El gobierno de Andrés Manuel López Obrador se prepara para adueñarse del multimillonario proyecto de Etileno XXI sin pagar indemnización y al mismo tiempo, inculpar en asuntos de corrupción al expresidente Felipe Calderón.
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De acuerdo con la columna de Mario Maldonado en El Universal, la cuarta transformación busca imputar corrupción en Etileno XXI, esto a través de un contrato de suministro de gas de largo plazo por parte de Pemex a un consorcio en el que participa Odebrecht.
Según fuentes del gobierno y privadas, esto explotó luego de que la empresa Braskem Idesa ya había reclamado la activación de las penas convencionales y preparaba la solicitud de panel arbitral para exigir el cumplimiento forzoso del contrato, el cual Pemex no quiere honrar.
Sin embargo, este proceso se frustró cuando explotó el caso de Emilio Lozoya, que a su vez puede detonar la reapertura del proceso arbitral, pues Pemex y el gobierno podrán alegar que dicho contrato es producto o resultado de actos de corrupción.
Por ello, la insistencia de quienes negocian la declaración de Lozoya a cambio de su libertad para que afirme ante la Fiscalía General de la República que su contacto en Odebrecht, Luis de Meneses Weyll, le dijo que se pagaron sobornos a funcionarios a cambio del contrato de Etileno XXI.
Con esta estrategia se buscaría manipular las investigaciones penales para viciar de validez contratos legalmente celebrados, parte de lo que dispone el artículo 34 de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, que establece lo siguiente:
Artículo 34. Consecuencias de los actos de corrupción. “Con la debida consideración de los derechos adquiridos de buena fe por terceros, cada Estado Parte, de conformidad con los principios fundamentales de su derecho interno, adoptará medidas para eliminar las consecuencias de los actos de corrupción”.
Es decir, se podrá considerar la corrupción un factor pertinente en procedimientos jurídicos encaminados a anular o dejar sin efecto un contrato, lo significa que la cuarta transformación puede invocar corrupción como causa de anulación de contratos, sobre todo los que no le gusten, tal y como sucedió con la crisis de los ductos o los proyectos de energía renovable.
El objetivo es claro, cuestionar la validez de la reforma energética.
Así que, si se acredita que hubo sobornos en la aprobación de la reforma energética y , además se acredita que la Comisión Federal de Electricidad y Pemex celebraron contratos bajo débiles mecanismos de control y vigilancia, el gobierno podría emprender acciones legales e incumplir las obligaciones contractuales sin responsabilidad, es decir, sin tener que pagar el cumplimiento forzoso, las penas convencionales o los daños y perjuicios.
El complejo petroquímico Etileno XXI, ubicado en Veracruz, está conformado por el consorcio mexicano-brasileño Braskem Idesa y es considerado el mayor centro petroquímica de América Latina, con capacidad de producción de un millón de toneladas de polietileno al año. Su inversión fue de 5 mil 200 millones de dólares y hoy está en el ojo del huracán.
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