El Senado avaló en comisiones ajustes a la Ley de Remuneraciones, para establecer que nadie puede ganar más que el Presidente de la República, aunque legisladores de oposición criticaron la reforma.
Las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos, Segunda, aprobaron el dictamen a la minuta que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política, del Código Penal Federal y de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Echan abajo controversia de PRI y PAN contra suspensión de Ley de Remuneraciones
Senadores del PAN, PRI y PRD argumentaron que impedir que integrantes del Poder Judicial de la Federación ganen más trastoca la autonomía e independencia de ese Poder.
Advirtieron, además, que el proceso legislativo de la ley no debe ser procedente, dado que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó mantener la suspensión a la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
La ley establece que ningún funcionario podrá ganar más que el Presidente, pero se mantendrá congelada hasta que se revise su constitucionalidad en la Corte, recordó la senadora Nuvia Mayorga Delgado (PRI).
Por su parte, el senador del PRD, Miguel Ángel Mancera, alertó de los riesgos que representa la ley porque se integran sanciones al servidor público, cuando, procediendo de buena voluntad, incurra en un error y perciba una retribución mayor a la debida.
La senadora Jesusa Rodríguez Ramírez (Morena) consideró que nadie puede ganar más que el Presidente porque el país no está en condiciones económicas para pagar sueldos elevados a funcionarios ni a servidores públicos.
Con el aval de la mayoría de los legisladores, se incluyó subsanar errores aprobados en la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, armonizar la legislación y actualizar conceptos, según un comunicado del Senado.
Entre ellos, regular las percepciones de los servidores públicos de la Federación, sus entidades y dependencias. De las entidades paraestatales, fideicomisos públicos, instituciones y organismos autónomos, las empresas productivas del Estado y cualquier otro ente público federal.
Armoniza la referencia a la Unidad de Medida y Actualización (UMA), en vez de salario mínimo; como resultado de la reforma constitucional de enero de 2016. Y la legislación relativa a los delitos de corrupción por el pago y recibo indebido de remuneraciones.
djh