El amago de Morena, en el Senado de la República, por pretender desaparecer los poderes constitucionales en Tamaulipas, en caso de no avanzar el desafuero del gobernador de la entidad, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, es “bullying político” que pone en riesgo el federalismo, así lo consideraron expertos entrevistados por La Silla Rota.
El viernes, luego de que la Cámara de Diputados avalara el desafuero del gobernador panista, el Congreso de Tamaulipas desechó, con mayoría de 26 votos, avanzar la disposición federal, lo que frenó la exposición de García Cabeza de Vaca ante las autoridades ministeriales, quienes lo acusan de defraudación fiscal.
Raúl Mejía, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), afirmó que los discursos políticos de ambos Congresos, tanto el federal como el estatal, son extremos, pues “dejan en incertidumbre de los habitantes Tamaulipas que no saben si tienen o no, gobernador”.
"Diría que es un bullying político, por parte de un senador (Ricardo Monreal) que, en lugar de estar alebrestando los ánimos, debería estar calmándolos porque de por sí las condiciones fácticas son complicadas. Con un bullying político no se resuelve nada”, dijo.
El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado y coordinador de Morena, Ricardo Monreal, afirmó que, si el Congreso de Tamaulipas no acata la resolución de la Cámara de Diputados, el Senado procedería a desaparecer los poderes en la entidad.
En Tamaulipas, la @FGRMexico debe solicitar orden de aprehensión y notificación roja para localizar y detener a la persona, y el @CongresoTams, nombrar gobernador sustituto. Declarar desaparición de poderes en un estado es facultad del @senadomexicano. Reconducción institucional. pic.twitter.com/sBMwSTwaoa
— Ricardo Monreal A. (@RicardoMonrealA) May 2, 2021
José Antonio Crespo, también académico del CIDE, coincidió en que la desaparición de poderes en un estado “no es cosa menor, es una situación fuerte, grave". No descartó que, en lo inmediato, otros gobernadores cuestionen el uso de este mecanismo legal con fines políticos e incluso electorales.
“Aunque haya disposiciones constitucionales para ello, se puede tomar como el uso de la ley para una cuestión estrictamente política que afecta nada menos que la soberanía de uno de los estados", destacó.
¿QUÉ PASÓ EN LA CÁMARA DE DIPUTADOS?
El viernes, diputados federales de Morena, el Partido Verde, Partido del Trabajo y Encuentro Social aprobaron el desafuero de García Cabeza de Vaca por el delito de evasión fiscal, por un daño de 6 mil 500 millones de pesos.
La Cámara de Diputados informó al Congreso de Tamaulipas de la decisión tomada. Éste interpuso una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y respondió que solo a ellos corresponde “determinar si procede o no el retiro del fuero”.
El senador panista Julen Rementería aseguró que Morena no cuenta con mayoría absoluta en la Comisión Permanente, por lo que no podría ni convocar a un periodo extraordinario, con el fin de que el Senado procediera la desaparición de poderes.
¿QUÉ DICE LA CONSTITUCIÓN?
Como lo señaló el senador Ricardo Monreal, declarar la desaparición de poderes estatales, es facultad exclusiva del Senado, pero esto sólo puede ocurrir si el gobernador en funciones recae en alguno de los supuestos que dicta la Constitución.
Estos son que el gobernador quebrante los principios del régimen federal, abandonar sus funciones sin causa de fuerza mayor, estar imposibilitado físicamente para desempeñar su cargo, mantenerse en el cargo después de concluido el mismo o desempeñar un gobierno diferente al que marcan los artículos 40 y 115 constitucionales.
A partir de que se recibe una petición para la desaparición de poderes en una entidad, se abre un plazo de cinco días para que el Senado convoque a un período extraordinario y determine en sesión si ésta procede o no. Si se determina que sí, se requiere contar con el voto favorable de las dos terceras partes del pleno.
El artículo 76 constitucional precisa en su fracción quita que la Cámara de Senadores podrá nombrar un gobernador provisional. El titular del Ejecutivo contará entonces con tres días para proponer una terna al Senado; y éste deberá elegir con aprobación -de nuevo-, de dos terceras partes del pleno.
¿QUÉ PAPEL JUEGA LA CORTE?
Por su experiencia como constitucionalista, Raúl Mejía consideró que este desafuero fue desaseado en tres formas: por su procedimiento, la pretensión de los efectos al Congreso estatal y la advertencia de Ricardo Monreal.
El especialista consideró que, según su lectura del artículo 111 constitucional, el Congreso local es el único facultado para remover el fuero de su gobernador como servidor público local; dijo que debe revisarse el párrafo 2 del artículo 28 de la Ley de Servidores Públicos y el artículo 44 de la Ley de Responsabilidades Administrativas de Tamaulipas.
Destacó que, en efecto, la conclusión del Poder Legislativo respecto al desafuero es inatacable en el sentido de que no puede ser revertida por la Corte. Pero, señaló, el Poder Judicial sí puede analizar el tema de fondo.
“La Corte puede decidir sobre un conflicto constitucional genuino porque tenemos a las dos Cámaras enfrentadas; y tenemos discursos muy rudos de parte de la Federación; así que la Corte puede decidir finalmente donde reside la facultad para remover el fuero".
Mejía añadió que el presidente de la Sección Instructora, Pablo Gómez, interpretó erróneamente la ley. "Se refiere a una interpretación de la Corte de 1972, pero el sistema de responsabilidades cambió a partir de 1982 y todo el sistema es nuevo”, dijo.
Consideró que la desaparición de poderes “no es un arma de la federación para socavar la condición de legitimidad de los poderes locales, esa es la mala comprensión tanto de la Sección Instructora como del senador Monreal”.
“No están evaluando que la soberanía de los estados es equivalente a la soberanía Federal, y lo que están haciendo básicamente es socavar las bases del pacto federal y ellos no lo pueden hacer”, detalló.
UN DESAFUERO EN MANOS DE ADVERSARIOS
José Antonio Crespo resaltó que este desafuero quedó en manos de los adversarios del gobernador tamaulipeco. “Al margen de las consideraciones jurídicas -que no puedo considerar si son correctas, o no-, está la tentación de retirar un fuero con propósitos políticos por parte de Morena”.
"Qué bueno que se aplique la ley a quien sea, pero ojalá el partido mayoritario y sus aliados lo apliquen parejo y no sólo a sus adversarios. Sí eventualmente el gobernador tiene una responsabilidad, se le aplica una ley y la pena correspondiente, celebraré como muchos. Pero ojalá que aplicarán también a todo mundo”, expresó.
Adelantó que, sin la mayoría parlamentaria, Morena no puede impulsar la desaparición de poderes. Así que el tema queda en manos de la Suprema Corte, si acepta la controversia constitucional; o bien, hasta septiembre según la nueva composición de la Cámara de Diputados.
"Quizás el Poder Judicial no tome el tema; no lo sé. Lo prudente es que tendríamos que esperar a ver si la Corte lo acepta y saber que resolución tomarán, antes de pensar en disolver los poderes en Tamaulipas".