Mejorar la seguridad y garantizar la paz, dos de los principales compromisos del presidente Andrés Manuel López Obrador al iniciar su sexenio el 1 de diciembre de 2018, son promesas incluidas en el Plan Nacional de Paz y Seguridad (PNPS) 2018 y 2024 que siguen sin cumplirse, a pesar de la creación de la Guardia Nacional.
Las principales estrategias mediáticas del presidente para combatir al crimen organizado, son las expresiones “fuchi”, guala”, “pórtense bien” así como, el “los voy a acusar con sus mamás y abuelos” o “no hagan sufrir a sus mamás”.
A dos años del inicio del gobierno de López Obrador, el “combate a los delitos que más afectan a la sociedad, como la extorsión, el robo, el secuestro, el homicidio, el tráfico de personas, el contrabando y el comercio ilegal de armas, el feminicidio, la violencia de género, -así como los-crímenes de odio”, que reconoce el PNPS, no ha tenido resultados.
Durante los primeros 24 meses de este sexenio, López Obrador ha echado mano del Ejército como nunca lo había hecho un presidente. En este sexenio los soldados han incrementado su poder y toma de decisiones en el gobierno, al ser el pilar del combate contra el crimen organizado, así como a través de la construcción de obras del presidente, como es el Aeropuerto de Santa Lucia, El Tren Maya, hospitales, los bancos del Bienestar, e incluso programas sociales, como “Sembrado Vida” o labores en la contingencia sanitaria contra el covid-19.
“UN ERROR”, PEGARLE A POLICÍAS DE A PIE
De acuerdo con especialistas, la llamada “Cuarta Transformación” en materia de seguridad ha tenido claroscuros que iniciaron con las críticas que emprendió contra la extinta Policía Federal. El especialista en temas de seguridad nacional Gerardo Rodríguez, asegura que el trato que el presidente les dio a los policías de la calle, no a los mandos, al acusarlos de corrutos, es uno de sus principales errores en su estrategia de seguridad.
“Una de las principales equivocaciones del presidente, es el maltrato contra los policías federales al efectuarse la transición para la creación de la Guardia Nacional. El presidente descalificó a los policías, y no a los mandos que venían con un alto grado de corrupción en las últimas administraciones”, menciona Gerardo Rodríguez coordinador académico del Centro de Estudios sobre Impunidad y Justicia de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).
La desaparición de la Policía Federal estuvo acompañada de paros laborales y toma de instalaciones y avenidas por parte de los policías federales, quienes exigían una indemnización apegada a derecho y no ser trasferidos a la Guardia Nacional. Las movilizaciones incluyen un altercado con personal de la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México, por el bloqueo de la avenida Circuito Interior, en las inmediaciones del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).
Pero a pesar de las movilizaciones, la Guardia Nacional, proyecto de seguridad del presidente Andrés Manuel López Obrador, continuó su creación. La Silla Rota documentó algunas de irregularidades que se dieron al iniciar el proceso. Entre ellas, la improvisada capacitación que se le dio a los elementos en medio del lodo, en carpas, en instalaciones insalubres, e incluso, a través de manuales creados de último minuto.
A pesar de ello, para Gerardo Rodríguez, la creación y el inicio de operaciones el 30 de junio de 2019 de la Guardia Nacional, es el mejor acierto que ha tenido el presidente en temas de seguridad.
Una de las mejores decisiones en este sexenio en materia de seguridad, es la creación de una fuerza de seguridad, que en este caso es la Guardia Nacional
EL CULIACANAZO Y LA REBELIÓN DE MILITARES
El reconocimiento de organizaciones civiles, de expertos en seguridad, así como de la oposición por la creación de la Guardia Nacional, poco le duró a López Obrador. El 17 octubre de 2019, un operativo fallido en Culiacán, Sinaloa, dejó al descubierto la mala planeación e inteligencia del gobierno federal para detener a Ovidio Guzmán López, “El Ratón”, hijo del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.
Mal planeado, el fallido operativo, dirigido desde de la Ciudad de México por el ex titular de la Secretaría de Seguridad y Participación Ciudadana (SSPC), Alfonso Durazo, así como los secretarios de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval; y de Marina, José Rafael Ojeda, el operativo originó enfrentamientos, histeria en la población, así como múltiples bloqueos en Culiacán, la muerte de ocho muertos (civiles y militares), 16 heridos y 49 presos fugados del penal de Aguaruto.
Ovidio fue liberado, según para “evitar la muerte de civiles”, por instrucciones del presidente Andrés Manuel López Obrador. El 19 junio de 2020 Obrador aceptó que él ordenó la liberación. La pésima inteligencia de las intuiciones del gobierno federal, principalmente, contra el Ejército, dieron paso la ventilación de un secreto a voces al interior de las fuerzas armadas: su descontento con López Obrador.
El 23 de octubre de 2019, La Silla Rota publicó que en un desayuno (22 de octubre) en el que estuvo presente el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, generales en activo y en retiro de la institución expresaron su preocupación por la situación de seguridad del país, así como por los resultados del operativo del pasado 17 de octubre en Culiacán, Sinaloa.
El reclamo de las fuerzas armadas, primordiales en la llamada guerra contra el narcotráfico que inició el 8 de diciembre el expresidente Felipe Calderón Hinojosa fue expresado a nombre de más de 800 asistentes por el general en retiro, Carlos Demetrio Gaytán Ochoa, en el salón República de la sede de la Sedena.
En la actualidad vivimos en una sociedad polarizada políticamente, porque la ideología dominante, que no mayoritaria, se sustenta en corrientes pretendidamente de izquierda, que acumularon durante años un gran resentimiento
Sin mencionar el nombre del presidente, el general Gaytán Ochoa expresó que los frágiles mecanismos de contrapeso existentes, han permitido un fortalecimiento del Ejecutivo, que viene propiciando decisiones estratégicas que no han convencido a todos, para decirlo con suavidad.
Ello nos inquieta, nos ofende eventualmente, pero sobre todo nos preocupa, toda vez que cada uno de los aquí presentes, fuimos formados con valores axiológicos sólidos, que chocan con las formas con que hoy se conduce al país
El descontento su evidente entre los militares, y más con la detención en un aeropuerto de Los Ángeles, Estados Unidos, de Salvador Cienfuegos Zepeda, exsecretario de la Defensa Nacional, acusado de narcotráfico y lavado por el gobierno de ese país, al ayudar al cártel de los “H-2”, una escisión del grupo criminal de Los Beltrán Leyva.
Sin embargo, la posible rebelión en las fuerzas armadas fue apagada con la negociación que llevó a cabo el gobierno federal con el gobierno de Donald Trump, para que el Departamento de Justicia (DOJ, por sus siglas en inglés), retirara los cargos contra Cienfuegos y pudiera regresar a México para ser investigado por la Fiscalía General de la República (FGR).
De acuerdo con analistas y expertos en seguridad nacional, la liberación de Cienfuegos Zepeda, no sólo fue vista con aceptación por parte de la institución, si no, que apagó cualquier intento de rebelión de la cúpula militar contra Obrador.
DE FEMINICIDIOS Y MASACRES EN SU ADMINISTRACIÓN
Una de las principales deudas del presidente Andrés Manuel López Obrador, son los inexistentes resultados en la disminución de los asesinatos en el país, así como de los feminicidios y la violencia de género, crímenes que han llevado a la movilización de mujeres para exigir el cese a la violencia.
De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de octubre de 2020, se han registrado mil 801 feminicidios en el país, en promedio tres cada 24 horas. Además, se han iniciado 24 mil 989 carpetas de investigación por el delito de violación simple; siete mil 360 por violación equiparada; y 43 mil 773 expedientes por abuso sexual.
La violencia de género en el país, ha originado diferentes reclamos de las mujeres, así como de organizaciones civiles, quienes han desmentido al presidente al asegurar que no han disminuido la violencia, como él lo asegura.
El desconocimiento del presidente López Obrador sobre el tema, lo llevó a ser exhibido por la secretaría de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, quien lo corrigió luego de que asegurara que el feminicidio se da por las mismas causas que el homicidio.
“Las causas del feminicidio, concretamente, no son las mismas de un homicidio violento en contra de una mujer por obvias razones… ya basta, y como gobierno nos vemos obligados a evitar la reproducción de un sistema machista y patriarcal. Todos debemos dar el ejemplo de cero tolerancias contra la violencia a las mujeres y dar respuesta a mujeres que se atrevieron a pedir ayuda”, mencionó Olga Sánchez, el pasado 25 de noviembre en Palacio Nacional.
A los feminicidios se suman los asesinatos violentos de mujeres y hombres en el país. En algunos casos, sus muertes se han efectuado a través de “masacres”, las cuales el Presidente Obrador asegura son cosa del pasado.
De acuerdo con los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, entre el 1 de diciembre de 2018 y el 31 de octubre de 2020, 66 mil 751 personas fueron asesinadas con armas punzo cortantes, de fuego, a golpes, quemadas, enterradas vivas o desmembradas, por organizaciones criminales.
Los datos indican que en 2019 se registró la cifra de homicidios dolosos más alta desde el año 1997, cuando el SENSP comenzó a hacer público el reporte. En 2020, la tendencia indica que se establecerá un nuevo récord, ya que la violencia no para.
Entre las muertes registradas en la administración de López Obrador, se encuentra el caso del bar Caballo Blanco de Coatzacoalcos, Veracruz; la de nueve integrantes de la familia LeBarón, en Bavispe, Sonora; así como la de 24 personas en un centro de adicciones en Irapuato, Guanajuato. Dos más perdieron la vida días después. Otro caso es el del 3 de diciembre de 2018, cuando ocho policías de Fuerza Única Regional (FRG) Jalisco, fueron emboscados por un comando en el municipio La Huerta. Un día después, en Esperanza Puebla, siete civiles fueron ejecutados.
El 14 de octubre de 2019, 13 elementos de la policía estatal en Aguililla, Michoacán, fueron asesinados por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
La madrugada del 9 de marzo, 15 personas que se encontraban en el interior del bar “La Playa Men’s Club”, en Salamanca, Guanajuato fueron asesinadas por sujetos con los rostros cubiertos. El 6 de enero hombres armados ingresaron al bar Las Virginias, en Playa del Carmen, municipio de Solidaridad, Quintana Roo y mataron a siete personas.
El especialista en temas de seguridad, Gerardo Rodríguez asegura que el aumento de los homicidios es una realidad en la presente administración, sin embargo, este es un asunto estatal y municipal, por lo que debe de ser abordado por autoridades locales. La falta de resultados en la reducción de los crímenes y feminicidios, consideró, deja claro que no existe coordinación entre la federación y los gobiernos estatales.
Los homicidios dolosos no son responsabilidad del gobierno federal. Es un grave error haber asumido en términos de opinión pública esa responsabilidad. Los homicidios deben ser prevenidos, investigados y sancionados por los gobiernos estatales. Esto deja en claro que otro de los graves errores del presidente López Obrador en materia de seguridad, es que sigue existiendo una descoordinación para combatir los delitos del fuero común con las autoridades de los estados
(MJP)