La Fiscalía General de la República (FGR) promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) un recurso en contra del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que le ordenó entregar información sobre la investigaciones sobre presuntos delitos electorales que involucran al hermano del presidente Pío López Obrador.
De acuerdo con La Jornada, la Fiscalía encabezada por Alejandro Gertz Manero impugno la decisión tomada del Tribunal, donde dio la razón a Instituto Nacional Electoral (INE), quien solicitó copia de las carpetas de investigación iniciadas por cada uno de los casos referidos.
Según la FGR se trata de investigaciones en curso, donde aún no se ha esclarecido si efectivamente se cometió algún delito electoral, ni sus presuntos responsables, por lo que su difusión podría afectar el debido proceso.
Entre octubre de 2020 y enero de 2021, el INE envió directamente a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), las solicitudes para que se le entregara dicha información y le respondieron que estas investigaciones estaban resguardadas.
Ante ello, el INE acudió al Tribunal quien ordenó a la Fiscalía que entregara la información solicitada; sin embargo, la dependencia señaló que el TEPJF no tenía autoridad para obligarla a entregar información sobre un asunto que es de naturaleza penal más que electoral.
TEPJF PIDE EXPEDIENTE DE PÍO
El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que el Instituto Nacional Electoral (INE) sí tiene competencia para solicitar a la Fiscalía General de la República copias del expediente sobre las donaciones que David León hizo a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador.
La defensa de Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, afirmó a La Silla Rota en octubre que la investigación que existe en su contra es ilegal y está viciada de origen, porque el video que se aportó como supuesta prueba de delitos electorales se obtuvo de manera ilícita, a través de la intervención de comunicaciones sin autorización judicial.
kach