En la mitad de segundo año de gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, surgió la Alianza Federalista de Gobernadores, 11 representantes del Poder Ejecutivo estatal que buscan romper un pacto federal asentado en la Ley de Coordinación Fiscal de 1978, acordado hace 42 años, en un país gobernado por un partido hegemónico.
Los gobernadores de Jalisco, Nuevo León, Coahuila, Colima, Guanajuato, Tamaulipas, Chihuahua, Aguascalientes, Michoacán, Durango y San Luis Potosí, se reunieron esta semana para exigir al presidente convocar a una Convención Nacional Hacendaria que revise el pacto fiscal, ante la disminución de ingresos en sus haciendas.
El escenario de los gobiernos estatales es diferente al que imperaba en el sexenio de José López Portillo, cuando todos los gobiernos estatales pertenecían al PRI. Fue hasta 10 años después, en 1988, que el PAN ganó el primer gobierno estatal, en Baja California.
En 2020, las fuerzas políticas más importantes del país tienen al menos un representante estatal. El PRI gobierna en 12 estados, el PAN en 10, Morena tiene el gobierno federal y 6 entidades, Movimiento Ciudadano una y el PRD una, igual que el PES. Incluso, hay un gobernador sin partido político.
Samuel García (MC), presidente de la Comisión de Federalismo y Desarrollo Municipal del Senado, aseguró a La Silla Rota que mantener el Pacto Fiscal acordado hace 42 años “no tiene razón de ser”, y dijo que es urgente convocar a una Convención Hacendaria.
“En febrero advertí que, con el coronavirus, a los estados les iba a urgir dinero a mitad del año y que, si el presidente no dejaba de gastar en sus proyectos prioritarios, iba haber un pleito político. A raíz de eso pedí una Convención Hacendaria”, señaló el senador.
Los reportes más recientes de la Secretaría de Hacienda sobre participaciones pagadas a los estados reportan que el gobierno federal disminuyó 21 mil 641.2 millones de pesos en el primer semestre de 2020, comparado con el mismo periodo de 2019.
AMLO ABRE LA PUERTA A REVISAR PACTO FISCAL
El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió la puerta a revisar el pacto fiscal con los gobiernos estatales, a lo que la Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) respondió así: "nos declaramos nuevamente listos y le tomamos la palabra".
A través de su cuenta de Twitter, la GOAN llamó al presidente López Obrador a construir un nuevo pacto fiscal que logre una distribución más equitativa y justa de los recursos, el cual sea moderno, que genere beneficios sociales y mayor calidad de vida en todas las entidades del país.
En la GOAN nos declaramos nuevamente listos y le tomamos la palabra al presidente @lopezobrador_
Construyamos un nuevo Pacto Fiscal que logre una distribución más equitativa y justa de los recursos. Un nuevo Pacto, moderno, que genere beneficios sociales y mayor calidad de vida.— Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (@GOAN_MX) July 16, 2020
En conferencia mañanera desde Zapopan, Jalisco, López Obrador apuntó que analizará "esa demanda legítima de gobiernos estatales y municipales", sin embargo, dijo que su administración ha ido aumentando los recursos que se han enviado a los ámbitos locales.
El presidente reconoció que los tres órdenes de gobierno heredaron una carga de deuda importante, pero están en la búsqueda de enfrentar este problema por diversas vías.
Como lo es la renegociación para reducir intereses o apostar a que no haya fugas en el ejercicio del presupuesto, sobre todo al cerrarle el paso a la corrupción para que el dinero rinda más, expuso.
"Antes se optaba por el endeudamiento y aumento de impuestos", lanzó.
ESTADOS APORTAN MÁS Y LA FEDERACIÓN LES DA MENOS
El gobierno federal pagó 2.5% menos dinero de lo programado en el gasto federal a los estados, en lo que va de 2020 comparado con el mismo periodo del año pasado, pese a que éstos registraron aumento en sus participaciones federales.
Según el informe de Gasto Federalizado Pagado que integró el Centro de Estudios de las Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados, a finales de junio, lo calendarizado para los primeros cinco meses de este año es mayor que lo que realmente envió el gobierno a las entidades, pese a que varios de sus ingresos fueron positivos
Los gobiernos estatales recibieron 30 mil 574.2 millones de pesos menos como parte de sus participaciones pagadas en junio de este año, comparado con lo que recibieron en el mismo mes de 2019, según un comparativo integrado por la Secretaría de Hacienda sobre los pagos a las entidades federativas por su aportación a la federación.
El informe, publicado este miércoles por la Secretaría de Hacienda, muestra que en junio de 2019 la federación pagó a los estados 82 mil 738.1 millones de pesos por participaciones, que incluyeron el Fondo General de Participaciones Pagadas, el Fondo de Fomento Municipal, el de Fiscalización, el de Extracción de Hidrocarburos y lo recaudado en el IEPS a gasolinas y la tenencia.
Pero para el mes pasado, de 2020, la Hacienda federal sólo pagó 52 mil 163.9 millones de pesos. Este miércoles, La Silla Rota informó que hasta mayo se habían pagado 402 mil 927.9 millones por el Ramo 28 a los estados, 2% menos de lo calendarizado en el presupuesto.
En total, de lo que va de 2020 y en comparación con el mismo periodo de 2019, los estados han percibido 21 mil 641.2 millones de pesos menos. El año pasado recibieron 476 mil 749.3 millones, y este año 455 mil 108.1 millones de pesos.
La Asociación Nacional de Gobernadores de Acción Nacional (GOAN) dijo vía Twitter que la llegada de participaciones por 20 mil mdp es oportuna dadas las restricciones que enfrentamos "Pero, aclaramos que se trata de recursos programados y no de presupuesto extra El fondo sirve para compensar la caída en la recaudación y cubrir las participaciones presupuestadas".
La llegada de participaciones por 20 mil mdp es oportuna dadas las restricciones que enfrentamos
Pero, aclaramos que se trata de recursos programados y no de presupuesto extra
El fondo sirve para compensar la caída en la recaudación y cubrir las participaciones presupuestadas.— Asociación de Gobernadores de Acción Nacional (@GOAN_MX) July 16, 2020
Samuel García consideró que las peticiones de la Alianza Federalista de Gobernadores, como redistribuir de forma más equitativa los recursos que se entregan a las entidades, no sólo es viable, sino que es urgente ante la nueva realidad del país.
“Es un pacto que tiene más de 40 años, hecho con criterios que ya no tienen razón de ser y que, además, castiga duramente a estados y municipios. Resulta que México es un país federal y sin embargo somos más centralistas con el dinero que España o Canadá”, acusó.
Gustavo López Montiel, analista político del Tecnológico de Monterrey, previó como un asunto difícil cambiar el Pacto Federal, más, en medio de la crisis económica que generó el covid-19 y que disminuyó la recaudación de impuestos a nivel federal.
El especialista dijo a La Silla Rota que, aunque el presidente López Obrador admitió este jueves -durante su gira por Jalisco- discutir un nuevo Pacto Fiscal, cambiarlo significaría que el gobierno federal dejara de verse beneficiado con recursos para sus proyectos prioritarios, políticamente importantes rumbo a las elecciones de 2021.
El gobierno federal ha restringido partidas de recursos que envía a los estados y esto ha generado la inconformidad de los gobernadores que, hasta hace unos años, podían disponer como quisieran de ellos. En épocas recientes, por el cambio de integración en los Congresos locales, ya no es tan fácil que lo hagan
“Lo que han propuesto es recomponer la fórmula, pero me parece que el gobierno federal, aunque diga que sí, tendría varias resistencias. El gobierno federal recibe buena parte de estos recursos y, aun así, le falta dinero para financiar sus programas, proyectos y su operación misma”, declaró.
Tanto el senador Samuel García como el analista Gustavo López consideraron que es importante que más gobernadores se sumen a la Alianza Federalista si quieren ejercer presión política y convocar a reordenar el gasto federal que se da a los estados.
Que el dinero generado en las entidades permaneciera mayormente en éstas, dijo López Montiel, permitiría que algunas invirtieran más recursos en educación, salud y tecnología; pero en otros se correría el riesgo de ocuparse solamente en apoyos de caridad social.
(María José Pardo)