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ASF detecta anomalías en obras y programas clave de Peña Nieto

Obras y reformas claves en el sexenio de EPN como el NAICM, las reformas educativa y energética, el Sistema Penal Acusatorio, el Tren México-Toluca, el Paso Express y las estancias infantiles tuvieron inconsistencias

  • SHARENII GUZMÁN Y MARCOS MUEDANO
  • 20/02/2019
  • 19:39 hrs
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ASF detecta anomalías en obras y programas clave de Peña Nieto
La ASF detecta irregularidades en obras como el NAICM, Paso Exprés, reformas educativa y energética, entre otras. (Foto: Sharenii Guzmán)

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó en la revisión de la Cuenta Pública 2017 anomalías, principalmente en programas, obras y reformas que en su momento fueron claves para el gobierno de Enrique Peña Nieto, como en el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Reforma Educativa y Energética, Sistema de Justicia Penal Acusatorio, Tren Interurbano México- Toluca y Paso Express de Cuernavaca.

En la entrega de los 653 informes individuales y del Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2017 a la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, David Colmenares Páramo, titular de la ASF, destacó que por primera vez se auditaron fondos públicos que nunca se habían revisado, de los cuales se encontraron inconsistencias en el Ramo 23: Fortalecimiento Financiero (Fortafin) e Infonavit.

Los informes presentados este miércoles complementan las revisiones presentadas en junio y octubre, las cuales fueron mil 22. El total de auditorías realizadas a la Cuenta Pública 2017 fue de mil 675.

Colmenares Páramo señaló que como resultado de la fiscalización de la Cuenta Pública 2017 se emitieron un total de 9,514 observaciones, de las cuales 4,446 son recomendaciones; 204 solicitudes de aclaración; 1,932 pliegos de observaciones; 143 promociones del ejercicio de la facultad de comprobación fiscal y 2,789 promociones de responsabilidades administrativas sancionatorias.

Ante diputados de todos los partidos, el auditor indicó que los entes fiscalizados tienen 30 días para aportar elementos adicionales que pudieran contribuir a la solventación de dichas observaciones, por parte de la ASF.

“Esto significa que los resultados de fiscalización que se presentan se refieren a asuntos en proceso y que se encuentran en seguimiento, por lo que es necesario tomar en consideración estos elementos al momento de consultar los hallazgos de las auditorías”.

En el Informe General Ejecutivo de la Cuenta Pública 2017 se incluye un análisis de las áreas clave con riesgo en donde se han presentado problemas recurrentes en la eficacia, eficiencia y economía del accionar gubernamental, o insuficiencia en la supervisión y control de los procesos que los entes realizan.

 En tanto, el auditor enfatizó que la inclusión de nuevos sujetos y objetos fiscalizables derivó de un análisis estratégico de denuncias, de información de la opinión pública, así como de la revisión de auditorías en proceso que ameritaban la incorporación de nuevas acciones.

“Lo anterior enriqueció nuestro Programa Anual con temas importantes para el proceso de rendición de cuentas del país. Un hecho digno de señalar es que se encontraron varias dependencias que no habían sido auditadas y otras que, a pesar de los múltiples señalamientos de la opinión pública, no fueron consideradas”.

Agregó que esto fue gracias a la aplicación de una metodología de planeación y programación estratégica más robusta que permite evitar duplicidades, omisiones, además de que posibilita incorporar el enfoque de auditorías temáticas e integrales.

“Deseo subrayar que una de las metas que nos propusimos de origen fue realizar cambios institucionales para reforzar el enfoque preventivo de la auditoría gubernamental, pero también para ser efectivos en caso de encontrar actos de corrupción: el propósito es que la impunidad deje de ser una palabra en el diccionario fiscalizador”, dijo.

De los hallazgos relevantes, Colmenares Páramo indicó que en el programa de Escuelas de Tiempo Completo,  en el ciclo escolar 2017-2018, de las 25,134 escuelas beneficiadas, la SEP otorgó servicios de alimentación en 13,708; sin embargo, sólo el 82.8 por ciento de estos centros educativos fue susceptible de recibir este servicio, ya que se encontraban en municipios y localidades donde operó la Cruzada Nacional contra el Hambre y el Programa Nacional para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia.

“La ASF considera que, en dicho ciclo escolar, la SEP no demostró que la ampliación del tiempo de permanencia de los alumnos en Escuelas de Tiempo Completo incidiera en la mejora de los aprendizajes, en virtud de que se desconoce el nivel de logro educativo. Esto evidencia que el programa, contrario a lo dispuesto en las Reglas de Operación, no benefició exclusivamente a los alumnos de comunidades con alto índice de pobreza”.

ESTANCIAS INFANTILES

En relación al programa de Estancias Infantiles, la ASF detectó que las 9,399 guarderías carecen de indicadores y metas para el desarrollo integral de los niños, así como de información suficiente para poder afirmar si se cumplieron los objetivos previstos.

La Secretaría de Desarrollo Social, indicó la ASF, no acreditó que las estancias cumplieran con los criterios y requisitos de seguridad establecidos en las reglas de operación, así como el cumplimiento de los criterios y los requisitos de calidad establecidos en las reglas de operación del programa para ser afiliadas, y la capacitación de los responsables de las estancias en materias como protección civil.

REFORMA EDUCATIVA

A cinco años de la promulgación de la Reforma Educativa (2017), la ASF detectó que faltó  armonización de las disposiciones federales y estatales en profesionalización docente y gestión escolar; los mecanismos de coordinación fueron ineficientes; las plazas de ingreso y ascenso no se otorgaron siempre a quienes obtuvieron los mejores resultados en el Servicio Profesional Docente.

“Se encontró opacidad y discrecionalidad en el ejercicio del Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE) y se careció de un modelo de evaluación integral por parte del INEE”.

CONADE

En relación con la adquisición y contratación de bienes y servicios para la atención al deporte, la Comisión Nacional del Deporte (Conade) no acreditó el monto total del presupuesto reportado en la Cuenta Pública y se identificaron pagos por un total de 262.1 millones de pesos a proveedores que no están en los registros del SAT.

Respecto de la cultura física y el deporte, la Conade no acreditó que los beneficiarios que recibieron los subsidios cumplieron con los requisitos establecidos en las reglas de operación; careció de los criterios con los que se determinaron los montos que se les otorgaron, y no comprobó el ejercicio de los recursos asignados al deporte de alto rendimiento y a las asociaciones deportivas nacionales y órganos de cultura física y deporte. Tampoco sustentó en qué medida, con el presupuesto erogado, promovió y fomentó la actividad física, y la práctica del deporte.

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL ACUSATORIO

Respecto de la operación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio, que entró en vigor en el anterior sexenio, persistieron deficiencias en la procuración e impartición de justicia, debido a que los protocolos de la Policía Federal no cumplieron con su objeto de dotar al Primer Respondiente con instrumentos homologados para su actuación.

En lo que corresponde a la impartición de justicia por parte del Consejo de la Judicatura Federal, persiste el riesgo de la saturación del sistema que, de no controlarse, no garantizará los derechos de las víctimas, en términos de la procuración de justicia pronta, completa e imparcial.

En 2017, la Policía Federal, como primer respondiente, presentó inconsistencias entre 49.1% y 59.1% en la integración de los 13,165 expedientes de detenciones en flagrancia, en el 100% (34) de las actuaciones de investigación previas, durante y posterior al procesamiento del lugar de la intervención, y entre el 82.8% y 92.8% de las cadenas de custodia.

Por otra parte, se evidencia el riesgo de saturación del sistema de impartición de justicia.

REFORMA ENERGÉTICA

La fiscalización de la Reforma Energética en materia de hidrocarburos, implementada en el periodo 2013-2017, evidenció que los resultados observados no reflejan un avance en el cumplimiento de sus fines, dado que la inversión en el sector se redujo 59.7% en 2017, al igual que la extracción de crudo, ya que en el periodo 2013-2017, ésta disminuyó 6.2% en promedio anual.

En cuanto a la infraestructura, ésta decreció 14.6%, al pasar de 9,379 pozos en 2013 a 8,008 en 2017; de igual forma destaca la disminución en 13.7% de los campos de producción; 47.4%, en terminales de distribución; 18.2%, en complejos petroquímicos; 35.2%, en unidades de servicios a pozos, y 37.6%, en equipos de perforación y reparación de pozos. Lo anterior provocó que la extracción de crudo, en el periodo 2013-2017, disminuyera a una tasa media anual de 6.2%, al pasar de 921.6 a 711.2 millones de barriles.

TREN INTERURBANO MÉXICO – TOLUCA

En la auditoría del Tren Interurbano México – Toluca se detectaron la falta de liberación de derechos de vía y deficiencias en la planeación, elaboración de proyectos ejecutivos y en la ejecución y supervisión de las obras y servicios por un monto observado de 745.5 millones de pesos, de los cuales se han recuperado 25.4 millones de pesos.

PASO EXPRESS DE CUERNAVACA

La Auditoría Superior encontró negligencia y mala calidad en la obra que se hizo famosa por el socavón que causó la muerte de personas en el Paso Express de Cuernavaca.

El 12 de julio de 2017 se abrió un hueco en el Paso Express de Cuernavaca, en donde cayó un vehículo con dos personas en su interior, quienes murieron  luego de quedar atrapados más de nueve horas, a 5 metros de profundidad.

La Secretaría de la Función Pública sancionó a nueve funcionarios y a un par de empresas involucradas.

Este miércoles la ASF informó que en la fiscalización del Paso Express de Cuernavaca “se observó negligencia y mala calidad de la obra, la ejecución y trámites de pago de obra adicional por 76.5 millones de pesos”.

Esto se originó “por no haberse autorizado e instruido la ejecución del proyecto elaborado por la coordinadora del proyecto, para atender con oportunidad los riesgos advertidos en la obra de drenaje en el sitio en donde se suscitó el socavón el 12 de julio de 2017”.

Adicionalmente, “se determinaron pagos en demasía y otros conceptos relacionados con diferencias en volúmenes y trabajos de mala calidad en muros, pavimento de concreto hidráulico y defensa metálica por un monto de 54.6 millones pesos (en proceso de análisis jurídico)”.

NUEVO AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Falta de transparencia en contratos, deficiencias en el diseño normativo para el registro del proyecto del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, (NAICM), carencia de estudios de impacto ambiental;  de obras para evitar inundaciones, así como de estudios de impacto regionales urbanos y sociales, son algunas de las deficiencias que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) detectó en el NAICM.

Estas irregularidades son evidenciadas en el Tercer Informe del Resultado de la Fiscalización Superior de la Cuenta Pública 2017, a través de ocho auditorías realizadas al NAICM.

De acuerdo con la auditoria del Fideicomiso para el Desarrollo del NAICM se detectaron deficiencias en el registro del número y monto de 33 contratos suscritos en 2017 por el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM).

“En cuanto a los sistemas de información y comunicación, se detectaron deficiencias en el registro del número y monto de los contratos suscritos a 2017 por el GACM y que recibieron recursos del Fideicomiso, ya que el grupo aeroportuario registró en CompraNet 177 contratos, por un monto de 119,985.65 mdp y, en la información presentada a la ASF, el ente auditado reportó 144 contratos en el ejercicio fiscal 2017, por un monto de 114,915.75 mdp, sin que el GACM haya aportado evidencias que expliquen o justifiquen las diferencias”, menciona el informe.

 También se identificaron deficiencias en el diseño normativo para el registro del proyecto del NAICM en el Sistema de Cartera de Inversión de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), las cuales representan riesgos para la gobernanza de proyectos de inversión, en cuanto a la coordinación y comunicación entre las entidades públicas que intervienen en ellos, y que son clave para poder ejecutarlos con éxito.

Una de ellos, es que la SHCP otorgó el registro de cartera al GACM a pesar de que no contar los dictámenes elaborados por el Instituto Politécnico Nacional (IPN)  sobre la factibilidad técnica, legal, ambiental y económica, y la falta de control documental de un estudio ambiental.

En impacto ambiental, la ASF determinó que se carece de estudios que permitan evaluar la mitigación de los impactos al ambiente en el Sistema Ambiental Regional (SAR) donde se ubica la obra del NAICM.

Otras de las irregularidades evidenciadas por la ASF es que no se “tiene certeza de que las obras realizadas por las entidades fiscalizadas serían las suficientes y las necesarias para contribuir a prevenir y mitigar las inundaciones en la zona oriente fuera del polígono del nuevo aeropuerto, ni fue posible determinar si dichas obras podrían aprovecharse para regular las aguas que ingresarían en el polígono del NAICM”.

En temas regionales y urbanos se establece que la Secretaría de Comunicaciones y Trasportes (SCT) y la SCT y la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU),  no establecieron mecanismos de coordinación eficaces con el GACM para determinar los efectos regionales-urbanos al oriente de la Ciudad de México y municipios colindantes (Atenco, Ecatepec de Morelos, Chimalhuacán y Nezahualcóyotl).

“Los elementos anteriores permiten concluir que la operación que llevó a cabo el GACM respecto del Fideicomiso para la Construcción del NAICM, durante 2017, careció de un esquema integral de gestión que permitiera atender todos los requerimientos que derivan del Sistema de Control Interno y, por tanto, su gobernanza fue limitada, generando condiciones para la materialización de los riesgos de falta de coordinación, generación y uso de información inadecuada e imprecisa, omisiones en el cumplimiento de planes y programas, errores en la aplicación de recursos, y fallas en la atención del marco legal aplicable en materia ambiental, social y urbano-regional”, concluye la ASF.

JGM / AJ