"La corrupción es una amenaza mayor para México que el crimen organizado". Así lo dice el presidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, en cuanto a la corrupción, las esperanzas de los votantes y la retórica del presidente parecen haber dejado atrás la racionalidad y la realidad. Su administración no sólo ha pasado por alto casos de corrupción pública de alto perfil, sino que está desmantelando las instituciones que podrían hacer que México sea más transparente y responsable, advierte un artículo de opinión firmado por Shannon K O’Neil en Bloomberg.
México detuvo una caída de cinco años consecutivos en percepción de la corrupción, de acuerdo con el Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Mexicana y Transparencia Internacional en el que evalúa a 180 países.
El país se ubicó en el último lugar de las naciones miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), grupo de países que engloba el 80% del comercio e inversiones mundiales.
México está por debajo de otros miembros que provienen de América Latina. Para alcanzar a Chile (67 puntos), debería elevar su calificación 38 puntos en el índice. Para alcanzar a Colombia (37 puntos), próximo país a adherirse formalmente a la OCDE, debería mejorar 8 puntos. Respecto a 2018, México sigue por debajo de países como Grecia (48 puntos), Hungría (44 puntos) y Turquía (39 puntos).
México obtuvo 29 de 100 puntos posibles en este instrumento internacional, lo que representa una diferencia de un punto respecto al 2018.
Además, de acuerdo con datos obtenidos por la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, actualmente tres de cada cuatro contratos que otorgó el gobierno federal en 2019, se entregaron por adjudicación directa y no por licitación.
Este dato duro, resultado de un análisis que realizó dicha organización con base en información del portal gubernamental Compranet, indica durante el primer año del actual gobierno un abuso de la facultad que le permite por ley utilizar esta figura en casos extremos.
El columnista de Bloomberg destaca que la corrupción golpea a México con fuerza.
“Las encuestas muestran que uno de cada tres mexicanos paga un soborno cada año por los servicios básicos, casi la mitad de las empresas dicen que perdieron frente a otros que ofrecen sobornos. Esto tiene un costo económico, estimado en alrededor del 9% del producto interno bruto. La corrupción también resuena con los votantes, superando sus preocupaciones. De hecho, ayudó a poner a López Obrador en el cargo”, advierte.
Pero los miembros de su círculo íntimo parecen propensos a las malas acciones. El jefe del sector eléctrico, Manuel Bartlett, no informó sobre casi dos docenas de casas de lujo que posee en la Ciudad de México.
Shannon K O’Neil resalta que el programa insignia de aprendizaje de López Obrador para más de 2 millones de jóvenes está plagado de registros falsos y nombres repetidos, negocios y direcciones fantasmas, y compañías reales que no tenían idea de que estaban inscritos o supuestamente hospedando beneficiarios. Mientras tanto, un tercio del presupuesto del programa el año pasado parece haber desaparecido en el canal discrecional de la administración.
El gobierno sigue siendo vulnerable, si no es que en verdad se siente atraído, a contratistas públicos falsos: los proveedores de equipos médicos imaginarios pagaron para abastecer clínicas públicas, una empresa de construcción inexistente contratada para reconstruir una carretera de Sonora, y los servicios y servicios de limpieza falsos recaudaron más de $ 6 millones el año pasado
“La opacidad del pasado también continúa: más de 3 de cada 4 contratos públicos se adjudican en un proceso ‘sin licitación’. Una de las mayores ofertas hasta el momento le paga al multimillonario Ricardo Salinas Pliego, uno de los patrocinadores de López Obrador, por suministrar tarjetas de débito para distribuir fondos del programa social del gobierno. Y el gobierno ha clasificado los estudios de factibilidad y los detalles de contratos y pagos para el nuevo aeropuerto de Santa Lucía, un tren de Yucatán y otros grandes proyectos de infraestructura".
Shannon K O’Neil lamenta que el Sistema Nacional Anticorrupción, creado por un conjunto de reformas constitucionales y legislativas de 2015, está casi muerto. López Obrador lo ha ignorado desde el principio y no ha designado funcionarios para operar su tribunal principal.
Además, alerta que la administración de López Obrador está debilitando sistemáticamente la independencia del sistema judicial.
“El poder ejecutivo ha tomado el control de las evaluaciones y promociones para los funcionarios judiciales. Los jueces que no siguen la línea a menudo son reasignados, hasta el punto de que una broma actual compara la frecuencia de las reubicaciones de jueces a ofertas de ventas semanales de grandes almacenes”, publicó en Bloomberg.
Los cambios legales de la administración no están haciendo que México sea más justo o más transparente. Las nuevas reglas tratan el posible fraude fiscal como crimen organizado, lo que permite al gobierno congelar activos de manera preventiva, incluso en disputas contables de rutina. Y los documentos filtrados muestran planes para revertir el nuevo sistema de justicia acusatorio, expandir la detención preventiva, eliminar los controles y equilibrios de los fiscales e incluso reconocer confesiones extraídas bajo coacción
Shannon K O’Neil recomienda que con su fuerte mayoría en ambas cámaras del Congreso, López Obrador podría hacer algo con respecto a la corrupción.
Para comenzar, podría perseguir el mal comportamiento entre su equipo, ya que su apoyo público es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier golpe a su coalición política. Podría crear un sistema más justo fortaleciendo la independencia de los tribunales y aumentando su financiación. Lo que es más importante, podría consolidar el nuevo sistema de justicia oral basado en el juicio, asignando recursos para capacitar a los oficiales de policía en medicina forense, funcionarios de la corte para construir casos e interrogar a los testigos, y jueces para sopesar la evidencia bajo las nuevas reglas. Un mejor sistema de funcionamiento reduciría las tasas de impunidad y mejoraría el debido proceso
En cambio, concluye, está reduciendo las agencias y organizaciones que tienen la mejor oportunidad de lograr un mayor equilibrio y responsabilidad. En esto, sus movimientos reflejan los de la "mafia de poder" contra la que ataca. Lamentablemente, también dejarán a los mexicanos, y especialmente a los pobres, más vulnerables al crimen y la corrupción.
(María José Pardo)