NACIÓN

Amparan a 120 investigadores contra Conacyt que canceló apoyos económicos

La asociación FIMPES presentó una demanda de garantías contra distintas disposiciones del nuevo Sistema Nacional de Investigadores

  • MARILUZ ROLDÁN Y MARCOS MUEDANO
  • 11/06/2021
  • 20:10 hrs
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Amparan a 120 investigadores contra Conacyt que canceló apoyos económicos

Un grupo de 120 investigadores de instituciones privadas está protegido contra la medida del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) que decidió quitarles el estímulo económico, esto luego de que un juzgado les dio este viernes una suspensión provisional, explicó Rodrigo Guerra Botello, secretario General de la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES).

En abril pasado se publicó en el Diario Oficial de la Federación el nuevo reglamento del Sistema Nacional de Investigadores, al cual se había opuesto la comunidad científica porque discrimina a los investigadores de instituciones privadas al eliminarse la posibilidad de que reciban el apoyo económico que se les entregaba.

Ante esta situación, la comunidad científica comenzó a interponer amparos contra estas acciones, las cuales ya comenzaron a dar frutos en beneficio de los científicos.

En entrevista con La Silla Rota, Guerra Botello explicó que el Juzgado Décimo de Materia Administrativa, radicado en la Ciudad de México, emitió la suspensión temporal sobre la eliminación de pago de los estímulos a los investigadores que laboran en instituciones privadas.

“Es el primer paso de un proceso más largo en donde las universidades están ejerciendo la materia de defensa que tenemos ante un reglamento publicado el 20 de abril donde claramente nos discrimina del acceso a la ciencia, la tecnología y los mecanismos de apoyo que esta tiene”, destacó.

Guerra Botello indicó que este amparo fue interpuesto por la FIMPES y la suspensión temporal beneficia a 120 investigadores que son miembros del SNI. Sin embargo, como las universidades y los científicos han tocado diferentes puertas, estimó que podrían llegar a los 500 amparos de un grupo de mil 600 científicos afectados por la medida del Conacyt.

El secretario General de la FIMPES expresó que les interesa que se revierta la discriminación de la que son objeto los investigadores de escuelas privadas, pues no hay una razón para que el Conacyt, que encabeza María Elena Álvarez-Buylla, haya actuado de esta manera.

Detalló que tras la suspensión temporal, esperan que el juez les otorgue la suspensión definitiva contra este cambio en el Reglamento del SNI, aunque el Conacyt podría apelar.

“En general, no importa si eres investigador de universidades públicas o particulares, yo creo que la ciencia y la tecnología merecen un trato diferente en nuestro país.

“Vamos a confiar en el sistema judicial de nuestro país y eventualmente en el diálogo, siempre hay espacio para dialogar y si las autoridades deciden hacer los ajustes pertinentes, pues retomamos el camino que teníamos antes del 20 de abril, siempre hay disposición”, enfatizó Guerra Botello.

CONSIGUEN AMPARO

Un juzgado en Materia Administrativa otorgó una suspensión provisional a la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación (FIMPES) que aglutina a instituciones de educación superior privadas, para que sigan obteniendo apoyos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt).

La medida fue ordenada por el Jugado Décimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, luego de que la asociación presentó una demanda de garantías contra distintas disposiciones del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) que fue publicado en abril pasado en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Tras la publicación del nuevo reglamento del SNI del Conacyt, en el que se eliminan apoyos económicos para investigadores de instituciones privadas y otros estímulos extras para científicos de centros públicos de investigación, investigadores y especialistas,  aseguraron que representa el riesgo de que se agudice la llamada fuga de cerebros mexicanos hacia el extranjero.

La Secretaría de Gobernación (Segob) destacó que "la Ley de Ciencia y Tecnología establece como bases de la política de Estado en la materia, entre otras, las siguientes: incrementar la capacidad científica, tecnológica, de innovación y la formación de investigadores y tecnólogos para resolver problemas nacionales fundamentales, que contribuyan al desarrollo del país y a elevar el bienestar de la población en todos sus aspectos; convertir a la ciencia, la tecnología y la innovación en elementos fundamentales de la cultura general de la sociedad; fortalecer el desarrollo regional a través de políticas integrales de descentralización de las actividades científicas, tecnológicas y de innovación, y promover los procesos que hagan posible la definición de prioridades, asignación y optimización de recursos del Gobierno Federal para la ciencia, la tecnología y la innovación en forma participativa".

Después de analizar el recurso presentado el 3 de junio por la Federación de Instituciones Mexicanas Particulares de Educación (FIMPES), el juez le concedió la suspensión provisional y ordenó que los investigadores sigan recibiendo los apoyos hasta que se determine si le niegan o aceptan la suspensión definitiva.

"Se concede la suspensión provisional de los actos reclamados solicitada por los quejosos para el efecto de que las cosas permanezcan en el estado en que se encontraban, es decir, para que los investigadores quejosos de las instituciones privadas puedan seguir contando con los derechos y beneficios de que gozaban hasta antes de la expedición de las normas controvertidas", menciona la notificación.

Para justificar la cancelación, el Conacyt indicó que con la eliminación de esos apoyos se ahorrará 124 millones 954 mil 175 pesos. Detalló que, en el caso de ingresos anuales, considerando que entraran 180 investigadores de instituciones privadas, el costo mensual individual sería de 212 mil 507 pesos, para un total al año de 38 millones 251 mil 278 pesos.

En el caso de los reingresos, indicó que en promedio habría 408 al año, con el mismo costo mensual individual, para un total anual de 86 millones 702 mil 897 pesos.

El Conacyt señaló en el documento que "en ese sentido, la presente medida no atenta contra la dignidad humana ni tiene por objeto menoscabar los derechos y libertades de las personas. 

 Pues como sucede en los hechos, hay una constante movilidad de investigadores entre las instituciones públicas y privadas de educación superior, por lo que si satisfacen los requisitos que establece el reglamento pueden también recibir el apoyo económico correspondiente".

Sin embargo, los miembros del SNI manifestaron estar en contra de esta medida. La Silla Rota publicó algunos de los comentarios que escribieron en Conamer, en donde veían cinco temas de peligro en el nuevo reglamento.


(Luis Ramos)