmex y Concamin se suman a reclamos

Ante el acuerdo de la Secretaría de Energía publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF), la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos (Concamin) se sumaron a los reclamos. 

Para la Coparmex el decreto es una acción "temeraria" que ahuyentará inversiones en el país, por lo que habrá mayor desempleo.

La Coparmex aseguró que habrá varios afectados que acudan a tribunales nacionales e internacionales para exigir el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano.

"El gobierno federal una vez más, vuelve a exacerbar la incertidumbre jurídica e inhibe la creación de futuros empleos, al pretender cambiar las reglas del mercado bajo las cuales se planearon y ejecutaron las inversiones, que desde el 2014 que entró en vigor la reforma energética ha permitido el crecimiento exponencial de las energías limpias".

Por su parte, la Concamin coincidió que la decisión afecta la inversión privada nacional y extranjera en proyectos que generarían empleos y ayudarían a avanzar en el equilibrio entre energías renovables y las provenientes de recursos no renovables, como es el petróleo.

También la calificó como un mensaje contradictorio que, en medio de la pandemia del coronavirus y justo cuando México debe generar certeza, se tome una decisión que a todas luces solamente responden a un criterio cerrado de los titulares de la Secretaría de Energía y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).