La construcción de cuatro gasoductos en diferentes zonas del país se encuentra frenada debido a amparos.
Lo anterior, pese a que las importaciones de gas natural representan el 47 por ciento de la demanda nacional y que resulta indispensable para la industria y la generación de electricidad.
Un ejemplo de ello es la suspensión del proyecto Samalayuca-Sásabe en Chihuahua, a cargo de Grupo Carso, la obra esta parada luego de que un juez otorgo una orden de suspensión el pasado 17 de noviembre.
El gasoducto enfrenta un amparo interpuesto por miembros del ejido Janos, de acuerdo con la demanda la construcción del gasoducto de 610 kilómetros, ubicado entre Chihuahua y Sonora, afectará 101 hectáreas del ejido.
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En otro caso, desde octubre de 2015, la canadiense Atco no ha podido completar el kilómetro y medio de construcción que le falta al gasoducto Ramal Tula a raíz de cuatro amparos interpuestos por ejidatarios del Estado de Hidalgo.
Mientras que en Sonora desde junio la comunidad yaqui mantiene suspendida la obra de la
subsidiaria mexicana de Sempra Energy de IEnova, que no ha podido entrar a reparar un tramo del gasoducto Guaymas-El Oro, saboteado presuntamente por la misma comunidad.
A fines de octubre, el pescador Julián Córdova Hernández obtuvo una suspensión provisional por parte del Juzgado Décimo Tercero de Distrito de Ciudad Madero, Tamaulipas, para frenar la construcción del gasoducto marino que conectará el sur de Texas con Tuxpan, Veracruz, argumentado que la obra podría afectar al medio ambiente.
Con información de Reforma
kach