Desde mayo del año pasado se detectó que en México opera la mafia rumana, luego de la detención de dos sujetos de esta nacionalidad por clonación de tarjetas bancarias. Este martes, trascendió que se descubrió una red de políticos que supuestamente protegen a un grupo delictivo asentado en el estado de Quintana Roo y liderado por Florian Tudor, también conocido como “El Tiburón”. Entre ellos figura René Bejarano.
Aquí, todo lo que sabemos sobre la mafia rumana en el país.
¿CÓMO SE DETECTÓ?
El pasado 24 de mayo, Fabián Balan Dumitru y Dragos Rusu, fueron consignados ante un juez penal de primera instancia de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), por estar en posesión de tarjetas bancarias y un escáner para guardar información de los plásticos crediticios, publicó La Silla Rota.
Con el fin de instalar un escáner, los indiciados se dirigieron a un cajero automático localizado en la calle Miguel Ángel de Quevedo, colonia Cuadrante San Francisco Coyoacán.
Los dos sujetos fueron observados por elementos policiacos, mientras forzaban la ranura del lector de tarjetas bancarias, al revisarlos se les encontró plásticos clonados y un aparato electrónico para almacenar información
Hace dos meses entraron a México, en calidad de turistas, informaron los dos detenidos quienes manifestaron ser de origen Rumano.
PROTECCIÓN DE LA FGR
Un día después de la detención de los rumanos, se dio a conocer que la banda a la que pertenecen, cuenta con la protección de la Fiscalía Anticorrupción de la FGR, denunciaron agentes federales.
De acuerdo con los elementos descubrieron en el caso un conflicto de interés de Camilo Constantino Rivera, jefe de Unidad en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, según denuncias presentadas ante el Órgano Interno de Control de la FGR y de la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Un hermano del funcionario de la FGR, Jesús Constantino Rivera, es escolta y abogado del grupo de Florian Tudor, identificado como el líder de la banda rumana que estafa a turistas mediante una red de cajeros.
Los investigadores federales alertaron que mientras el caso de la red de clonadores se encuentra congelado, la Fiscalía Anticorrupción aceleró las diligencias contra los agentes que indagan a los rumanos por supuestos abusos de autoridad.
Tudor y sus socios, Adrián Nicolae Cosmin y Chakib Naif Al Boustany, son investigados por el FBI por fraudes cometidos en Estados Unidos y países de Europa.
Camilo Constantino forma parte del equipo que encabeza María de la Luz Mijangos, y tiene abierto un expediente contra marinos, soldados, agentes de la FGR y hasta policías locales, por abusos contra los rumanos.
Ahora Florian Tudor es una víctima y el delegado de la FGR, Javier Ocampo García, así como otros agentes, fueron destituidos.
LA FISCALÍA SE DESMARCA
María de la Luz Mijangos, fiscal Anticorrupción de la FGR, se desmarcó de los delitos por los que fue señalada y aclaró que sólo investiga a funcionarios públicos involucrados en un cateo ilegal contra Florian Tudor.
Mijangos Borja también descartó un conflicto de interés en el caso de Camilo Constantino Rivera, titular de la Unidad de Investigación y Litigación en la Fiscalía en el Combate a la Corrupción de la FGR, quien es hermano de uno de los escoltas de Tudor, debido a que el funcionario no revisa ese expediente.
La investigación está a cargo de Asuntos Internos de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos de la FGR que encabeza Adrián a Campos. Ellos también tienen una carpeta de investigación, en la que los denunciantes son los rumanos.
La funcionaria, dijo que si los rumanos están involucrados en algún delito ese tema no corresponde a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, eso es muy importante porque parecería como si nosotros vemos los dos tipos de asuntos. Si ellos (los rumanos) cometieron algún delito eso corresponde a otra área de la propia FGR o de la Fiscalía de Quintana Roo.
Mijangos insistió en que ella tiene la denuncia debido a que el cateo fue cometido por servidores públicos.
EL MODUS OPERANDI
La organización criminal proveniente de Rumania ha saqueado millones de dólares a través de cajeros automáticos alterados que colocó en destinos turísticos mexicanos como Cancún, en la Riviera Maya, y en otras zonas como Puerto Vallarta, Bahía de Banderas y Baja California.
Una investigación realizada en conjunto por el Proyecto de Denuncia de la Corrupción y el Crimen Organizado (OCCRP, por sus siglas en inglés), Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y la organización Quinto Elemento Lab, apunta a que el comienzo de esta operación se remonta a marzo de 2014, momento en el que la organización rumana, a través de la empresa fachada Top Life Servicios, obtuvo un contrato con Banco Multiva para instalar estos cajeros automáticos marca Intacash.
"Algunas de las tarjetas clonadas en México eran utilizadas para sacar el dinero en otros países. Los skimmers y recaudadores de la banda operaban en Indonesia, India, Barbados, Granada, Paraguay, Brasil, Japón, Corea del Sur y Taiwán", apuntó la investigación.
La estafa se extendió hasta mediados de 2019, por lo que el monto de lo robado a través de dichos cajeros podría sumar hasta mil 200 millones de dólares.
La banda solía usar servicios como Western Union y Moneygram para blanquear su dinero en efectivo o, como en el caso de las detenciones en Barbados, para asistir a su gente en aprietos. Empleaban a gente cualquiera para enviar o recibir cantidades relativamente pequeñas de dinero y así no hacer saltar las alertas anti-blanqueo.
“NOS PIDIÓ RECIBIR DINERO”
Eduardo Costel, de 29 años, trabajaba en la construcción de una casa cuando Rebeca Tudor, la mujer del Tiburón, se le acercó a él y a sus 10 compañeros.
“Nos pidió recibir a través de Western Union algo de dinero enviado por su marido desde México ya que ella no podía recibir el montante completo, que era grande".
"Ella necesitaba el dinero para acabar la construcción de su casa. Aceptamos y cada uno de nosotros recibió un trozo de papel con códigos de transferencia de fondos (MTCN en inglés). Yo retiré 3.000 euros de una agencia de Western Union y cada uno de los chicos retiró entre 2.800 y 3.000 euros. Cada uno obtuvo 100 leis rumanos (unos 20 euros)”.
Ese escenario se repitió una y otra vez. El dinero llegaba a través de Western Union no solo de México, sino también desde Estados Unidos y otros países. Trabajadores, estudiantes, maquilladoras, desempleados e incluso sacerdotes fueron requeridos para retirar dinero de Western Union para la banda de la Riviera Maya.
El dinero no siempre se quedaba en Rumanía. Viorel Ciortan, 47, un sacerdote ortodoxo que fue empleado por la banda no solo recibió fondos sino que envió dinero a varios países en beneficio de los criminales.
Según la policía rumana, la banda continuaba enviando dinero escondido en marcos de cuadros, paquetes de DHL, escondiéndolo en autos que exportaban de un lugar a otro o simplemente cruzando fronteras con grandes cantidades de dinero.
LOS POLÍTICOS “SALPICADOS”
Un documento de inteligencia del gabinete de seguridad del actual gobierno federal presentado en octubre del año pasado, señala que los exgobernadores priistas de Quintana Roo, Félix Arturo González Canto y Roberto Borge, forman parte de una red de protección que cubre las espaldas de la banda de Rumania.
Información de Grupo Milenio apunta que René Bejarano, líder del Movimiento Nacional por la Esperanza y exdiputado local en Ciudad de México, fungiría como uno de los principales vínculos de Tudor.
Bejarano habría usado a Morena e, incluso, bajo el nombre del presidente Andrés Manuel López Obrador para estafar a ciudadanos y empresarios de Cancún, de acuerdo con el documento.
“El Tiburón” tejió una red en 14 estados mexicanos -con centro de operaciones en Cancún- que involucra a funcionarios públicos y empresas fantasma, según señalan el FBI y la DEA, para operar en al menos 15 países.
Por parte del Partido del Trabajo (PT) y Morena se identificó a José Luis Jonathan Yong Mendoza, aspirante a diputado local de Quintana Roo, hijo de José Luis Yong Cruz, a quien las autoridades vinculan con el tráfico de indocumentados cubanos.
También aparecen políticos emanados del Partido Verde Ecologista de México, como José de la Peña Ruiz de Chávez, actual diputado local en Quintana Roo y Laura Lynn Fernández Peña, presidenta municipal de Puerto Morelos.
Roberto Estrada, expresidente municipal de Benito Juárez y Greg Sánchez, presidente municipal entre 2008 y 2010, también figuran en el informe del gobierno.
La banda rumana habría iniciado operaciones en México y Quintana Roo, cuando Félix Arturo González Canto era gobernador de la entidad (2005-2011), pero habría sido Roberto Borge (2011-2016) quien dio protección a “El Tiburón”.
(djh)