Arrumbados y en desuso se encuentran 16 vehículos de la Fiscalía General de la República (FGR), los cuales en conjunto tienen un valor de 55 millones 218 mil 680.48 pesos.
El Órgano Interno de Control de la institución detectó que, entre las camionetas adquiridas principalmente en 2015, se en encuentran 11 que adeudan tenencias y verificaciones de los ejercicios 2018 y 2019.
“De la inspección física realizada a las 27 Unidades vehiculares con que cuenta el Centro Nacional de Planeación Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia Organizada (Cenapi), se constató que 16 vehículos se encuentran en uso del Cuerpo Técnico de Control, dependiente de la Subprocuraduría de Especializada en Delincuencia Organizada (Seido), de los cuales 11 no han circulado desde el segundo semestre de 2018, debido a que adeudan las tenencias de 2018 y 2019; e consecuencia no han sido verificados”, menciona el documento.
De acuerdo con la auditoria 5/2020 “Revisión Administrativa en Materia de Recursos Humanos Financieros Materiales”, a pesar de que no han utilizado las 11 camionetas (adquiridas en 37 mil 827 pesos), se ha continuado la póliza del seguro, la cual asciende a 59 mil 376 pesos.
“La Unidad Auditada ha notificado en diversas ocasiones a la Dirección de Transportes de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales la imposibilidad para cumplir con el programa de verificación ambiental, debido a que los vehículos de referencia presentan adeudos en las tenencias de 2018 y 2019, además de las multas derivadas por el no cumplimiento de dicho programa”.
Según el Centro Nacional de Planeación Análisis ha emitido diferentes oficios para que la Dirección de Transportes realice la regulación de las camionetas en desuso, sin embargo, a la fecha sigue sin efectuarse el pago
“Se determinó que la Dirección de Transportes de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales, ha sido omisa en atender las solicitudes de pago realizadas por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia".
Antes las omisiones, el Órgano Interno de Control de la FGR determinó que las camionetas deben ser transferidas a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) para su uso correcto.
Además, debe presentar los documentos que acrediten que se realizaron los pagos, así como tener control en los bienes con los que se cuentan.
“Establecer mecanismos que permitan alinear los procesos de adscripción de los bienes y que el seguimiento puntual de la operación de dicho parque vehicular se haga únicamente a través del CTC, que quien identifica las condiciones y equipamiento con que se cuentan las unidades, así como el uso que se le dan y las necesidades para su operación”.