Miami.- En el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas, la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) expresó que los asesinatos, la desaparición y la violencia contra periodistas y trabajadores de medios de comunicación representan la censura más extrema que afecta a la libertad de prensa.
Jorge Canahuati, presidente de la SIP, dijo que la violencia se ve agravada "por los altos niveles de impunidad que rodean a la mayoría de los crímenes contra periodistas". Canahuati agregó que "la falta de justicia tiene un efecto inhibitorio en el ejercicio de la libertad de prensa".
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, Carlos Jornet, expresó que "lamentablemente la impunidad es un cuchillo de dos filos: de un lado genera autocensura entre los periodistas; del otro, incentiva más actos de violencia".
Según registros de la SIP, desde 1987 fueron asesinados 594 periodistas en 20 países de las Américas.
En nombre de la SIP, Canahuati, presidente ejecutivo de Grupo Opsa, de Honduras, y Jornet, de La Voz del Interior, de Argentina, dijeron que la SIP seguirá trabajando a favor de erradicar la violencia y la impunidad contra la prensa.
El índice de impunidad en crímenes contra periodistas en las Américas alcanza un 87%, según demostraron informes, resoluciones y paneles durante la reciente Asamblea General de la SIP celebrada en octubre.
La SIP, a través del proyecto y la Subcomisión contra la Impunidad que lidera Juan Francisco Ealy Lanz-Duret, director de El Universal, México, sigue buscando justicia en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos para numerosos casos de periodistas asesinados décadas atrás.
Desde 1997, la SIP ha presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos 29 casos que se encuentran en distintos estados procesales: Juan Carlos Encinas y Carlos Quispe, de Bolivia; Manoel Leal de Oliveira, Ivan Rocha, Edgar Lopes de Faria, Luiz Otávio Monteiro, Reinaldo Coutinho da Silva, Jorge Vieira, Nivanildo Barbosa Lima, Aristeu Guida da Silva, Zaqueu de Oliveira, Ronaldo Santana de Araújo y Mário Coelho Filho, de Brasil; Nelson Carvajal, Hernando Rangel Moreno, Gerardo Bedoya, Carlos Lajud Catalán, Guillermo Cano, Julio Daniel Chaparro Hurtado, Jorge Enrique Torres Navas y Jairo Elías Márquez, de Colombia; Jorge Carpio Nicolle e Irma Flaquer, de Guatemala; Héctor Félix Miranda, Víctor Manuel Oropeza, Francisco Ortiz Franco, Benjamín Flores Morales y Alfredo Jiménez Mota, de México, y Santiago Leguizamón, de Paraguay. En 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos emitió una sentencia condenatoria contra el Estado de Colombia por el caso de Nelson Carvajal.
La Unesco instaló en 2013 el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra los periodistas. Su objetivo prioritario es pedir a los gobiernos que implementen "medidas definitivas para contrarrestar la actual cultura de impunidad". Este año la campaña de la Unesco destaca la necesidad de investigar y perseguir las amenazas tanto en línea o físicas contra periodistas.
VIOLENCIA CONTRA PERIODISTAS, MOTIVADA POR LA IMPUNIDAD: ARTÍCULO 19
El asesinato de dos periodistas en menos de una semana marcó este martes el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas en un país teñido por una violencia desbocada que casi nunca encuentra justicia.
"La impunidad es el principal aliciente para que la violencia se perpetúe. Cuando el 98 % de las agresiones contra la prensa no son sancionadas, el mensaje que se manda a los perpetradores es que pueden seguir haciéndolo", dijo a Efe Lepoldo Maldonado, director de Artículo 19 para México y Centroamérica.
Desde hace años, México es considerado uno de los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo por las constantes agresiones, amenazas e incluso asesinatos que sufren los informadores de parte de autoridades y el crimen organizado.
Los números hablan por sí solos. Según Reporteros Sin Fronteras, México encabezó en 2020 la lista mundial de periodistas asesinados con ocho crímenes, seguido de Afganistán e Irak, con seis.
Y en lo que va de año, han matado al menos a siete reporteros por su labor periodística.
Una lista a la que habría que añadir los nombres del periodista Fredy López, asesinado a tiros la semana pasada a las puertas de su casa en San Cristóbal de las Casas (Chiapas), y del fotorreportero Alfredo Cardoso, secuestrado en su domicilio de Acapulco (Guerrero), torturado y asesinado.
LAS FISCALÍAS NO INVESTIGAN
Pero no solo son asesinatos. Artículo 19 contabilizó en el primer semestre del presente año 362 agresiones contra la prensa, la inmensa mayoría intimidaciones y amenazas.
"Parece que son delitos menores, pero en realidad, son delitos que tienen una fuerte incidencia sobre la libertad de expresión", expresó Maldonado.
Si bien los asesinatos suelen ser perpetrados por el crimen organizado con algún tipo de vinculación con las autoridades, las amenazas, que son la mayoría de agresiones, provienen casi siempre de funcionarios públicos.
"La violencia contra la prensa tiene que ver principalmente con motivaciones políticas, y estas motivaciones empujan hacia la impunidad", manifestó Maldonado.
Según expuso, los responsables de las agresiones suelen estar vinculados con los ministerios públicos locales, y eso "condiciona la independencia de las fiscalías", que no tienen "ni capacidad ni voluntad" para resolver los crímenes.
Por su parte, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra la Libertad de Expresión (Feadle), creada en 2010 a nivel federal, actúa bajo "una excesiva discrecionalidad" a la hora de asumir los casos.
Como resultado, muchas investigaciones quedan incompletas, pues se rastrea a los autores materiales de los crímenes, pero no a los intelectuales ni a las cadenas de mando.
DE LAS PALABRAS A LOS HECHOS
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador asumió el poder en diciembre de 2018 con la promesa de proteger a los periodistas, y justo al arrancar la Administración pidió disculpas en nombre del Estado a Lydia Cacho por haber sido torturada por policías en 2005 tras denunciar una red de pederastia.
Sin embargo, Cacho se tuvo que exiliar en 2019 después de que unos sujetos allanaran su domicilio y mataran a sus perros, mientras que José Kamel Nacif, el empresario que habría ordenado su tortura, está en libertad.
Como Lydia Cacho, muchos se sienten cada vez más desprotegidos bajo el Gobierno de López Obrador, especialmente desde que el año pasado suprimió, en aras de la austeridad y el combate a la corrupción, el fideicomiso del mecanismo de protección para periodistas y activistas, que cobija a mil 500 personas.
"Están tratando de quitar medidas a todo el mundo para amortiguar la cuestión económica. Quieren gastar lo menos que se pueda", denunció a Efe Omar Bello, periodista que se refugió en 2007 en la Ciudad de México tras un sinfín de amenazas del crimen y las autoridades locales en Zihuatanejo (Guerrero).
Bello recibe desde entonces un refugio y alimentación por parte del mecanismo de protección, pero las autoridades le informaron que en marzo se le levantarán estas medidas porque el alcalde de su pueblo ya no es el mismo.
"¿Cómo me quitan las medidas si ellos mismos reconocen que Zihuatanejo es un lugar donde no se puede ejercer el periodismo en libertad? No lo pueden hacer", expresó el periodista, quien dijo que si le levantan la protección no le quedará "nada".
En medio de este clima, López Obrador ha sido señalado por múltiples organizaciones por sus constantes descalificaciones a la prensa crítica durante sus ruedas de prensa matutinas.
"Es muy difícil que conviva la condena a la violencia contra la prensa con el estigma cotidiano a la prensa desde la más alta tribuna del poder", reprochó el director de Artículo 19.
kach