La Cámara de Diputados aprobó con 285 votos, interponer ante la Corte una controversia constitucional contra Congreso de Tamaulipas por caso del gobernador García Cabeza de Vaca, quien respondió que es falso que haya corrupción en la contratación de obra pública, y ser propietario de inmuebles que se encuentran a nombre de terceros; así como falso que pertenezca a un grupo del crimen organizado.
La bancada del PRI voto en abstención, mientras que 77 legisladores del PAN Y PRD votaron en contra.
En su posicionamiento la bancada panista acusó "a los gobernadores los quitan y los ponen sus electores, con esta controversia se pretende desconocer una facultad soberana de una entidad federativa. Es evidente que forma parte de una estrategia electoral" dijo el diputado Alejandro Rivera.
Argumentó vicios procedimentales contra el mandatario estatal, como diversos intentos por hacer público el expediente del caso. También acusó a la Unidad de Inteligencia Financiera de presentar información falsa en el desahogo de testimoniales en la Sección Instructora.
El diputado Antonio Ortega del PRD señaló que "quien otorga el fuero tiene la facultad de quitarlo", y anunció el voto en contra por considerar que el desafuero no prejuzga una responsabilidad porque eso corresponde a una autoridad.
Los legisladores de la bancada oficialista (Morena, partido del Trabajo y Encuentro Social) utilizaron su tiempo en tribuna para repetir la exposición de la UIF refiriéndose a Francisco "N", y para reiterar que el congreso local de Tamaulipas abuso de sus funciones.
La bancada de Movimiento Ciudadano mantuvo su voto a favor de interponer la controversia porque el congreso estatal "vulnera en los hechos nuestra capacidad como Cámara de Diputados para decidir sobre el desafuero de servidores públicos" argumentó la diputada Priscila Álvarez.
En su posicionamiento la bancada priista se mantuvo al margen y no habló ni a favor ni en contra del tema.
La fecha límite para interponer dicha controversia ante la Suprema Corte de Justicia es el 15 de abril.
El pasado 3 de marzo, el Congreso de Tamaulipas avaló un punto de acuerdo “por el que se establecen las reglas de procedimiento de homologación para el ejercicio de las atribuciones que confieren al párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución”, es decir, se dieron la facultad de ser solo ellos quienes puedan retirar el fuero al gobernador.
Ante ello, Pablo Gómez, presidente de la Sección Instructora, dijo a La Silla Rota que lo hecho por el Congreso de Tamaulipas, “pretende desconocer la capacidad de la Cámara de Diputados como facultad exclusiva declarar la procedencia de la acción penal contra servidores públicos”.
El documento de la controversia da un revés a la medida del Congreso local, cuenta con el voto en contra del coordinador panista, Juan Carlos Romero Hicks. El coordinador del PRI, René Juárez, no lo firmó; tampoco Arturo Escobar, líder del Partido Verde en la Cámara de Diputados.
El argumento principal del proyecto de controversia es que la SCJN ha reconocido, tanto a la Cámara de Diputados, como a la de Senadores, la facultad de “promover aisladamente una controversia constitucional en defensa del pacto federal y de las atribuciones del Congreso de la Unión, sin la anuencia o participación de la otra Cámara”.
El documento subraya que, en caso de proceder el desafuero, “el papel del Congreso local será únicamente poner al inculpado a disposición del ministerio público federal o del órgano jurisdiccional respectivo”.
Y sostiene que el punto de acuerdo, emitido por el Congreso tamaulipeco, “transgrede el artículo 133 de la Constitución al vulnerar la jerarquía normativa y orden constitucional”. También pide que su solicitud sea tratada como “de atención prioritaria”, por la SCJN.
GOBERNADOR RECHAZA SEÑALAMIENTOS
El gobernador de Tamaulipas rechazó estar vinculado al cártel de Sinaloa o algún otro grupo delictivo, de que haya corrupción en la contratación de obra pública, y ser propietario de inmuebles que se encuentran a nombre de terceros.
Francisco García Cabeza de Vaca envió un mensaje en el cual indica que se ha creado en la opinión pública la percepción de estar implicado en conductas graves, por lo cual estima necesario hacer aclaraciones, en relación con las imputaciones ajenas al procedimiento que se llevaron a cabo en la audiencia con la Sección Instructora de la Cámara de Diputados.
Así explicó que referente al préstamo que recibió de una Sofom para la adquisición del departamento acudió como cualquier persona a solicitar financiamiento a una institución que presta servicio al público y no le corresponde verificar la licitud y origen de los recursos del empréstito, esa es una obligación de las autoridades.
En las denuncias de la Unidad de Inteligencia Financiera, no se lleva cabo referencia alguna a que esa Sofom hubiese sido financiada por el Cártel de Sinaloa, no hay dato alguno en el expediente del que se pueda inferir ese hecho y por ello, no es materia de la solicitud de la Fiscalía.
Además, en la diapositiva presentada, relativa a ese préstamo, se señala que cuatro empresas aportan recursos a unas diversas que a su vez financian a la Sofom que me otorgó el préstamo, la existencia de esas cuatro empresas contenidas en la diapositiva, no aparece en las denuncias de la UIF, ni mencionadas en el expediente.
De la propia diapositiva se desprende que los depósitos identificados con fecha exacta, llevados por esas empresas, son posteriores a la fecha en que recibió el préstamo, lo que las desvincula del mismo.
Entre otras cosas, apunta que un día anterior a que le fuera otorgado el préstamo, se recibieron recursos de dos empresas que corresponden en cantidad exacta al monto del préstamo, lo que pudiera hacer pensar que hay una relación entre el préstamo y los depósitos llevados a cabo por esas empresas, sin embargo, de la lectura de la denuncia y de sus anexos aparece que no coinciden las cantidades depositadas por esas empresas y que además la Sofom recibió en esa fecha otros depósitos, entre los que se encuentra uno del gobierno de un Estado distinto a Tamaulipas.