Las investigaciones por convenios o contratos a través de los cuales la Secretaría de Desarrollo Agrario Urbano y Territorial (Sedatu) presuntamente desvió recursos públicos, ocurrieron cuando Jorge Carlos Ramírez Marín, Jesús Murillo Karam y Rosario Robles estuvieron al frente de la dependencia en el sexenio de Enrique Peña Nieto.
De acuerdo con la auditoría 07/2019 realizada por la Secretaría de la Función Pública (SFP) se detectaron múltiples irregularidades, entre ellas, el desvío de 10 millones 67 mil 943 pesos a través de convenios con universidades públicas y privadas entre los años 2013 y 2017.
Es decir, abarca las gestiones de Jorge Carlos Ramírez Marín, actual senador por el Partido Revolucionario Institucional (PRI); Jesús Murillo Karam, también extitular de la extinta Procuraduría General de la República (PGR) hoy Fiscalía General de la República (FGR), y Rosario Robles Berlanga, hoy en prisión preventiva.
Ramírez Marín estuvo a cargo de la Sedatu de enero de 2013 a febrero de 2015. Le sucedió Jesús Murillo Karam hasta agosto de ese mismo año y cerró Robles Berlanga hasta el fin de la administración de Peña Nieto.
Las anomalías detectadas son semejantes a las encontradas en 27 convenios (datos de prueba) exhibidos por la FGR ante el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna en el Centro de Justicia Penal con sede en el Reclusorio durante la vinculación a proceso contra Rosario Robles Berlanga, ocurrida la semana pasada.
Los hallazgos de la auditoría 07/2019 fueron notificados a la Sedatu, así como a la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (AAAN), Tecnológico de Monterrey (TEC), Universidad Panamericana (UP), la Universidad de Oriente (UO), Instituto Mexicano de Auditores Internos (IMAI) y la Universidad Autónoma de Nuevo león (UAL) y el Colegio de México (Colmex). Aunque los montos son menores, según se desprende del documento de auditoría.
Los acuses de las auditorias que se entregaron a las instituciones el pasado 26 de junio mencionan que tienen como fecha límite para presentar las aclaraciones el 28 de agosto de 2019.
PRESUNCIÓN DE LAVADO DE 7 MILLONES DE PESOS
La ASF detectó que, en 12 de 44 convenios realizados con ocho universidades e institutos públicos y privados entre los años 2013 y 2017, se carece de documentos que establezcan el motivo del contrato, el avance de los trabajos, y en cinco casos, el monto de los recursos pagados.
Este esquema es el mismo que se llevó a cabo para causar un daño a la hacienda pública por más de 5 mil 73 millones de pesos entre los años 2013 y 2018, según las pruebas presentadas por la FGR durante las dos audiencias en contra de Rosario Robles, recluida en el penal de Santa Marta por el delito de ejercicio indebido del servicio público en perjuicio de Sedesol y Sedatu.
“No fueron proporcionados 12 convenios ni documentación alguna correspondiente para constatar el fundamento legal de su celebración y confirmar que se encuentran celebrados conforme al artículo 1 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público y 4 de su Reglamento, y que, en su caso, aumentarían el total de la muestra sujeta a la revisión, por un monto derribado de las Cuentas por Liquidar Certificadas proporcionadas y relacionados con 6 de estos convenios de $7,308,200.82”.
Los documentos, de los cual tiene copia LA SILLA ROTA, mencionan que cinco de esos convenios fueron realizados con el Instituto Nacional de Administración Pública AC (INAP) por un monto de 7 millones 273 mil 389 pesos.
El primero fue el 1 de julio de 2013 y el último el 10 de diciembre de 2013. Todos estos contratos se efectuaron cuando, el ahora vicepresidente del Senado por el PRI, Jorge Carlos Marín, fue titular de la Sedatu.
Con la Universidad Nacional Autónoma de Chapingo (UACH) fueron dos, los cuales, no especifican el monto del contrato, e incluso la fecha, ya que sólo se tiene conocimiento que se realizaron en 2013 y 2015. Uno de los convenios se efectuó cuando Murillo Karam fue titular de la Sedatu.
También se llevó a cabo uno con el Instituto Mexicano de Auditores Internos (IMAI), el 28 de julio de 2014 por un monto de 28 mil 710 pesos. Con la Universidad Nacional Autónoma de México se efectuó uno el 18 de mayo de 2016, por seis mil 101 pesos, sin embargo, no hay número de registro.
Además de estos convenios, se llevaron a cabo 4 más, entre los años 2016 y 2017, los cuales no especifican la fecha y el monto del contrato. Estos se realizaron con: la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (AAAN), Tecnológico de Monterrey (TEC), la Universidad Panamericana (UP) y la Universidad de Oriente (UO).
“En lo relativo a los 12 convenios no proporcionados, desglosados en el punto 1 de la presente observación, solicitar la colaboración de las Unidades Responsables correspondientes con la finalidad de que se obtengan los convenios que fueron observados., en su caso, informar y documentar fundada u motivadamente la situación prevaleciente en cada uno de estos, precisando su celebración o si no fueron formalizados, fecha, monto, objeto y el pago respectivo en los convenios en los que no obtuvo referencia de pago”.
LOS CONVENIOS FANTASMAS CON LA UACH Y LA UANL
Al continuar con la revisión de 31 convenios más realizados con ocho universidades, la Secretaría de la Función Pública detectó irregularidades en los registros, entre ellos, contratos que supuestamente se realizaron con dos universidades por un monto de dos millones 759 mil 742 pesos.
“Dos Universidades Responsables no reconocen la celebración de convenio alguno con el cual se sustenta el cargo presupuestal a su clave presupuestaria”, menciona la auditoría realizada por la SFP.
Los convenios se realizaron con la Universidad Autónoma de Nuevo León (4784 y 5216). El primero por un monto de mil 298 pesos y el segundo, por 86 mil 250 pesos. Ambos, con el área central de la Sedatu. Con esta misma universidad se carece del registro 1086, por un monto de 572 mil 193 pesos.
Uno más, supuestamente, se llevó a cabo con la Universidad Autónoma de Chiapas (545), por un monto de dos millones 100 mil pesos, con la Subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda. Ante las irregularidades detectadas, la SFP pide a las instituciones presentar la documentación que avale los convenios realizados.
“Proporcionar evidencia que acredite, que podría realizar el pago de un ejercicio a otro, referente a la Universidad Autónoma de Chiapas, con la CLC 545 parada el 20/03/2015 por un monto de $2,100,000.00 (dos millones cien mil pesos 00/100 M.N), la cual corresponde al convenio SEDATU-CC-5_2014, firmado en el ejercicio fiscal 2014, asimismo la CLC 1086 a favor de la Universidad Autónoma de Nuevo León por un monto de $572,193.20 (quinientos setenta y dos mil ciento noventa y tres pesos 20/100 M.N), la cual fue pagada el 24 de abril de 2018, siendo la celebración del contrato el 3 de julio de 2017”.
¿OBTIENEN GANANCIAS DE CONTRATOS?
La auditoría 07/2019 también menciona las universidades Autónoma de Puebla (BUAP)y Autónoma de Nuevo León obtuvieron ganancias a partir de los contratos realizados con la Sedatu entre los meses de noviembre y diciembre de 2016.
“No fue proporcionada información relativa al acta o instrumento constitutivo o de modificación alguna para identificar plenamente el objeto de las Universidades y su vinculación con el objeto del convenio celebrado con la mismas y por los que se obtuvieron ganancias económicas, advirtiéndose dentro de lo clausulado de los mismos que el objeto de estas se orientan a la formación académica profesional, investigaciones, sin apreciarse en éstos disposiciones relativas de contratos por los que puedan percibir ganancias económicas”.
Con la Autónoma de Puebla se realizaron dos convenios (SEDATU/BUAP/SOT/2016 Y SEDATU/BUAP/SOT/2016). Con la Universidad de Nuevo León fue el SEDATU/GRMSG/33401.01/2016.
Las anomalías detectadas también incluyen convenios con la Universidad Autónoma de Chiapas (convenio DEATU-CC-005-2014); Colegio de México (SEDATU-CC-005-2015) y con la UNAM (PA-007-2015 Y PA-008-2015) carentes de documentación en los que se precise que “contaban con la capacidad técnica, materia y humana para la realización del objeto de los mismos y que, por ello, no requirieran la contratación de terceros”,
“De los pedidos números 007-2015 Y PA-008-2015, celebrados con la Universidad Nacional Autónoma de México, no se proporcionaros las suficiencias presupuestales correspondientes”.
MJP