Coahuila: territorio colindante con la frontera norte y donde el cártel de los Zetas asentó su principal zona de operaciones desde 2007. Tierra donde los delitos predominantes hasta 2013 eran el robo con violencia, robo de vehículos y homicidio doloso o con violencia, según datos del Observatorio Nacional Ciudadano. Donde en 2019, Torreón y Matamoros (municipios coahuilenses) concentraron la mitad de los feminicidios registrados en el estado, según información de la Fiscalía General de la entidad. Y donde en 2016 la exsecretaría de Desarrollo Social (Sedesol) determinó que Torreón era uno de los principales municipios con carencias.
Esta fue la cuna de “Juan” -al denominar así para proteger de su identidad-, al menor de once años que disparó un arma de fuego en el Colegio Cervantes, dejando heridos a seis compañeros y matando a una profesora, para luego suicidarse él.
Él aquí nació. Y más allá de los juicios públicos o conflictos que pudieran registrarse en su casa y/o familia, vivió en un entorno socialmente complicado y extremadamente violento. La entidad del norte (dominada por un cártel del crimen organizado), endureció el estilo de vida del lugar desde antes que él naciera. Así fue como los coahuilenses tuvieron que adaptarse -más no acostumbrarse-, a vivir entre el boom del narcotráfico cuyos rasgos principales fueron: complicidad de autoridades, protección de policías, cobro por derechos de piso, masacres, desaparición forzada, surgimiento de jóvenes sicarios, femicidios, toques de queda…
Esto no es solo una simple apreciación. Los datos duros así lo revelan. “La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción" sobre Seguridad Pública del Inegi (Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática) en 2019, señala que cuatro de cada diez coahuilenses desconfían de las policías estatales; cabe destacar que la percepción de confianza ha ido mejorando en los últimos dos años”.
Allí crecieron “Juan” y 797 mil niños más, señaló en 2010 el Inegi. En aquel año él tenía solo un año de edad y ya era parte de la población infantil que equivalía a la tercera parte de la población del estado. En 2018 el número creció, tanto, que el Inegi informó ocho años después “las entidades con mayores porcentajes de registro de nacimientos son Jalisco (98.7%); Zacatecas (98.6%) y Coahuila”.
Pese a sus características y perfil económico industrial (pues ahí residen Grupo Industrial Saltillo, Lala, Acerero del Norte, Grupo México y Peñoles entre otros varios), el nivel de vida en la entidad indica rezagos sociales. Cuando “Juan” tenía siete años, la Sedesol precisó (en su informe anual sobre la situación de pobreza y rezago social de 2016) que Torreón era el segundo municipio (después de Saltillo) con mayor número de personas con carencias, siendo las principales: seguridad social, alimentaria, servicios de salud y rezago educativo.
Por eso el Observatorio de la Laguna (la zona metropolitana que involucra algunos municipios de Coahuila y Durango), señaló “en 2018 la economía en Coahuila tuvo un crecimiento por debajo del PIB Nacional. Las actividades económicas secundarias tuvieron un decremento de -0.5%, afectando el crecimiento de la economía estatal”.
Esto repercutió en la población adolescente que debería poder convertirse en población económicamente activa. El Observatorio lo explicó así en ese mismo año; “en promedio 7 de cada 10 madres adolescentes tienen educación básica, mientras que 6 de cada 10 viven en unión libre. Y 9 de cada 10 no cuentan con algún trabajo”. Y resalta, “en 2018 se registraron 57 mil 190 nacimientos, de los cuales once mil 548 fueron de madres entre 10 y 19 años”.
Crecer en el rezago
En términos educativos, el Observatorio también informó de manera muy precisa que en ese año, “en Torreón hay 123 mil 928 niños y adolescentes en edad escolar de primaria y secundaria, sin embargo 15 mil 444 no asisten a clases”, subrayó. Además, precisó que de cada diez escuelas que hay allí, seis son públicas y cuatro privadas.
“Juan” fue uno de los niños que sí tuvo oportunidad de asistir a una escuela, en este caso, un colegio privado; el Colegio Cervantes, una escuela de perfil bilingüe. Es importante precisar que en 2015 (cuando él apenas ingresó a la primaria), Torreón se encontraba en una situación de rezago educativo, pues datos del Inegi publicados hasta 2018, arrojaron que aquel año uno de cada cuatro habitantes vivía en rezago educativo.
Pese a la adversidad regional, “Juan” ingresó a un colegio para estudiar y tal vez hubiera logrado consolidar una carrera profesional a futuro; pero el hubiera no existe. ¿Qué pasó entonces? Especialistas coahuilenses han señalado en los últimos meses una razón: aumento en el índice de violencia intrafamiliar.
En septiembre, en una entrevista con diario Milenio, el magistrado del Tribual de Justicia del estado, Miguel Felipe Mery Ayup, afirmó “en el centro de justicia penal se realizó un análisis trimestral sobre las causas que se llevan frente a los juicios de oralidad y control, y se contabilizaron 400 en materia de delitos contra la salud y en segundo lugar la violencia familiar con 90 causas. De ellas el 70 por ciento se reparte entre los municipios de Torreón, Viesca y San Pedro”. Y sugirió, “hay que hacer un llamado a la sociedad para dirimir los conflictos de una manera pacífica, respetuosa y con tranquilidad al interior de cada hogar”.
Los datos más recientes de incidencia delictiva del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, indicaron que de enero a noviembre de 2019, en Coahuila, los delitos relacionados con violencia familiar oscilaron con altibajos, entre 646 y mil 213 por mes.
La UNICEF (Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, organismo adscrito a la ONU), publicó el año pasado un amplio estudio sobre la violencia en el entorno de niña, niños y adolescentes en México. Al respecto, abordó el tema de la violencia digital en este sector de la población. Y citó que, además de ser ellos susceptibles -por esa vía- a contenidos agresivos y violentos con tendencias al odio, también se pretende “intimidar, hostigar, acosar o coaccionar para participar en actividades sexuales u obtener información personal; para contactar a niñas, niños y adolescentes (usualmente por parte de personas adultas) para involucrarles, con engaños, en actividades delictivas y prácticas perjudiciales off-line”.
“Con respecto al entorno escolar, las formas de violencia más cotidianas son agresiones psicológicas (discriminación, exclusión o acoso) y daños patrimoniales (ocultamiento o robos sin violencia)... Conforme las y los estudiantes crecen, las percepciones sobre el consumo de sustancias (alcohol o drogas) y portación de armas al interior de los centros educativos aumenta”, cita.
Y remata “es esperable que las y los adolescentes sean más susceptibles a sufrir algún tipo de violencia mediante Tecnologías de la Información y Comunicación, que las niñas y los niños. Sin embargo, no existen datos para la población entre 6 y 11 años que permitan confirmar o rechazar esta suposición”. ¿Podría ser este, tal vez, el caso de “Juan”?
(María José Pardo)