NACIÓN

AMLO y el Poder Judicial, del choque a toda "confianza"

Especialistas analizan la historia entre la Presidencia de la República y el Poder Judicial durante la administración de Andrés Manuel López Obrador

  • ÉRIKA FLORES
  • 16/04/2021
  • 20:00 hrs
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AMLO y el Poder Judicial, del choque a toda confianza
Este jueves la Cámara de Diputados aprobó extender de cuatro a seis años el periodo del ministro presidente de la SCJN. (Cuartoscuro)

La relación del presidente Andrés Manuel López Obrador con el Poder Judicial de la Federación ha pasado desde los choques con el ministro Luis María Aguilar, quien consideró inconstitucional la consulta popular para enjuiciar a expresidentes; hasta convertir ahora al hoy ministro presidente, Arturo Zaldívar, en el hombre de “toda su confianza” y avalar que permanezca en su encargo hasta que termine también su presidencia.

En diciembre, La Silla Rota publicó que varios expertos ven el papel del Poder Judicial, durante los dos primeros años de la actual administración, como un “guardaespaldas” del Poder Ejecutivo. 

Los expertos consideraron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) blindó, indirectamente, al presidente al posponer la resolución a diversas acciones de inconstitucionalidad en contra de su gobierno. 

Por ejemplo, las reformas a la extinción de dominio, la ley de Guardia Nacional, las leyes secundarias de la Reforma Educativa, o la reforma a la ley de Adquisiciones, para comprar medicamentos a través de las Naciones Unidas.

Ayer en el Senado, se suscitó un debate crispado, a raíz de que el senador chiapaneco Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Partido Verde, presentó una adenda a las reformas a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

El agregado propuesto por Bolaños-Cacho fue un artículo 10 transitorio, que –según acusaron los senadores de la oposición– viola el artículo 97 constitucional, pues pretende ampliar por dos años el cargo de Arturo Zaldívar al frente de la Suprema Corte y del Consejo de la Judicatura.

Aunque esta adenda fue repudiada por la oposición –la discusión y los reclamos se dieron después de la votación en lo particular– el registro de votación muestra que senadores priistas y perredistas, como Manuel Añorve, Carlos Aceves del Olmo y Miguel Ángel Mancera, votaron a favor.

Senadores como Miguel Ángel Osorio Chong y Claudia Ruiz Massieu, que votaron en abstención, acusaron que “no se dieron cuenta de lo que votaban” y, junto a la bancada del PAN, reclamaron irregularidades en el proceso legislativo.

LA IRREGULARIDAD DEL PROCESO

En entrevista con La Silla Rota, el senador panista Damián Zepeda, aseguró que lo sucedido este jueves, en la sesión ordinaria del pleno del Senado, “es de lo más grave” que ha visto, entre los procesos legislativos en los que Morena ha avalado y cometido irregularidades. 

“Se rompe el Estado de Derecho y la división de poderes”, advirtió. Durante el debate en el Senado, Zepeda aseguró que lo ocurrido es un “golpe de Estado al Poder Judicial”.

Afirmó que la violación al artículo 97 de la Constitución al ampliar, por dos años, un cargo “poderoso” como el de la presidencia de la Suprema Corte, “tiene consecuencias en otros nombramientos a nivel nacional”. Zepeda reiteró que, por eso, desde su origen, “la ley es clara al marcar límites de tiempo que no se pueden transgredir con una adenda”.

“No hay motivo para concentrar el poder en una persona o varias. Lo ocurrido garantiza al presidente, no sólo dominar el Consejo de la Judicatura durante su sexenio, sino hasta después”.

Respecto al dicho de algunos senadores priistas, quienes argumentaron que no se dieron cuenta de que incluyeron la adenda en la discusión, Zepeda Vidales aseguró que, lo que sí sucedió, fue que cometieron un abuso al proceso legislativo. 

“Esta reserva, en particular, la dejaron al final y no la publicaron (en la Gaceta Parlamentaria), solo la leyeron al momento. Fue cuando todos comenzamos a buscarla en el sistema y no la encontramos. 

“Cada senador tendrá que responder por su voto, no quiero caer en suposiciones; pero, aún sin estos votos, Morena hubiera logrado la aprobación. Yo espero contar con las firmas de los senadores de oposición para (interponer) una acción de inconstitucionalidad”, aseguró.

Respecto a las declaraciones del presidente López Obrador esta mañana, el senador panista destacó que son “preocupantes”, porque avaló lo ocurrido “poniendo por delante una valoración del trabajo de Zaldívar”. 

“Si permitimos esto ahora, mañana puede decir que, como falta consolidar el trabajo de la 4T, se necesita ampliar su gobierno 10 años. Yo llamo al Poder Judicial a que no ande con medias tintas, que rechace categóricamente esto porque es indebido, inmoral y no ético: es arrebatar el poder contra la Constitución”, sentenció.

PREOCUPA “INOCENCIA SIMULADA” DE LEGISLADORES

José Roldán Xopa, académico del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consideró que son “inocencias simuladas” las justificaciones de algunos senadores, quienes expresaron desconocimiento del contenido de la adenda. 

Precisó que, en un tema tan relevante como ese, se debe asumir la responsabilidad del cargo que se ostenta. “Si votaron sin leer y sin saber, es más un caso de negligencia, indolencia e irresponsabilidad; aunque ahora se digan sorprendidos. En política no hay coincidencias”, señaló.

Por la noche, el Consejo de la Judicatura Federal se deslindó de la intención de la adenda del senador Bolaños-Cacho Cué, pues afirmó que no fue propuesta por el Poder Judicial y tampoco acordada durante los trabajos de redacción de la iniciativa, que incluyó al equipo jurídico de la Presidencia de la República. 

Al respecto, el politólogo calificó la postura del Poder Judicial como “tibia” y señaló que no se puede afirmar si el Poder Judicial conocía o no el agregado, “pero aun suponiendo que lo desconocían o que no se les tomó parecer, es grave, porque esta iniciativa tuvo su origen en el Poder Judicial”. 

Roldán Xopa explicó que, de extenderse el periodo administrativo, tanto de Arturo Zaldívar como de consejeros como Bernardo Bátiz y Loretta Ortíz, sin haberles consultado, también afecta a sus planes de vida personales. “Entonces, es doblemente grave, porque se estarían tomando decisiones sin tomarles parecer”.

¿Y DÓNDE ESTÁ OLGA?

Sergio López Ayllón, director general del CIDE, consideró que, para este momento, ya debería haberse pronunciado al respecto la secretaria de Gobernación y ex ministra de la Corte, Olga Sánchez Cordero.

“En mi opinión sí, por el cargo que ostenta y su paso por la Corte, ella tiene una responsabilidad personal en el mantenimiento del orden constitucional. Y me parece clarísimo que lo que aprobó el Senado es irresponsable, violatorio del artículo 97 constitucional. 

“Lo que ocurrió es desafortunado, preocupante y peligroso para el orden constitucional. Ojalá corrijan esto en los próximos días; de no hacerlo, traería consecuencias graves para todo el país”, dijo a La Silla Rota.

A diferencia de Roldán Xopa, López Ayllón consideró que sí existe la posibilidad de que los senadores hayan votado a ciegas. “Dadas las condiciones en que se desarrolló la sesión, con una reserva que se ingresó de último minuto, es posible”. 

Consideró que “es comprensible” que el ministro Zaldívar no haya expresado una postura clara hasta el momento. “Si lo hace ahora, de presentarse una acción de inconstitucionalidad, estaría adelantando un juicio sobre el asunto”, consideró. 

LA RUTA LEGISLATIVA Y JURÍDICA

La reforma debe pasar como minuta a la Cámara de Diputados, donde los legisladores de San Lázaro deberán analizarla y votarla en la Comisión de Justicia, primero, y en el pleno, después, si se aprueba en comisiones. 

Se prevé que la oposición no consiga frenarla, por ser una ley secundaria, no necesita mayoría calificada; con la mayoría simple que tiene Morena y sus aliados, alcanza y sobra para avalarla. La sesión parlamentaria en San Lázaro fue convocada para el martes 20 de abril, por lo que ese día de manera oficial se recibiría el documento.

Una vez avalada, pasaría a la Secretaría de Gobernación para que la publique en el Diario Oficial de la Federación, así que el primer paso que debe seguir la oposición es reunir 43 firmas de senadores para presentar una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

De los 11 ministros que conforman el pleno de la Suprema Corte, el presidente, Arturo Zaldívar, debe excusarse de votar el tema, pues es un asunto que le atañe directamente, pero como la votación debe darse por mayoría calificada, se requerirán ocho votos , aunque solo voten 10 ministros. 

Si no ocurre ese escenario, la oposición deberá recurrir a lo planteado por el coordinador de Movimiento Ciudadano en el Senado, Dante Delgado: acudir a instancias internacionales para denunciar “la captura al Poder Judicial”.

RECELO DE AMLO CON EXMINISTROS

Tras las elecciones de 2018, fuentes del Poder Judicial revelaron a La Silla Rota –solo unos meses antes de la elección de Zaldívar como presidente del Poder Judicial– que la administración entrante veía con recelo a tres ministros, en específico, a Luis María Aguilar Morales, Jorge María Pardo Rebolledo y Eduardo Medina Mora.

En 2019, un año después de que López Obrador asumió su cargo, se conoció la ruta jurídica para desaforar a Medina Mora, hecho que no se consumó, pues este se adelantó y presentó su renuncia a la Corte. 

La carta que envió se hizo pública en una conferencia de López Obrador; en ella, mencionó las razones de su renuncia y, hasta ahora, se desconoce si la Fiscalía General de la República inició ya una investigación en su contra. 

En el caso del ministro Aguilar, trascendió, en los últimos meses, su probable vinculación a actos de corrupción dentro de la Suprema Corte.

En el caso del ministro Pardo Rebolledo, quién también se pronunció, en octubre 2020, en contra de la consulta popular, el presidente consideró que sus posturas son “conservadoras”.

Nadie olvida la reunión que, como presidente electo, López Obrador sostuvo, el 10 de agosto de 2018, con los integrantes del pleno de  la Suprema Corte. En la fotografía del evento, aparece acompañado de la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero.

"En una actitud de respeto y bajo el principio de la separación y el equilibrio de Poderes, como corresponde a un auténtico Estado de Derecho, nos reunimos con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, escribió en ese entonces.

Tampoco nadie olvida que en los primeros días de diciembre de 2018, apenas iniciado el sexenio de López Obrador, el presidente dejó vacío el sitio en la mesa de la comida que año con año organiza la Corte por el informe del titular del Poder Judicial, que en ese momento era Luís María Aguilar. Hoy, López Obrador tiene “toda su confianza” en Zaldívar.

(djh)