El asesinato de tres personas, entre ellos, dos sacerdotes jesuitas, así como la desaparición de dos personas más en Urique, Chihuahua, es solo uno de los constantes crímenes que ya son habituales para los habitantes que viven en los municipios que integran la Sierra Madre Occidental (Tarahumara), uno de los múltiples territorios del país que, durante décadas, han estado bajo control de los cárteles.
La muerte de las tres personas, así como la desaparición de dos más, es solo una muestra de la estela de violencia que, por lo menos, entre el 1 de enero de 2011 y el 31 de mayo de 2022, ha llevado al inició de tres mil 235 averiguaciones previas y expedientes por el homicidio de forma violenta (mujeres y hombres) de una o más personas en los 17 municipios de Chihuahua que integran la Sierra Tarahumara.
De acuerdo con los registros Públicos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), los más de tres mil expedientes se iniciaron por crímenes cometidos en los municipios de Balleza, Batopilas, Bocoyna, Carichí, Chínipas, Guachochi, Guadalupe y Calvo, Guazapares, Guerrero, Maguarichi, Morelos, Moris, Nonoava, Ocampo, Temósachi, Urique, Uruachi.
La mayoría de las investigaciones que se han iniciado por el asesinato con arma de fuego, punzo cortante, desmembrados, por asfixia, quemados, mutilados o de forma violenta en la Sierra Tarahumara, se concentran en Guadalupe y Calvo (934); Guachochi (480); Bocoyna (345); y Urique (259), este último municipio donde fueron asesinados los dos jesuitas y un guía.
De acuerdo con fuentes del gobierno federal, la zona siempre ha estado controlada por el crimen organizado, quien, entre las décadas de 1970 y 1980, comenzó a tener mayor presencia para el tráfico de drogas que buscaban ser ingresadas a Estados Unidos.
En la década de 1990, el Cártel de Juárez, dominado por Amado Carrillo Fuentes, “El Señor de los Cielos”, comenzó a tener el control de la zona y con ello a cambiar las costumbres de las los habitantes, quienes dejaron el campo para sembrar amapola y marihuana, droga que tenía como destino los Estados Unidos.
Con la muerte de Amado Carrillo y reconfiguración del crimen organizado en México, el cártel de Sinaloa incursionó poco a poco en la Sierra Madre Occidental a través de los municipios que integran el Triángulo Dorado.
Entre los años 2000 y 2001, el entonces Obispo de la Sierra Tarahumara, José Luis Dibildoux, aseguró que el narcotráfico ya estaba presente en las comunidades de la zona, por lo que pidió al entonces Presidente Vicente Fox Quesada, atender el asunto. También comentó que el cártel de Sinaloa controlaba la sierra, a través de la “siembra” y “amenazas a indígenas”.
“Lo sé porque me han dicho que les exigen que les presten las tierras para que hagan sus siembras y los amenazan de muerte si no lo hacen. Luego llega el Ejército y al que se llevan es al que siembra, así que lo amenazan de un lado o de otro", acusó en aquella ocasión.
Al finalizar esa década la presencia del crimen organizado ya era notoria y mostrada por la prensa local. En agosto de 2008 la prensa de Chihuahua reportó el asesinato de 13 personas en la comunidad de Creel, municipio de Bocoyna.
La violencia de las organizaciones criminales en los municipios que integran la Sierra Tarahumara, comenzó a ser mayor. En junio de 2011 siete cuerpos fueron localizados en el municipio de Moris.
Además, los narcotraficantes comenzaron a privar de la libertad y abusar sexualmente de las mujeres de la zona, e incluso a asesinarlas después de cometer el delito. En los últimos años los crímenes han continuado. Las familias han abandonado sus hogares por el temor a ser asesinados.
En 2019 la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) publicó un texto en el que asegura que, en una década, el desplazamiento forzado por la violencia en la sierra Tarahumara ha afectado al menos a 400 personas.
Titulado: “Desplazamiento en la tarahumara: perder la paz, el patrimonio y la identidad”, el documento menciona que las familias buscaban huir por el monte.
“En la mayoría de los casos se van con lo que llevan puesto, son pocas las familias que pueden planear su salida, pues a muchos les dan un plazo de 24 horas para irse. Pasan de comunidad en comunidad hasta que encuentran en donde volver a empezar”.
Las pocas personas que se han quedado en la zona, lo hacen a pesar del riesgo que representa para ellos. Algunas de esas personas, toman la decisión para defender la deforestación que realizan los cárteles
De acuerdo con datos de Amnistía Internacional y de Alianza Sierra Madre (ASMAC), en los últimos años, por lo menos 37 activistas que se oponían a la deforestación que realiza el crimen organizado para obtener madera y cultivar marihuana y amapola.
El gobierno federal ha anunciado distintos programas sociales en municipios de la Sierra Tarahumara, como Sembrando Vida, sin embargo, los ha tenido que abandonar porque no hay pocos habitantes que aún quedan en los poblados.
FALTA COORDINACIÓN EN SEGURIDAD: EXPERTOS
En la Mesa de Debate de El Heraldo de México y La Silla Rota de este miércoles, se destacó que, en lo que va de la administración de López Obrador van 121 mil 642 homicidios y feminicidios, la cifra supera a la de todo el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
Raúl Benítez Manaut, especialista en seguridad de la UNAM, aseguró que las organizaciones criminales se han ampliado en territorio y en actividades de extorsión.
“Y el gobierno no está controlando nada de eso, ese es el problema”, dijo.
Benítez Manaut destacó que, como línea de investigación sobre la muerte de dos sacerdotes jesuitas en la sierra Tarahumara, se está considerando que eran personas que se oponían al tráfico de maderas preciosas en Chihuahua.
César Gutiérrez, abogado en temas castrenses, consideró que la cifra de homicidios y feminicidios da cuenta de la falta de coordinación entre los poderes de gobierno, locales y federal.
Apoyó la aseveración de Benítez Manaut sobre que las organizaciones criminales han diversificado su actividad delictiva a la pesca, la tala y la explotación ilegal de otros recursos naturales, por lo que han ampliado su poder territorial.
“Tenemos un Ejército pequeño para todas las actividades de los grupos criminales; y la Guardia Nacional –aunque ya tiene más de 100 mil elementos– no es suficiente, por eso la necesidad de que los gobiernos locales lleven un trabajo de coordinación con la federación”.
Benítez Manaut aclaró que el gobierno federal ha impuesto demasiadas actividades tanto al Ejército como a la Guardia Nacional, como tomar control de actividades aduaneras, de programas sociales y el resguardo de migrantes, respectivamente.
LOS PACTOS DEL NARCO
Por otra parte, César Gutiérrez describió cómo el crimen organizado exhibe sus ataques y maltrato a elementos castrenses en redes sociales, con el fin de buscar una reacción por parte del gobierno.
Eso, dijo, y el aumento en las cifras de homicidios y delitos de alto impacto “no cuadra” con la acusación de algunos políticos sobre que el gobierno federal pudiera tener un pacto con el crimen organizado.
También consideró que, en otros tiempos, los grupos criminales tuvieron un “pacto” o “acuerdo” con no tocar niños, familias, a miembros de la iglesia católica; pero ahora “los criminales no tienen ningún tipo de consideración moral”.
“Los criminales están en el paraíso terrenal para ampliar sus acciones criminales y los que pagan son la sociedad civil y gente honorable como el caso de estos sacerdotes”, consideró Raúl Benítez Manaut.
César Gutiérrez destacó que, durante el gobierno de Felipe Calderón, el crimen organizado asesinó a 27 sacerdotes; Benítez Manaut consideró grave que sucedan asesinatos de activistas y sacerdotes, pues en varias comunidades ellos funcionan como mediadores con las comunidades civiles.
VIOLENCIA, SU MODUS OPERANDI
Leopoldo Rodríguez Aranda, director General de GESEC, consultores en gerencia pública, consideró que el crimen de los sacerdotes jesuitas de dio en un contexto de violencia generalizada en el país, donde células criminales aprovechan la ausencia del Estado para mantener el control con base en la violencia.
“Chihuahua ha estado ya durante muchos años como una zona roja, compleja, porque es el tránsito de drogas hacia Estados Unidos, donde además se suma todo este fenómeno de control delictivo, de personas que ven la oportunidad de apropiarse de negocios ante la evidente debilidad de la autoridad municipal, estatal y federal”.
Por lo anterior, subrayó, estos homicidios no significan un desafío para el estado, sino una forma de operación, de controlar, de infundir miedo, para seguir manteniendo el control de cadenas productivas y de delitos de alto impacto, como la extorsión y el secuestro.
Tampoco representa un desafío contra la Iglesia, toda vez que estas instituciones religiosas dejaron de tener el respeto de la población y de grupos delictivos.
“No es un desafío, es un modo de operación de estos grupos, por la forma en que se han impuesto en el país y en esta zona, por la violencia, amenazar con matarlos si no ceden sus terrenos, siembras, negocios”.
“El desafío es de carácter permanente, porque todo grupo delictivo es un desafío. Ellos no lo piensan de esa manera, no piensan en desafiar al estado o la iglesia, ellos piensan en mantener su negocio, en tener el control de la zona, de esos negocios, y si eso implica cometer ese acto, para eso están preparados. Esa es su principal herramienta de intimidación y de miedo para la gente”.
El especialista en temas de seguridad nacional advirtió que esta escalada de violencia se mantendrá debido a una clara ausencia del estado, de las autoridades, por omisión, consentimiento o colusión, “porque no podemos explicar el surgimiento de tantos grupos criminales y la manera impune en que actúan sin que haya una responsabilidad de la autoridad pública”.
ESTRATEGIA CONTRAPRODUCENTE
Rodríguez Aranda destaca que, si bien estos hechos de violencia es la forma de operar de estas células delictivas, también llaman la atención de las autoridades, por lo que deberán replegarse hasta que las fuerzas del Estado les “permitan” seguir manteniendo el control de las regiones y municipios.
“Les conviene porque es su herramienta de trabajo, pero al mismo tiempo los pone en el ojo del huracán. Derivado de lo que pasó con estos sacerdotes jesuitas, es casi un hecho que las autoridades se van a poner a rastrear, patrullar, investigar y tarde que temprano, seguramente, van a detener a los autores materiales e intelectuales de estos crímenes”.
Para el especialista, la iglesia es un grupo de presión en México y en cualquier parte del mundo, por lo que la autoridad se ve obligada a actuar.