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Autoridades celebran grandes detenciones; casos se caen en tribunales

Se han anunciado con bombo y platillo la detención de supuestos criminales; en los hechos, las palabras se han derrumbado ante la falta de pruebas

Escrito en NACIÓN el

En el discurso, autoridades estatales y federales, han anunciado con bombo y platillo la detención de supuestos criminales relacionados con multihomicidios o asesinatos de periodistas, de defensores de derechos humanos, jueces, así como de funcionarios en activo y retiro. Sin embargo, en los hechos, las palabras de gobernadores, así como fiscales y autoridades federales se han derrumbado en los tribunales, ante la falta de pruebas que llevó a la liberación de los detenidos o la vinculación por otros delitos ajenos al homicidio.

El caso más reciente es el de Raúl “N”, persona detenida por las investigaciones del asesinato de Aristóteles Sandoval, ex gobernador de esa entidad. El pasado 23 de diciembre, Gerardo Octavio Solís Gómez, fiscal de la entidad citó a una conferencia de prensa para informar sobre una persona relacionada con el crimen.

“Hay una persona a disposición del Ministerio Público que pudiera tener relación con estos hechos, está bajo el término de 48 horas que se vence mañana, en las que tendrá que resolver el Ministerio Público su situación jurídica", dijo el funcionario.

Sin embargo, las pruebas aportadas por el Ministerio Público de la entidad fueron mínimas, por lo que la persona capturada sólo fue imputada por el delito de cohecho luego de que ofreciera a los elementos que lo detuvieron dinero para dejarlo en libertad.

“Durante la audiencia celebrada en Puerto Vallarta, el juez de control consideró que existían elementos suficientes para decretar de legal la detención, por lo que fue imputado por el Ministerio Público por el delito de cohecho mientras que su defensa solicitó la ampliación del término de las 144 horas en tanto quedó con prisión preventiva durante este lapso", informó la Fiscalía del Estado.

Por el asesinato del francomexicano Baptiste Jacques Daniel Lormand y Luis Orozco, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México detuvo a cuatro personas. El primero de ellos es Miguel Ángel “El Tinoco”, quien fue vinculado a proceso por los delitos de portación de arma de uso exclusivo de las fuerzas armadas y contra la salud, en su modalidad de narcomenudeo, hipótesis de posesión con fines de comercio.

Mientras que a tres personas detenidas durante un cateo en la alcaldía Magdalena Contreras, las cuales las autoridades capitalinas informaron que estaban relacionadas con el doble crimen, el Ministerio Público fue incapaz de comprobar su participación.

El 29 de octubre de 2020, José Alfredo Cárdenas Martínez, “El Contador”, señalado como uno de los líderes del Cártel del Golfo, salió libre del Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) 14, ubicado en Gómez Palacio, Durango. “El Contador”, sobrino de Osiel Cárdenas Guillén, exlíder del cártel del Golfo y fundador de Los Zetas, fue puesto en libertad luego de que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas no pudiera aportar pruebas en su contra para sostener los delitos de  privación ilegal de la libertad y asalto.

Otros casos más, son el de supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), detenidos por el homicidio en Colima del juez federal Uriel Villegas Ortiz y de su esposa Verónica Barajas, en junio pasado.

El 28 de junio la Fiscalía General de la República (FGR) anunció la detención de Jaime Tafolla Ortega, “El Alacrán“ y David Ulises Lara, supuestos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Aunque su captura fue anunciada como parte de las investigaciones por el homicidio en contra del juez, “El Alacrán“ fue detenido por los delitos de desaparición cometida por particulares, feminicidio y delitos vinculados a la desaparición de personas particulares, feminicidio y delitos vinculados a la desaparición de personas. Todos relacionados por el asesinato (7 de junio de 2020) de la diputada de Colima Francis Anel Bueno. Hasta el momento se desconoce su situación jurídica.

En el caso de David Ulises Lara, el Ministerio Público de la FGR tuvo más de 80 días para comprobar el delito de homicidio, luego de que le concedieran dos arraigos en contra del detenido. Sin embargo, sólo presentó pruebas creíbles para vincularlo por los delitos de delincuencia organizada, en su modalidad de delitos contra la salud y posesión de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

En mayo de 2019, el gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García Jiménez, informó sobre la detención de  Adrián "N", alias "El Pelón", presunto involucrado en la masacre de 13 personas en Minatitlán, el pasado 19 de abril del mismo año.

Sin embargo, la orden de captura de "El Pelón" no fue por el multihomicidio, si no por investigaciones ajenas que realizaba la Fiscalía General de la República.

“No estaría en la disposición de revelar de qué (se giró la orden de aprehensión), pero no es una orden de aprehensión directamente relacionada con las cuestiones de Minatitlán, porque el proceso de Minatitlán está en investigación”, expresó el gobernador Cuitláhuac García Jiménez en conferencia de prensa.

Por las investigaciones del asesinato de nueve menores y tres mujeres de la familia LeBarón, en el municipio de Bavispe, Sonora, el pasado 4 de noviembre el gobierno federal ha presumido la detención de 17 personas, sin embargo, sólo tres de ellas han sido vinculadas a proceso por el delito de homicidio. Los 14 restantes por ilícitos distintos, principalmente relacionados con narcotráfico.

(djh)