El Instituto Nacional Electoral aprobó las modificaciones que realizó la Sala Superior del Tribunal Electoral el 28 de agosto, cuando ajustó la representación proporcional de legisladores del Partido Verde para garantizar la paridad de género en la Cámara de Diputados.
Esto implicó también avalar otro acuerdo en el que dos diputados panistas (titular y suplente) fueron sustituidos porque no acreditaron su pertenencia a la comunidad indígena de San Juan Tetelcingo, municipio de Tepecoacuilco de Trujano en Guerrero.
Así los diputados "caídos" por el PAN fueron Óscar Daniel Martínez Terrazas y Raymundo Bolaños Azócar; y por el Partido Verde Jorge Octavio Herrera Borunda y Luis Armando Melgar Bravo.
Fueron sustituidos respectivamente por las panistas Ana Laura Valenzuela Sánchez y Mariana Beatriz Sabanero Zarzuela. Y por Laura Link y Fernando España, del Partido Verde.
El consejero Ucc-kib Espadas manifestó su desacuerdo en ambos casos pues consideró que en el fondo no se respetó el mandato de las urnas.
En el mismo sentido el consejero Ciro Murayama rechazó está modificación a la asignación de curules "no por algunas de las razones que están previstas en la norma, como alguien que no cumple los requisitos de elegibilidad, o se anula casillas y se cambian los cómputos", enlistó.
Y agregó que la paridad que no se ganó en las urnas no puede ser compensada con los legisladores elegidos por representación proporcional. "Me parece que la sentencia es muy deficiente, no puede haber sentencias de vanguardia hechas con estas argumentaciones".
EL DEBATE AZUL
Víctor Hugo Sondón, representante del PAN en el INE manifestó su desacuerdo con la medida del Tribunal pues consideró que los magistrados no tomaron en cuenta que el INE realizó la verificación de autenticidad de Bolaños y Mendoza en dicha comunidad indígena.
"Sin embargo, una serie de eventos trajo como consecuencia el desconocimiento por parte del mismo comisario municipal; y en conjunto con la asamblea de esta comunidad de San Juan Tetelcingo, deciden pronunciarse en contra del acuerdo designación de los escaños de representación proporcional, hecho que parece por demás increíble".
Calificó como desafortunada la decisión del TEPJF misma que es inapelable. "Deja incertidumbre en la certeza de estos actos y por supuesto cuestionan los medios por los que los partidos políticos podemos dar cumplimiento a las acciones afirmativas bajo estas condiciones", lamentó.
La consejera Adriana Favela consideró que el tema debe conducir a una reflexión y cuestionó "cómo vamos hacer para que de verdad tengamos una plena constancia, una plena acreditación de que determinadas personas pertenecen a comunidades indígenas?".
Agregó que "se debe tener un especial cuidado con las comunidades indígenas porque muchas veces se encuentran sometidas a ciertas circunstancias o presiones y pueden cambiar de una afirmación a otra".
EL DEBATE VERDE
La consejera Dania Ravel celebró la paridad de género en el Congreso pero manifestó su desacuerdo con la postura del Tribunal Electoral.
Expuso qué los magistrados desconocieron la definitividad de las listas registradas por los partidos políticos "violando así los principios de seguridad y certeza jurídica, ya que se introdujo como una nueva regla de la cual ni la autoridad ni los partidos políticos teníamos conocimiento", dijo.
Molesto el representante del partido Verde, Fernando Garibay, dijo "la verdad con todo respeto consejeras, qué festejar? Que se violaron nuestros derechos? Que no fuimos oídos ni vencidos en juicio?... Estamos llegando al punto de decirle a la ciudadanía que ya no voté por hombres que nada más voté por mujeres, porque sus votos no valen o no valen igual. Estamos enojados".
Favela tomó la palabra y respondió a Garibay que el TEPJF no modificó la voluntad de la ciudadanía en las urnas puesto que las modificaciones se realizaron únicamente en las curules de representación proporcional. Y recordó que estos ajustes se han hecho también en otras entidades Cómo Ciudad de México, Estado de México, Nuevo León, Guanajuato Morelos y Guerrero, entre otros.
El acuerdo fue aprobado por unanimidad; sin embargo, algunos consejeros manifestaron que su voto fue para acatar la sentencia del Tribunal.