La Cámara de Diputados recibió esta mañana la iniciativa que envió el presidente López Obrador con carácter de preferente en materia eléctrica. El documento de 18 cuartillas con fecha de 29 de enero modifica nueve artículos de la ley de la industria eléctrica.
Gonzalo Monrroy, experto consultado por La Silla Rota explicó que la iniciativa no es otra cosa que transformar en ley el controvertido “Acuerdo Nahle” conocido en mayo del 2020 que causó amparos por particulares y el cual suspendió la Corte de manera temporal mientras revisa el fondo del asunto. “Están tratando de mayoritear lo que no han ganado en las Cortes”, afirmó.
El llamado Acuerdo para Garantizar la Eficiencia, Calidad, Confiabilidad, Continuidad y Seguridad del Sistema Eléctrico Nacional resume que el Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) privilegia la generación de plantas llamadas must run de arranque más acelerado; y suspende el otorgamiento de licencias para pruebas pre operativas de plantas fotovoltaicas y eólicas.
Monrroy contextualizó “con los cambios presentados en esta iniciativa prácticamente se vuelve una ley los acuerdos de abril y mayo 2020 entre la Secretaría de Energía y el Cenace donde ser reorganizaba el sistema eléctrico nacional para darle preferencia principalmente a las plantas de la CFE”. Consideró que la propuesta “da la vuelta” al Poder Judicial.
“La semana pasada la Corte debió haber resuelto el tema justo de la controversia constitucional de Cofece y hablar de fondo de estos acuerdos. Lo que está haciendo esta iniciativa preferente es brincarse la resolución de la Corte que fue aplazada de forma indefinida para cambiar la ley. Este retroceso es brutal en el sentido más amplio pues hay cambios importantísimos: uno es el del despacho para favorecer a CFE pero más importante es la extinción de la figura de autoabastecimiento que es Pilar de la productividad de las empresas lo que se pega en la competitividad y productividad nacional. Es una pésima noticia y una maniobra legal de leguleyo”, resumió.
En su exposición de motivos el presidente planteo términos como “política neoporfirista” para describir las últimas tres décadas del país en cuanto a la privatización de empresas públicas. Y reiteró, como en su discurso de los últimos ocho años, que la reforma energética debe ser modificada.
La iniciativa prioriza de la siguiente forma la generación de energía: primero las hidroeléctricas; segundo, otras plantas de CFE (nuclear, geotérmica, ciclos combinados y termoeléctricas). Tercero, energía eólica o solar de particulares. Y cuarto y último, empresas privadas.
La Silla Rota ha dado seguimiento al tema cuando el 25 de mayo la Corte frenó el “Acuerdo Nahle” publicado el 15 de mayo en el Diario Oficial de la Federación para proponer una nueva política en el sistema eléctrico nacional. Como respuesta diversos actores, entre ellos la organización ambientalista internacional Greenpeace, se ampararon. El tema causó tal polémica que el titular de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, César Hernández, renunció a su cargo.
En diciembre La Silla Rota publicó un reportaje en el que expertos consultados consideraron que el poder judicial funciona como un "guardaespaldas" del presidente López Obrador al posponer la resolución de diversas acciones legales interpuestas por opositores al gobierno de la 4T. Y uno de estos temas es la suspensión contra el "decreto Nahle".
Las reacciones
En su cuenta de Twitter el presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ignacio Mier, adelantó que mañana propondrá a la bancada oficialista de la 4T (Morena, partido Verde, del Trabajo y Encuentro Social) dar prioridad a las iniciativas presidenciales para aprobar este mes dos: outsourcing y ley de la industria eléctrica.
Solicitaré mañana a nuestros compañeros de la coalición #JuntosHaremosHistoria en la @Mx_Diputados que nuestra agenda prioritaria para el mes de febrero sea el outsourcing y la Ley de la Industria Eléctrica.— Ignacio Mier Velazco (@NachoMierV) February 2, 2021
Por su parte el priista Enrique Ochoa, presidente de la comisión de energía y ex titular de CFE en San Lázaro, afirmó que la propuesta será en términos económicos cara, ineficiente y elevará el costo de la energía eléctrica. Consideró que se prioriza el combustóleo por encima de las energías naturales.
Víctor Ramírez especialista en energías renovables tuiteó que esta iniciativa convierte a la CFE en un monopolio "pero no la fortalece" y advirtió que se viola la constitución.
Está iniciativa solo le da poder monopolio a @CFEmx pero NO la fortalece. Le hará comprar energía cara y contaminante, porque es suya, pero nos obligará a pagarlo a los mexicanos. Encarece y bloquea la creación de empleos, espanta la inversión y viola la Constitución. https://t.co/i5i75Erngq— Victor Ramirez C. (@vicfc7) February 1, 2021
Mientras que José María Luján, abogado con especialidad en temas de energía eléctrica, adelantó que la iniciativa viola tratados además de la ley de competencia económica.
Lamento decirle, Presidente @lopezobrador, que sus abogados le fallaron de nuevo. Lo digo de buena fe, como abogado eléctrico. Con su iniciativa de reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, violaría la libertad de competencia económica que consagran Constitución y tratados.— José María Lujambio (@jmlujambio) February 1, 2021
Integralia Consultores también consideró que el presidente, con su propuesta, abrió la puerta para que inversionistas presenten controversias constitucionales en el marco del T-MEC “por posibles violaciones por discriminación a las empresas privadas”. Y remató “los afecta directamente dejándolos en los últimos lugares de despacho a pesar de tener precios más bajos de energía, esto genera un desincentivo a seguir invirtiendo en nueva centrales enérgicas en México y puede ocasionar perdidas a las centrales privadas que ya están operando”.
LA RUTA LEGISLATIVA
En San Lázaro la iniciativa del presidente cuenta con 30 días naturales para ser discutida y votada. De ser aprobada se enviará al Senado dónde contará con un período de 30 días naturales más para discutir y votar; de haber cambios, se devolverá a San Lázaro que tendrá un período de 15 días más para su análisis. Cuando ambas cámaras hayan aprobado la iniciativa, procede a ser publicada en el Diario Oficial de la Federación.
CRÍTICAS DEL CCE
De acuerdo con el CCE, las afectaciones de esta propuesta al país son mayúsculas, pues:
1. Abre las puertas a una expropiación indirecta de las plantas privadas al cambiar el marco legal para generar un monopolio de la CFE en el despacho de electricidad. Además de un potencial de violar lo establecido en la Constitución.
2. Atenta contra los compromisos adquiridos bajo tratados internacionales, tanto en acuerdos comerciales como en protección de inversiones y del medio ambiente, como por ejemplo los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 impulsada por la ONU y el Acuerdo de París. Esto generará que las empresas afectadas inicien procesos de paneles, arbitrajes internacionales y denuncias ante diversos tratados.
3. Viola la no retroactividad de la ley, dado que ninguna norma puede ser ejecutada de forma retroactiva en perjuicio de un particular. Esto tendrá un alto impacto en inversiones ya realizadas por empresas nacionales y extranjeras, por lo que implicará indemnizaciones del Estado a dichas empresas.
4. Contraviene las garantías de certeza jurídica, de debido proceso y de contratación pública. Este acto de autoridad modificaría, de manera unilateral, los derechos de los particulares para cancelar permisos, renegociar o terminar anticipadamente contratos públicos. Va en contra de lo resuelto por el propio poder judicial federal, ya que retoma las prioridades del pliego petitorio que la CFE presentó a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) en 2019, y que han sido suspendidas definitivamente por el poder judicial mexicano, al considerar que podrían violar derechos constitucionales de forma irreversible.