Políticos, analistas y ciudadanos se opusieron al “pase automático” del actual titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Raúl Cervantes, a la Fiscalía General de la República, pues eso “significaría imponer a un guardaespaldas transexenal del actual régimen”.
De acuerdo a un desplegado publicado en el diario Reforma, titulado “No a la impunidad transexenal”, también se opusieron a que cualquier otra persona ligada a los intereses del poder sea el Fiscal General por los próximos nueve años, como establecen las reformas constitucionales de 2014.
Recordaron que en la discusión se soslayó la posibilidad real de crear una fiscalía independiente de los poderes políticos, por lo que se determinó que quien fuera procurador en el momento de la transición se convertiría automáticamente en el primer fiscal “autónomo” transexenal por un periodo de nueve años.
Sobre el actual titular de la PGR, Raúl Cervantes, quien sería beneficiado con la medida antes expuesta, comentaron que este personaje “es un reconocido militante y abogado del PRI, que pertenece al primer círculo presidencial, lo cual implicaría un obvio sesgo en su actuación como fiscal general”.
Reclamaron que el régimen priísta está en contra de una verdadera autonomía e independencia en la institución que reemplazará a la PGR. Acusaron que el partido tricolor busca garantizar protección e impunidad más allá del presente sexenio a quienes se han enriquecido y beneficiado ilegalmente al amparo del poder.
Otro de los puntos que exigen en el texto es que “el objetivo central del diseño de la ley orgánica de la Fiscalía General de la República debe ser construir una institución realmente autónoma, independiente y profesional, que responda con imparcialidad a la razón técnica de la ley y no a criterios de oportunidad política, que sea un pilar sólido del Estado de Derecho, la justicia, la seguridad pública y la gobernabilidad democrática”.
Destacaron que es necesaria una reforma integral al artículo 102 que contemple aspectos que garanticen la autonomía, independencia, funcionalidad operativa, personal calificado y suficiente, transparencia y rendición de cuentas de la Fiscalía General.
Las leyes para regular la Fiscalía General deben ser resultado de un amplio debate técnico, informado, transparente y con una importante participación de la sociedad civil, agregaron.
Como último punto, exigieron que se cambie el proceso para la selección y designación del Fiscal General, de modo que se asegure que la persona elegida no tenga filiación partidista y cuente con una reconocida trayectoria de honestidad, congruencia e imparcialidad.
Llamaron a que se elija “a alguien que no le tiemble la mano para hacer aplicar la ley a quien la haya violado, sea quien sea”.
Los personajes que firmaron este desplegado son: Agustín Basave, Alejandra Barrales, Alejandro Chanona, Alejandro Madrazo, Alfredo Figueroa, Armando Ríos Piter, Catalina Pérez Correa, Cecilia Soto, Clara Jusidman, Clemente Castañeda, Cuauhtémoc Cárdenas, Dante Delgado, Denise Dresser, Emilio Álvarez Icaza.
También Enrique Provencio, Federico Reyes Heroles, Fernando Belaunzarán, Fernando Elizondo, Fernando Herrera Ávila, Francisco Martínez Neri, Guadalupe Acosta Naranjo, Gustavo Madero, Héctor Aguilar Camín, Javier Corral, Javier Sicilia, Jorge Castañeda, Jorge Javier Romero, José Woldenberg.
Además Juan Francisco Torres Landa, Juan Ramón de la Fuente, Marko Cortés Mendoza, Martha Tagle, Pablo Girault, Paulo Diez Gargari, Porfirio Muñoz Ledo, Raúl Trejo Delabre, Ricardo Anaya, Ricardo Becerra, Roger Bartra, Santiago Creel y Sergio Aguayo.
lrc