El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (INDEP) dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) no puede enajenar o realizar actos traslativos de la propiedad (cambiar la titularidad de derecho o venta) de tres propiedades de Genaro García Luna, extitular de la extinta Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Federal que le fueron aseguradas en diciembre de 2020 y enero de este año.
Los tres inmuebles fueron decomisados a partir de las investigaciones que realiza el Ministerio Público en contra del ex funcionario, por el delito de enriquecimiento ilícito por un monto de 27 de millones de pesos.
La notificación fue hecha por un Tribunal Colegiado en la Ciudad de México, quien ratificó la sentencia de un juez federal el pasado 21 de junio, en la que determinó que el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado no puede iniciar el proceso de enajenación hasta que no culminen las investigaciones del Ministerio Público o emita una sentencia en la que se compruebe el delito contra García Luna, preso en Estados Unidos.
La resolución del cuerpo colegiado fue emitida luego de que el pasado Coordinador de Amparo, Agrario y Administrativo, en representación del Director del INDEP presentó un recurso de revisión contra la sentencia que, por un lado, negó a Genaro García Luna la petición de que se retiran los sellos y se le devolvieran dos propiedades en la Ciudad de México y una Morelos y por otro le otorgó una suspensión definitiva para que no se hiciera el traslado de dominio a favor del Estado de las propiedades hasta que culminen las indagaciones.
Las propiedades se localizan en calle Paseo de los Cedros Número 1, colonia Paseos del Sur, alcaldía Xochimilco; el segundo en la calle Monte del Funiar, 21, colonia Jardines en la Montaña, alcaldía Tlalpan. Ambas propiedades en la Ciudad de México.
Otro de los inmuebles está en la calle Amate, lotes 12 y 13, manzana 22, Fraccionamiento Pedregal de las Fuentes, en el municipio de Jiutepec, Morelos.
Al negar regresar las propiedades a García Luna, el Tribunal Colegiado ratificó la sentencia del juez, quien determinó que los inmuebles forman parte de la investigación, además que, al interior de ellos, se puede encontrar evidencia que permita a las autoridades integrar a la carpeta de investigación.
Además, García Luna no presentó un escrito de los bienes que se encuentran en el lugar, por lo que al permitirle que se le regresen, se abre la posibilidad que sea alterada o destruida posible evidencia.
“Conceder la suspensión para los efectos que precisa el peticionario, a consideración de quien resuelve, puede poner en peligro el orden público al que se refiere, en perjuicio del interés social, en contravención a lo previsto en el numeral 229 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en detrimento de la facultad exclusiva que prevé el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos a favor del Ministerio Público”.
En el que corresponde a una posible venta o subasta, el cuerpo colegiado, también ratificó la sentencia del juzgado, quien determinó que no puede iniciar el proceso para que las propiedades pasen a ser parte del Estado, hasta que no finalicen las investigaciones o se emita una sentencia en la que se compruebe el delito indagado.
“No se disponga en favor de terceros, debe entenderse en el sentido de la prohibición de que las potestades responsables realicen actos de dominio en cuanto a dichos inmuebles, esto es, no los enajenen o realicen actos traslativos de la propiedad respecto de los mismos”.