La austeridad golpeó a 30 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) que hay en el país, frente a los comicios más grandes que vivirá el país. Algunos atraviesan por el retraso en la entrega de sus presupuestos mensuales; mientras que otros enfrentarán la jornada electoral con el dinero que lograron administrar de los últimos meses del 2020.
La situación por la que atraviesan los institutos locales electorales debe resolverse de fondo, según aseguraron expertos, pues son organismos que mantienen responsabilidades de Estado y que reciben recursos para ello, que ilegalmente son retenidos.
Los reportes que cada organismo entregó al Instituto Nacional Electoral (INE) determinaron que, por esta razón, 12 de estos se encuentran en riesgo financiero y operativo –consideraron grave o moderado– para la jornada electoral del 6 de junio.
El informe final que llegó al Consejo General del INE también advierte que esto se reflejará en rubros como el pago de servicios como el Programa de Resultados Preliminares (PREP), y hasta en retrasos para el pago de salarios a funcionarios y capacitadores.
El documento "Situación Presupuestal de los Organismos Públicos Locales" detalla que los congresos estatales realizaron recortes presupuestales a las autoridades electorales, que van desde el 0.15% hasta el 88%, en comparación con el 2020. Las únicas entidades que no sufrieron recortes fueron el Estado de México y Coahuila.
Para enfrentar este escenario, las otras 30 entidades solicitaron ampliaciones presupuestales a las haciendas estatales; algunas tuvieron respuesta, otras no. En su lugar, recibieron adelantos de sus presupuestos correspondientes a los próximos meses; y aunque eso despresuriza su situación, en el fondo no resuelve la crisis, según alertó el INE.
LOS CASOS GRAVES
Tres OPLE se encuentran en una situación crítica, según detalla el informe. Se trata de los organismos electorales de Aguascalientes, que sufrió un recorte de 73.5 millones de pesos; el de la Ciudad de México, al que quitaron 587 millones; y el de Michoacán, con 104 millones de pesos menos que en 2020.
El INE consideró que, en estos casos, el riesgo para el desarrollo de las actividades electorales es considerable, porque sin dinero “se afecta la ejecución de actividades propias de los procesos electorales locales que están en curso".
Para enfrentar su situación, el OPLE de Aguascalientes ha utilizado recursos del capítulo 1000 (correspondiente a salarios) del próximo semestre. El organismo incluso llegó a poner algunos de sus inmuebles y muebles en renta, con el fin de reducir gastos.
Esta medida no evitó afectar la capacitación y contratación de supervisores y asistentes electorales para el próximo 6 de junio. El informe precisa que recibió "9.5 millones de pesos más en especie, para la impresión de documentación con Talleres Gráficos del Estado".
En el caso de la Ciudad de México, el OPLE interpuso un juicio ante la Sala Superior del Tribunal Electoral por la reducción de su presupuesto, en una entidad donde participa casi 20% de la población nacional.
El 14 de abril, el Tribunal resolvió derivar el tema a la autoridad jurisdiccional capitalina, donde se encuentra congelado el tema. De no recibir mayores recursos, "el organismo corre el riesgo de interrumpir su operación, así como de no contar con recursos para realizar los mecanismos de participación ciudadana que tiene obligación de hacer", según alertó el mismo instituto.
Michoacán, donde se elegirá gobernador en menos de 10 días, pasó de “riesgo moderado a considerable”, según el INE, porque, aunque está recibiendo recursos por parte del gobierno estatal, en realidad se trata de las ministraciones correspondientes a los últimos meses de 2021. El instituto electoral michoacano ya gastó su presupuesto correspondiente a noviembre y diciembre próximos.
Arturo Sánchez, exconsejero electoral y profesor investigador del Tecnológico de Monterrey, aseguró que la actitud que toman los gobiernos estatales frente a las obligaciones de estos organismos “es alevosa” e ilegal.
“El informe muestra muy claramente la problemática. Saben que tienen que obtener dinero para las elecciones, no puede no haber elecciones porque esa es su obligación como organismos descentralizados. No otorgar los presupuestos que, por ley corresponden a esa responsabilidad, es una actitud alevosa de varios estados”, dijo.
El especialista llamó a que el problema, que no es nuevo, se resuelva desde la misma ley, pues no se ha garantizado que los secretarios de finanzas de cada entidad estén obligados a otorgar en tiempo y forma los presupuestos que aprueban los Congresos locales.
Esto no le pasa al INE, al Instituto Nacional le aprueban un presupuesto y la Secretaría de Hacienda se lo tiene que entregar en tiempo y forma. No puede ser que organismos que tienen responsabilidades de Estado no tengan recursos que la misma ley les garantiza
RIESGOS OPERATIVOS
Son nueve los OPLE que, de acuerdo con el informe del INE, sostendrán riesgos para después de la jornada electoral del 6 de junio. Por ejemplo, el organismo de Quintana Roo no podrá realizar consultas populares en municipios. Aunque el tema llegó al Tribunal Electoral estatal y éste falló a su favor, sigue sin recibir el dinero.
El instituto electoral de Oaxaca tendría riesgos de operatividad el mismo día de la jornada electoral, además de que no podrá pagar a capacitadores y asistentes electorales los últimos pagos correspondientes al proceso 2020-2021.
En Morelos, el recorte al organismo público local electoral fue del 80%. Éste interpuso un juicio ante el Tribunal Electoral local, que declaró infundada su petición. Aunque el OPLE solicitó 243.5 millones a la hacienda pública local, solo recibió una ampliación por 75.5 millones, es decir, poco menos de la tercera parte.
El 14 de abril la Sala Superior del Tribunal Electoral desechó la impugnación que interpuso el gobernador de Morelos, Cuauhtémoc Blanco, quien se negó a otorgar más recursos. No obstante, la hacienda local le dio 15.5 millones más.
En Tlaxcala, donde también habrá elección a gobernador, el OPLE reportó al INE que está en riesgo la operatividad de órganos desconcentrados. "Quedan pendientes 25 vehículos y 80 celulares comprometidos en comodato", informó.
El instituto electoral de Tamaulipas refirió un posible riesgo de operatividad en los capítulos 1000 y 3000, de sueldos a personal de base y por honorarios trimestrales, por el atraso en entrega de sus recursos mensuales. Lo mismo el caso de Nuevo León, donde habrá elección de gobernador, el OPLE opera con el presupuesto de los últimos meses del año.
En Nayarit, el atraso del presupuesto encendió las alarmas en el INE, porque el gobierno estatal retrasó los depósitos de los primeros seis meses del año; frente a la intervención del Instituto, el Ejecutivo estatal respondió no tener dinero y sugirió que el INE absorbiera los gastos de la elección local.
En Chihuahua, en plena elección para mandatario estatal, el OPLE reportó que con ahorros del 2020 y ajustes internos ha enfrentado el proceso electoral. Pero que, de continuar así, estará en riesgo la operatividad de personal y el pago de servicios personales. Lo mismo sucedió en el caso de Sonora, donde, a pesar de tener una sentencia del Tribunal Electoral en su favor, el Congreso estatal no ha acatado la orden de entregar el gasto.
El informe solo destaca los casos de Sinaloa y Colima como los únicos que tuvieron respuesta, luego de que también se atrasara el pago de sus ministraciones. En el primero, el Ejecutivo estatal amplió el presupuesto y, en el segundo, se entregó el presupuesto atrasado. Por su parte, en Oaxaca se logró un acuerdo con la secretaría de finanzas estatal.
MJP