El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) publicó este viernes el anteproyecto de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que debió de haber sido aprobada a finales de 2020.
Entre los cambios está que el Conacyt le echa la bolita a las instituciones privadas para que paguen el estímulo del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) a sus académicos y que se eliminó que el presupuesto al sector debe ser de al menos 1% del Producto Interno Bruto.
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El documento de 45 páginas fue publicado en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) para la exención de Análisis de Impacto Regulatorio, aunque la Ley también pasará por las manos del Senado y de la Cámara de Diputados, que anunciaron esta semana que trabajarán al mismo tiempo para sacar un solo dictamen.
En la nueva propuesta de ley el Conacyt ahora se llamará Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que impulsará una agenda nacional
Para atender y afrontar las necesidades, problemáticas y retos de la sociedad mexicana contemporánea, mediante la participación de la comunidad a nivel local, regional y nacional, así como al interior de las universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación.
Como parte de esto se mantuvo el discurso de que se apoyará a la ciencia básica y de frontera, principalmente a aquella que esté orientada a la solución de problemas del país, hecho que había sido criticado por la comunidad científica porque limita la libertad de investigación. Asimismo, el Conacyt mantuvo el factor ideológico en el documento, al señalar que las becas se otorgarán “de buena fe”.
En el anteproyecto de Ley se eliminó el párrafo en el que se indicaba que los recursos para el sector de ciencia y tecnología no debían ser menores al 1% del PIB y ahora sólo se menciona que el Estado proveerá de recursos suficientes y que esto se ejercerá preferentemente a través del ramo 38, que es el del Conacyt.
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En esta propuesta se acentúa la discriminación a los miembros del SNI que laboran en instituciones privadas a quienes ya les habían quitado el apoyo económico con los cambios al reglamento que se publicó el año pasado. Ahora, en el anteproyecto, el Conacyt deja la responsabilidad de dar ese estímulo a las instituciones.
"El Consejo Nacional podrá otorgar apoyos a las personas humanistas, científicas, tecnólogas e innovadoras reconocidas en el marco del Sistema Nacional de Investigadores, siempre y cuando estén adscritos a universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación del sector público. De igual manera, promoverá que las universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación del sector privado otorguen estímulos económicos similares a sus trabajadores, siempre que cuenten con el reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores", se menciona en el artículo 40.
En la misma postura sobre instituciones privadas, en el anteproyecto se incluye que se otorgarán becas universales para los estudiantes de posgrado, pero se especifica que son para quienes están inscritos en instituciones públicas.
“El Estado garantizará el acceso universal a becas para las personas estudiantes que cursen posgrados de maestría o doctorado en ciencias y humanidades, incluidas las disciplinas creativas, orientados a la investigación o docencia, así como posgrados enfocados a la formación de personas profesionales que el país requiere para la gestión de los asuntos estratégicos o prioritarios y los temas de interés público nacional o de atención indispensable que contemple la Agenda Nacional, en universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación del sector público”.
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Otro de los cambios es que se plantea la creación del Sistema Nacional de Centros Públicos para que haya articulación de sus recursos, infraestructuras y redes, así como de sus capacidades para diseñar, ejecutar y evaluar actividades, programas y proyectos en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación.
Cabe recordar que cuando sea aprobada, esta nueva ley abrogará a la que está en vigor desde 2002. La necesidad de cambiarla surgió tras la modificación que se hizo en mayo de 2019 al artículo 3 de la Constitución para incluir el derecho de la población a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia.
Sin embargo, el anteproyecto tiene casi año y medio de retraso, pues el plazo máximo en el que debió haber sido aprobada esta nueva legislación fue diciembre de 2020.
Todavía le falta un camino largo por recorrer, pues al salir de Conamer, el anteproyecto debe ser revisado por las secretarías de Hacienda y de Gobernación, para después ser entregado a la Consejería Jurídica, que le debe dar también el visto bueno antes de que el Ejecutivo lo ingrese al Senado y la Cámara de Diputados.
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