Bajo el argumento de tener un marco legal en materia de ciberseguridad, Morena pretende avalar, en comisiones en la Cámara de Diputados, una reforma constitucional para combatir las noticias falsas que, desde su óptica, pueden afectar la gobernabilidad del Estado mexicano.
La propuesta fue hecha por el diputado morenista Javier Salinas Narváez, en septiembre de 2019, pero ha salido a la luz para dictaminarse en la Comisión de Puntos Constitucionales, que preside la diputada Aleida Alavez, de Morena.
El dictamen de reforma a la Constitución se enlistó en los asuntos de la Comisión, para este jueves, pero este mismo martes se decidió que se postergara hasta la realización de un parlamento abierto, la próxima semana.
En entrevista con La Silla Rota, Aleida Alavez precisó que, a solicitud de varios diputados, se abrirá a debate la pertinencia de la ley, pero dejó claro que -desde la perspectiva de Morena- legislar en la materia es un tema urgente y un pendiente del Congreso.
“De que es un tema pendiente entre las tareas del Congreso, lo es. Y primero queremos darnos esta facultad de legislar en la materia, pero hemos escuchado que no hay necesidad, que puede hacerse desde las leyes secundarias, para eso es que abriremos el parlamento abierto, para garantizar la pertinencia de esta reforma”, dijo.
Dictamen Ciberseguridad 02-02-2021 by La Silla Rota on Scribd
El dictamen que ya circuló entre los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales parece, a simple vista, no tener mayores implicaciones, pues sólo pretende ampliar las facultades de legislación del Congreso, en materia de ciberseguridad.
Pero en la exposición de motivos se detalla que las noticias falsas son un asunto de seguridad nacional, pues a través de éstas se “vulnera la gobernabilidad” del Estado en varios rubros, como la educación, la salud y procesos electorales.
Para la diputada federal de Movimiento Ciudadano Martha Tagle, el único sentido para retomar esta propuesta, luego de más de un año de estar estancada, sería abrir las puertas a una regulación más detallada, como la propuesta por Morena en el Senado para establecer límites a las empresas de redes sociales en cuanto al manejo de contenidos.
“No tiene sentido que desechen propuestas de reforma para facultar al Congreso a realizar sesiones virtuales en situaciones de emergencia y nos citen para avalar esta propuesta que tiene un año guardada, y cuando en el pleno no se podría discutir.
“Yo considero que los legisladores, al menos no todos, no somos expertos en materia de ciberseguridad y regulación del mundo virtual, por eso considero que debería hacerse un parlamento abierto, no entiendo la prisa de aprobar esta semana”, detalló en entrevista.
¿QUÉ DICE LA PROPUESTA?
El dictamen que se pretende avalar en la Comisión de Puntos Constitucionales sólo agrega un enunciado al punto 29 del artículo 73 de la Constitución, para facultar al Congreso de la Unión a expedir leyes en materia de seguridad nacional “que incluyan la seguridad cibernética y la protección de derechos humanos en el ciberespacio”.
En la argumentación de la propuesta se exhiben las intenciones de la misma: “mantener la gobernabilidad y confianza en la gestión de procesos, cuando se suele ser víctima de campañas de desinformación en línea (a través de noticias falsas)”.
La propuesta también señala que “la población en general es vulnerable a las noticias falsas, puestas estas pueden incidir o permear su opinión”, y afirma que las noticias falsas son, “últimamente, una constante en temas delicados”.
Para Rubén Vázquez, especialista de la UNAM, la reforma busca regular conductas y contenidos en las redes sociales “muy a la ligera”, pues pone en el mismo nivel de peligrosidad delitos como el ciberacoso y los de carácter financiero.
“Este dictamen sólo dice que el Congreso puede legislar en materia de ciberseguridad, aparentemente no es gran cosa, pero ¿quién dice que a las redes sociales las puede normar el Estado? Tendría que haber un acuerdo extraterritorial”, detalló en entrevista.
¿QUÉ RELACIÓN HAY CON LAS REDES SOCIALES?
Rubén Vázquez explicó a La Silla Rota que, tanto en Estados Unidos como en Europa, hay un gran debate sobre qué son las redes sociales y cómo regularlas. Si se consideran un servicio de telecomunicaciones, no pueden hacerse responsables por sus usuarios.
Desde hace unas semanas, el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, adelantó su iniciativa para “garantizar la libertad de expresión” en las plataformas de redes sociales, que en papel pretende regular la manera en que las empresas como Facebook y Twitter determinan la eliminación de cuentas y contenido específico de sus espacios.
La propuesta hecha por Monreal detalla que las empresas de redes sociales deberán tener un permiso de operación en México que les otorgue el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), mismo que podrá recibir quejas por parte de los usuarios y multas a las empresas por incumplir la ley al momento de bajar un contenido.
Para Rubén Vázquez, esta reforma pone a las redes sociales, justamente, en el tratamiento como un servicio de telecomunicaciones, por lo que no son responsables del comportamiento de los usuarios dentro de su plataforma.
Además, solicitar permisos al IFT para cambiar algoritmos o para poder ofrecer el servicio en territorio nacional, podría vulnerar el secreto industrial con el que estas empresas trabajan sus plataformas, lo que al final afectaría también el libre comercio.
Sobre la propuesta de que cada empresa deberá contar con un comité compuesto de especialistas en materia de derechos humanos, para determinar si es procedente que un contenido se retire de la red, Vázquez admitió que es una buena propuesta.
NUEVA LEY PARA DEFENDER A USUARIOS
Este martes, el diputado Javier Hidalgo (Morena) presentó una iniciativa que pretende emitir la Ley Federal de Protección al Usuario Digital, con la que se busca “cuidar que no se infrinja la libertad de expresión, ni tampoco propagar contenido ilegal”.
Pero en el artículo 19 de la propuesta de ley se especifica que “los servicios digitales de intermediación no serán responsables del contenido que en ellos se transmita”; lo que podría entenderse como que se les exime del comportamiento de los usuarios.
“Si pones eso en la ley, entonces ¿para qué los regulas? Si no son responsables, ¿tiene sentido regularlos? Es muy extraño. Los eximen de una corresponsabilidad que sí tienen, pues las redes inciden en asuntos públicos”, detalló Rubén Vázquez.
Para la diputada Martha Tagle, cualquiera de estas reformas requiere, necesariamente, de un ejercicio de parlamento abierto y, avanzarlas “al vapor” podría ser contraproducente. “Una propuesta así abre un enorme paradigma de cómo se entiende una red social y cómo se entiende la seguridad nacional”, apuntó la legisladora.
Como especialista en el tema, Rubén Vázquez aseguró que cualquier reforma en la materia debería ser parte de una “decisión colegiada” y, la normativa, ser más sensible al poder económico de las empresas que al derecho de las audiencias.