Con su llegada a Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador expandió el poder presidencial, convirtió al Poder Legislativo en una rama más del Ejecutivo y se lanzó sobre el Poder Judicial para controlarlo a toda costa, advierte Juan Silva Meza, ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
En una ponencia que ofreció el pasado 10 de marzo en España, Silva Meza alerta de una ola de gobiernos autoritarios en el mundo, que amenaza a las democracias.
En la mesa “Independencia judicial: desafíos en los sistemas democráticos”, durante el XII Encuentro Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, el expresidente de la SCJN describió el modelo mexicano, sin mencionar por sus nombres a personajes como el presidente López Obrador.
Silva Meza (Cuartoscuro)
EL TRIUNFO DE AMLO EN 2018
“El lunes dos de julio de 2018, México despertó con un mapa de la distribución del poder político diferente al de la noche anterior. La abrumadora victoria del partido vencedor (Morena) enmudeció a los partidos derrotados. Para el mes de septiembre, producto de una legislación electoral con tendencia a sobre representar opciones mayoritarias en detrimento de una conversión directa entre votos y escaños dentro del Congreso, el partido del presidente (López Obrador) y su fórmula de coalición alcanzaron el número de diputados necesario para aprobar enmiendas constitucionales sin respaldo de la oposición (dos terceras partes)”.
El ministro en retiro describió en su ponencia que en el Senado el escenario no fue muy distinto porque Morena y sus aliados obtuvieron mayoría de asientos. Así, añade, “el Poder Legislativo, que desde 1997 manifestaba una composición plural, volvía a concentrar el poder a la usanza del llamado presidencialismo mexicano. La nueva realidad comenzó a sentirse desde el Congreso. Lejos de desplegar una función de contrapeso institucional como dictan la teoría democrática y las atribuciones contempladas en el marco jurídico aplicable, el Poder Legislativo asumió la corresponsabilidad en la implementación de un programa de gobierno sexenal”.
LOS PODERES LEGISLATIVO Y EJECUTIVO, UNA SOLA RAMA: JUAN SILVA MEZA
En su descripción, Silva Meza expuso que “Ejecutivo y Legislativo no parecen en la actualidad dos, sino una sola rama de la división de Poderes. Vinieron entonces las reformas legislativas para expandir el poder presidencial. Por ejemplo, los cambios a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, a través de los cuales se instituyó la figura de Delegaciones en las entidades federativas, dependientes jerárquicamente de la Oficina de la Presidencia de la República y responsables del gasto asociado con programas sociales, fueron para muchos un artilugio para contener el federalismo e instrumentar un proyecto de esencia centralista”.
Ante juristas de países de América Latina y de Europa, particularmente de España e Italia, Silva Meza expuso que “posteriormente vendría una importante modificación constitucional para regular la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública. Los cambios de orden legislativo marcaron el inicio de los nuevos tiempos”.
Además, “pronto, algunos órganos del Estado con autonomía constitucional comenzaron a ser flanco de serios cuestionamientos. El mandato electoral fue interpretado como depuración sin límite. La voluntad individual por encima de los procesos institucionales y de las reglas que les rigen. De modo que el Poder Judicial controlado por las buenas por parte de gobiernos anteriores, comenzó a ser el blanco de control por parte del nuevo gobierno, a toda costa”.
Y añadió: “De entrada, con la llegada al poder del nuevo Titular del Ejecutivo en 2018, con el Congreso de su lado, comenzaron a multiplicarse toda una diversidad de iniciativas de reforma constitucional para transformar o capturar completamente la estructura del Poder Judicial”.
Asimismo, “de manera destacada, el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (Arturo Zaldívar), en colaboración con el Ejecutivo y Legislativo impulsó, y fue aprobada, una reforma al Poder Judicial”.
AMLO Y LOS JUICIOS SUMARIOS CONTRA JUECES QUE RESUELVEN EN SU CONTRA
Para Silva Meza esa reforma judicial impulsada desde la Suprema Corte contiene algunos aspectos innovadores: por ejemplo, en materia de igualdad de género, o bien, en un reforzamiento de la defensoría pública y del llamado entonces Instituto de la Judicatura, así como también una serie de medidas administrativas tendentes a corregir y aligerar la gestión y despacho de los asuntos.
Pero, al mismo tiempo, “se ha evidenciado que esta reforma judicial cuenta con otras disposiciones que presentan el grave riesgo de que el gobierno termine ejerciendo un control político de la función judicial, afectando gravemente la independencia judicial. Es muy sana para la independencia judicial la descentralización del Poder Judicial Federal en más de 1500 juzgadores, cuya actividad jurisdiccional autónoma e independiente había permitido el asentamiento de nuestra democracia y que se respetaran en forma eficaz, los derechos de los gobernados, controlando la regularidad constitucional de los actos de la autoridad y aún de los particulares”.
Sin embargo, “las siete personas que conforman la cúpula del Consejo de la Judicatura, designadas por el Ejecutivo, por el Senado y por la Suprema Corte, hoy controlan, con aparente legitimidad, todos los incentivos de la carrera judicial: i) la designación, ii) la ratificación, iii) adscripción y los traslados; así como la determinación de las responsabilidades administrativas de todos, todos juzgadores en el país”.
En su ponencia, Silva Meza asegura que “ni qué decir de la eventual eliminación de los medios de impugnación (recurso efectivo) oponibles a resoluciones disciplinarias, también eventualmente ilegítimas del Consejo, supresiones que se dieron en ciertos casos en la reforma judicial aprobada”.
Para Silva Meza “las formas de intromisión a la independencia judicial, hoy han cambiado y pretenden justificarse bajo fines públicos con una legitimidad aparente”.
Y afirma: “Ahora bien, desde la perspectiva de la academia, también se ha venido observando como un verdadero aspecto crítico y alarmante, la constante descalificación generalizada, intrusiva e intimidante en el trabajo de los jueces por parte, no solamente de los otros Poderes de la Unión, sino aún del propio Poder Judicial que, sin importar la intromisión a su independencia, emiten juicios sumarios contra los juzgadores, cuando alguna resolución se considera adversa a los intereses primordialmente del Gobierno. Se descalifican y califican probanzas, se alienta el linchamiento social, no importa se trate de resoluciones parciales, medidas cautelares, sentencias definitivas. Suelen ser encubiertas por otras medidas que aparentan buenas prácticas judiciales; son graduales, selectivas, invisibles, culturales, y desde luego, tienden a actualizarse en el terreno operativo, quizás en mayor grado que en el terreno normativo. A la fecha, dificultan grandemente garantizar un modelo fuerte de independencia judicial”.
CALDERÓN Y SUS PLEITOS CON EL PODER JUDICIAL
El 23 de junio de 2011, el entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa convocó a un diálogo con organizaciones sociales, expertos y víctimas para enderezar la fallida estrategia contra el crimen, dijo públicamente algo que enardeció al Poder Judicial desde sus cimientos.
“Sí, ya sé, en papeles manuscritos, que no tienen valor probatorio pleno. Ya me sé, perdónenme la expresión, la cantaleta de los jueces. Pero yo sé que están en la nómina, yo sé cuánto reciben”, acusó Calderón.
No fue la única vez que el presidente se lanzaba contra los jueces. Casi 20 días después de ese exabrupto presidencial, el entonces presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan Silva Meza, desayunó con Calderón en Los Pinos para hablar del tema.
El 12 de marzo de 2019, el presidente Andrés Manuel López Obrador arremetió contra los jueces. “¿Qué es lo que venía sucediendo? Se detenía a alguien y a los tres, cuatro, cinco días se le liberaba. ¿Y quién lo liberaba? El juez. ¿Y quién ese juez? Nadie sabía. (Hay) jueces a modo, jueces al servicio de la delincuencia. Eso no (lo podemos callar), porque si nos callamos nos convertimos en cómplices, pero no es cómplices. ¿Cómo dicen los abogados? Encubridores”.
El jueves 13 de diciembre de 2018, en el último informe de labores del entonces presidente de la Corte, ministro Luis María Aguilar, López Obrador acabó con una tradición de años: comer con los ministros ese día en la sede de ese Poder. Pero el titular del Poder Ejecutivo sí acudió al mensaje donde escuchó de Aguilar una cita de su principal guía, Benito Juárez: Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho”.