Un capital de 770 millones de pesos de Liconsa y Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex) está en riesgo por una posible inversión fraudulenta, a través de una financiera con presuntas operaciones simuladas, de acuerdo con las autoridades fiscales.
Un informe de inteligencia financiera, al que La Silla Rota tuvo acceso, revela que las inversiones en valores privados no cumplieron con los lineamientos emitidos por la Secretaría de Hacienda; además, al seguir la ruta de los involucrados en la recepción del recurso, se detectaron posibles actos de corrupción y delitos fiscales.
El 20 de junio de 2018 y el 11 de febrero de 2020, el exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex y Liconsa, René Gavira Segreste, investigado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por posible defraudación fiscal y triangulación de recursos a empresas fachada, celebró contratos de intermediación bursátil para la adquisición y venta de valores o instrumentos financieros con CI Casa de Bolsa SA de CV, por 700 millones (de Lincosa) y cien millones de pesos (de Segalmex), respectivamente.
El pago de ambas inversiones se garantizó con el patrimonio de un fideicomiso celebrado con Financiera Corafi, actualmente Corafi Asesores Ejecutivos.
De acuerdo con el rastreo de las operaciones financieras de Corafi, las autoridades fiscales detectaron que, de 2013 a 2020, tuvo ingresos por mil 159.9 millones de pesos, sin realizar algún pago de impuestos; además, indicó tener pérdidas en casi todos los ejercicios, excepto en 2014, cuando manifestó utilidades.
El 21 de septiembre de 2020, Segalmex recuperó 30 millones de pesos de la inversión. Debido a que los montos restantes no fueron reintegrados, el 19 de marzo de 2021 Corafi celebró con Segalmex y Liconsa un Convenio de Reconocimiento de Adeudo con Garantía Hipotecaria y/o Fiduciaria y su posterior pago por 770 millones de pesos, más los rendimientos e intereses moratorios generados.
En este convenio, firmado ante la fe del notario 113 de la Ciudad de México, David Malagón Bonilla, Corafi se comprometió a pagar los 770 millones a más tardar el 20 de abril pasado, pero no lo hizo. A la fecha, estos organismos federales no han recibido las garantías hipotecarias y/o fiduciarias suficientes para garantizar el reintegro del dinero público.
Las operaciones en esta inversión fraudulenta las realizó René Gavira, a quien la UIF indaga por posibles negociaciones indebidas y delitos fiscales, así como por recibir recursos de diversas empresas reportadas por la autoridad como posible fachada y por estar relacionado con sujetos en la lista de personas bloqueadas y formar parte de la red de Flores Drug Trafficking Organization, vinculada con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Asimismo, la autoridad detectó movimientos altos e inusuales en sus cuentas bancarias y en operaciones en efectivo. Entre estos movimientos irregulares se encuentran pagos domiciliados a American Express de México por 2.9 millones de pesos. Aunado a lo anterior, de 2015 a 2021 recibió 1.1 millones de pesos, y en 2020 adquirió un reloj en efectivo por 181 mil pesos.
No solo eso, la autoridad detectó que, en 2018 y 2019, Gavira recibió siete depósitos en efectivo por 1.2 millones, mientras que en 2018 y 2021 retiró 680 mil en efectivo. Entre 2011 y 2020, también vendió en efectivo cuatro mil 300 dólares.
Mediante el Sistema de Pagos Financieros Interbancarios (SPEI), Gavira recibió, de abril de 2019 al mismo mes pero de 2021, 4.6 millones de pesos de una persona moral y tres físicas, incluyéndolo a él, por lo que la Procuraduría Fiscal comenzó a indagarlo.
La firma Ideas y Desarrollos Sustentables S.A. de C.V. , que transfirió 3 millones de pesos; así como la delegación Cuajimalpa, que pagó 46 mil pesos; también figuran como emisores de transferencias.
Las presuntas irregularidades en la operación ordenada por René Gavira tiene más aristas: el presidente del consejo de administración de financiera Corafi es René Dávila de la Vega, también accionista de Antistes Consortio S.A. de C.V. y con operaciones en una decena de empresas más. Un oficio de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México menciona que este personaje está siendo investigado por fraude.
De 2015 a 2020, la autoridad identificó que envió transferencias internacionales por 4.1 millones de pesos y 749 mil pesos, principalmente a España y Estados Unidos. De igual manera, recibió transferencias internacionales por 251 mil pesos y 29 mil dólares, provenientes de Estados Unidos.
Fiscalmente, de 2014 a 2020 manifestó ingresos por 75.9 millones de pesos.
Es socio de las empresas Antistes Consortio S.A. de C.V., Corafi Inmobiliaria del Sureste S.A. de C.V., Desarrollos Akadama S.A. de C.V., Financiera Corafi S.A. de C.V., Fractales Iluminación y Diseño S.A. de C.V., IMI Civiles del Sur S.A. de C.V., Materiales Sofisticados Dubai S.A. de C.V. y Soluciones Corporativo Estéreo S.A. de C.V.
Además, la investigación arrojó que es dueño de 17 propiedades en Mérida, Cancún y Oaxaca valuadas en 87.6 millones de pesos.
La Silla Rota ha documentado los posibles actos de corrupción en Segalmex a través de adjudicaciones directas, sobrecostos y diferencias entre los inventarios que reporta este organismo –la Conasupo de la autodenominada cuarta transformación– y los que existen en bodegas, con base en informes de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Entre estos están mil 500 millones de pesos en maíz y frijol inexistentes. Otra irregularidad fue que Segalmex no acreditó dónde se encuentran 34 millones 732 mil dos costales blancos de polipropileno, por los cuales destinó 182 millones 106 mil 800 pesos.
Recientemente, Mexicanos Contra la Corrupción (MCC) dio a conocer que una red de empresas cuyos accionistas han participado en empresas fantasma y desvíos millonarios en ISSSTE y Sedatu recibió adjudicaciones directas de Segalmex por más de 797 millones de pesos. Estas firman comparten teléfonos y direcciones; no obstante, los socios no fueron localizados.
MCC también reveló que por las manos de Gavira Segreste pasaron dos contratos por cuatro mil millones de pesos para procesar 800 mil litros de leche al día, durante cinco años, que adjudicó directamente a favor de una empresa que carecía de infraestructura, pues se dedicaba a la construcción, y cambió de giró dos días después de que tomó posesión el actual gobierno federal.
bl